Busca cerrar conflicto iniciado hace un mes con egresados que demandan trabajo

El gobierno de Guerrero ofrece a normalistas 90 plazas en primaria

Los inconformes discutirán ante el pleno estudiantil el reparto de espacios

Las partes acuerdan continuar el diálogo

Pagar fianza, condición para liberar a 18 estudiantes

Misael Habana y Sergio Ocampo (Corresponsales)

Acapulco, Gro. 3 de diciembre. El gobierno de Guerrero propuso esta noche a los estudiantes de la normal rural de Ayotzinapa la creación de 90 plazas de educación primaria para cerrar el conflicto que desde hace un mes sostienen en demanda de trabajo para sus egresados.

Los normalistas llevarán al pleno estudiantil la alternativa que propuso la administración estatal para el reparto de dichos espacios: distribuirlos en bloques de 10 a cada una de las nueve normales de la entidad o someterlas a concurso y asignarlas en función de los resultados obtenidos en un examen de conocimientos entre los 625 aspirantes de todo el estado.

Así, sin un acuerdo pero con la determinación de seguir con el diálogo concluyó esta noche la primera reunión gobierno-normalistas. También se informó que para obtener la libertad, los 18 estudiantes detenidos en el Cereso de Acapulco pagarán cada uno 5 mil 702 pesos 57 centavos de fianza por los delitos que se les imputan: motín, ataques a las vías de comunicación y robo.

Erick Telis Sánchez, representante de los normalistas, informó que en el encuentro participó el gobernador del estado, Zeferino Torreblanca Galindo, y el secretario general de gobierno, Armando Chavarría, y que se reservaron el derecho de continuar con las movilizaciones mientras se consulta a la comunidad estudiantil sobre las propuestas del gobierno del estado.

Chavarría informó en conferencia de prensa que el gobernador Torreblanca Galindo dijo a los estudiantes que el gobierno no tiene la intención de desaparecer la normal de Ayotzinapa ni la licenciatura en educación básica, pero sí la de crear un foro, financiado por el mismo gobierno, en el que un grupo de especialistas, estudiantes y padres de familia busquen adecuar la escuela a los tiempos actuales.

En la reunión realizada a puerta cerrada en el centro de Convenciones de Acapulco, participó una comisión de 14 normalistas, un padre de familia, el gobernador del estado y el secretario general de gobierno.

En tanto, por la mañana, poco más de mil integrantes de la Federación de Estudiantes Campesinos Socialistas de México (FECSM) y de organizaciones sociales, así como padres de familia, marcharon por la Autopista del Sol y protestaron ante el palacio de gobierno en Chilpancingo, la capital de Guerrero, para exigir a los gobiernos estatal y federal la liberación de los 18 normalistas –acusados de motín, ataques a las vías de comunicación y “apropiación de bienes”, por camiones que “secuestraron”–, el otorgamiento de 75 plazas, y la permanencia de la licenciatura en educación primaria.

Las demandas principales: en primer lugar la liberación de sus 18 compañeros (maestros rurales), que fueron detenidos con violencia cuando boteaban en la caseta La Venta de la Autopista del Sol el viernes de la semana pasada, quienes se encuentran en el penal de la Cruces de Acapulco.

En segundo lugar demandarán fuentes de trabajo para los egresados; la solicitud de respeto a la licenciatura de primaria de la normal de Ayotzinapa, única carrera que ha ofrecido desde su creación en 1926, así como la permanencia de la licenciatura en educación primaria.

Marcial Hernández adelantó que en la reunión de esta tarde en el puerto de Acapulco con el gobernador Torreblanca Galindo, le demandarán que se desista de todas las averiguaciones previas y órdenes de aprehensión que fincaron a los egresados y estudiantes de la citada Normal.

José Sánchez, conocido en Guerrero como el abogado de las viudas de la matanza de Aguas Blancas –perpetrada el 28 de junio de 1995–, visitó a los detenidos con una delegación de padres de familia. También visitaron a los estudiantes dirigentes de organizaciones sociales, gente del Consejo Nacional del PRD, así como miembros de la organización no gubernamental Centro de Derechos Humanos de La Montaña Tlachinollan.