El Correo Ilustrado
Deploran actuación de ministros de la Corte
Es difícil encontrar palabras adecuadas, que no suenen a lugar común, para calificar lo que hicieron seis ministros, entre ellos dos mujeres, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, porque la razón se nubla y nos gana la emoción, la emoción más negativa de rabia y de impotencia, y quizá por ello poco podemos añadir a la estupenda reflexión que hace Olivia Bond, que se publicó el 30 de noviembre en El Correo Ilustrado, y a la cual nos sumamos en todos sus términos.
A ella sólo añadiremos los cuatro nombres que salvaron la poca dignidad que le queda al que sólo formalmente es nuestro máximo órgano de justicia, y a los seis que sepultaron toda esperanza de que en nuestro futuro inmediato se pueda hablar de que hay justicia en México. Entre los primeros destaca el ministro ponente Juan M. Silva Meza, que defendió su dictamen no sólo con sólidos argumentos sino con una gran congruencia con su posición en la Corte, y a quienes votaron junto con él: Genaro Góngora Pimentel, José de Jesús Gudiño Pelayo y José Ramón Cosío. Entre los seis restantes hay que destacar los argumentos de Sergio Salvador Aguirre Anguiano, que son una ofensa a la inteligencia, a Olga Sánchez Cordero y Margarita Luna Ramos, quienes como bien dice el editorial de La Jornada de ese día, “no obstante ser mujeres, evitaron sancionar un grave abuso en el que hubo una manifiesta misoginia y un claro ensañamiento de género”. Sus acompañantes en esta infamia fueron Guillermo I. Ortiz Mayagoitia, Sergio Valls y Mariano Azuela.
Hacemos un llamado a toda la sociedad mexicana, a la clase política, a organizaciones sociales, a no sólo condenar la actuación de esos seis ministros, sino a denunciarlos en todos los foros nacionales e internacionales a los que tengan acceso, y a acompañar y apoyar a Lydia Cacho en su denuncia ante los organismos internacionales.
Atentamente.
Grupo Tacuba, AC, y Círculo de Estudios del Centro Histórico
Aclaración de aspirante al IFE
En su edición de ayer, La Jornada da cuenta de la sesión de la Comisión de Gobernación de la Cámara de Diputados en la que participé el día anterior, como candidato a consejero presidente del Consejo General del IFE. En la parte final de la nota firmada por los reporteros Enrique Méndez y Roberto Garduño se ofrece información que me gustaría precisar.
Cuando la diputada Valentina Batres Guadarrama me preguntó cuánto dinero había yo recibido de parte de Germán Martínez, de manera directa o a través de alguna institución, respondí con toda franqueza que yo solamente he cobrado por mi trabajo en el Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), en donde soy director de la División de Administración Pública. También le expliqué a la diputada Batres que el CIDE y la Secretaría de la Función Pública suscribieron un convenio, por medio del cual la institución académica en la que laboro aceptó colaborar con esa dependencia en la reforma reglamentaria al servicio profesional de carrera del gobierno federal. Yo no firmé a título individual, ni mantuve jamás una relación laboral con la Secretaría de la Función Pública. Pero en la entrevista con los legisladores, no fue la diputada Batres Guadarrama quien mencionó ese convenio, sino yo mismo.
Por otra parte, la diputada Batres me preguntó también sobre el número de veces que me había reunido con Germán Martínez a partir de la aprobación de la reforma constitucional en materia electoral. Y yo le contesté, nuevamente, con la verdad: ninguna.
Apreciaría mucho que se hicieran públicas estas precisiones, que corresponden con fidelidad a lo que sucedió durante mi entrevista con el grupo 2 de la Comisión de Gobernación de la Cámara de Diputados.
Mauricio Merino Huerta
Respuesta de los reporteros
En relación con los comentarios de Mauricio Merino, únicamente queremos ratificar que la diputada Valentina Batres distribuyó copias del convenio suscrito por la Secretaría de la Función Pública con el CIDE, donde aparece el nombre y firma del investigador definiendo los detalles del acuerdo por el que la secretaría pagó 2 millones de pesos.
Atentamente.
Roberto Garduño y Enrique Méndez
Exigen a la CND definirse claramente
Queremos expresar nuestra preocupación por la escalada de represión a los movimientos populares, y su criminalización, así como la reactivación del hostigamiento a las comunidades zapatistas por medio de bandas armadas que mantienen latente la redición de matanzas como las de Acteal o El Charco; la decisión de la Suprema Corte, que pone en indefensión a todos los niños del país ante lo más perverso del sistema con y sin sotana; la tragedia oaxaqueña y la impunidad del tirano Ulises Ruiz; los asesinatos de mujeres en Ciudad Juárez; la impunidad de la empresa canadiense Minera San Xavier en San Luis Potosí. En Hidalgo niños y adultos son golpeados y encarcelados, y los primeros luego son abandonados en el camino lejos de su comunidad, por oponerse a la construcción de un relleno sanitario. La represión en Guerrero hacia los pueblos que se oponen a la presa La Parota y la actuación por encima de la ley del gobierno federal por medio de la CFE. Y sobre todo el gravísimo caso de la represión por parte del gobernador Zeferino Torreblanca y el gobierno federal en contra de los normalistas de Ayotzinapa, por el grave delito de solicitar plazas de trabajo para sus egresados, en un estado donde el déficit educativo es uno de los más graves del país.
Es ante todos estos hechos que como civiles en marcha de la CND de Coyoacán, exigimos de la dirección nacional de la CND y del gobierno legítimo, un claro y público pronunciamiento al respecto.
Responsable de la publicación: Miguel Angel Armada Latorre
Realiza corrección a su nota
Agradeceré profundamente la publicación de la siguiente aclaración. En la edición del 5 de diciembre, en la nota aparecida en la sección de Cultura bajo el encabezado “Márquez revela nueva faceta con una música más dramática”, consigné por error que el lugar de nacimiento del compositor Arturo Márquez era Sinaloa, cuando en realidad es originario de Álamos, Sonora. Ofrezco mis disculpas al maestro y a nuestros lectores.
Angel Vargas
Protesta contra compañía estadunidense
Es lamentable que en el Encuentro binacional México 2007: el año de las reformas, que se realiza en el hotel Sheraton Centro Histórico, se dé espacio a la empresa Bell Helicopter Textron, fabricante del modelo V 22 Osprey que usa el ejército invasor en Irak. ¿A cuántos iraquíes habrán matado ya estas naves? ¿Acaso su empleado Orlando Alaniz, quien expuso el jueves, vino a México a ofrecer estos aparatos para la Iniciativa Mérida, más allá de sus ventas regulares a Pemex, Sedena y CFE?
Iniciativa Mexicana contra la Guerra, www.internationalanswer.org
Invitación
Película sobre matanza de 3 mil 600 obreros chilenos
La Asociación Salvador Allende Gossens, la Agrupación de Ex Presos Políticos y el Comunal México del Partido Socialista de Chile invitan para el sábado 8 de diciembre a la proyección de la película Homenaje al centenario de la matanza de Santa María de Iquique, de Mario Santander. Entrada gratuita.
La cita es a las 11 horas en la librería El Juglar, Manuel M. Ponce 233, colonia Guadalupe Inn. La película versa sobre la matanza de obreros, en 1907, por el ejército chileno, que se calcula en unos 3 mil 600, y tiene extractos de videos y fotografías de la época. Intervendrán Adrián Vásquez y José Espinoza