Romero Apis pide a congresos estatales atemperar el impacto de esa legislación
La reforma judicial, gran herramienta para combatir el delito: SSP y PGR
Permitirá recuperar la paz y la tranquilidad de las personas y las comunidades, sostienen
El Consejo de Participación Ciudadana exige poner estrictos controles a las policías
La Secretaría de Seguridad Pública (SSP) federal y la Procuraduría General de la República (PGR) defendieron la aprobación de la llamada reforma judicial por parte de la Cámara de Diputados –que permite cateos y detenciones sin orden de un juez cuando se presuma la comisión de ilícitos de delincuencia organizada–, y los titulares de ambas dependencias consideraron que estas modificaciones legales dotarán a las autoridades de “una gran herramienta para combatir el delito”.
Además, afirmaron que esas reformas legales serán el instrumento que “permitirá la recuperación de la paz y la tranquilidad para las personas y comunidades”.
Sin embargo, en Veracruz, el presidente de la Academia Nacional y vicepresidente del Consejo de Participación Ciudadana de la PGR, José Elías Romero Apis, declaró que “gobernadores y congresos locales deben tomar medidas para atemperar el impacto de la reforma judicial aprobada por la Cámara de Diputados, principalmente suspendiendo, a escala local, las facultades que se dieron a las corporaciones policiacas para allanar y catear domicilios particulares”.
Romero Apis llamó a los legisladores para que en las leyes secundarias definan controles estrictos para los policías, porque de lo contrario las reformas derivarán en “un arma cortante contra la ciudadanía”.
En tanto, para el titular de la SSP federal, Genaro García Luna, estas reformas jurídicas no promoverán la comisión de abusos de los agentes policiacos. Refirió que a partir de la confirmación de los cambios legislativos, los cateos y las intervenciones telefónicas tendrán un sentido constitucional que no vulnerará las garantías individuales.
Porque, dijo, “esas reformas permitirán incrementar las capacidades técnicas de combate al delito y, al mismo tiempo, mayor respeto a las garantías”.
García Luna, quien fue cuestionado durante un encuentro con representantes de los medios de comunicación con motivo del fin de año, afirmó que “en ningún caso se permitirá que los policías violen la ley para hacer valer la ley. La perspectiva es justamente lo contrario, que haya instituciones con capacidades técnicas y científicas”, porque existe un deterioro y atraso de 40 años en las instituciones policiacas.
Acerca de la llamada detención en flagrancia, puntualizó que ya hay criterios de la Suprema Corte que permiten realizar ese tipo de acciones, pero “lo que se busca es darle institucionalidad al hecho y que su alcance esté siempre dentro de las garantías de la sociedad. Siempre cuidando que no se violen derechos humanos”.
Para el titular de la SSP federal estas reformas –cuestionadas por especialistas en derecho y organismos defensores de derechos humanos– significan “un cambio en el paradigma de la justicia; crear herramientas para combatir el crimen.
A su vez, Medina Mora señaló que “aquí se materializa una de las reformas estructurales con las que los mexicanos podemos emprender lo que es más importante para todos: la recuperación de la paz, de la tranquilidad para las personas, las familias y comunidades”.
El procurador agregó que con esta aprobación “lo que ha acreditado el Congreso es que podemos volver a tomar decisiones en temas de enorme relevancia, en los que parecía que estábamos paralizados como país”.
Afirmó que estos cambios legales son muy positivos y posibilitarán transitar de “manera gradual”, en un periodo de ocho años, a un sistema acusatorio y oral que será mucho más transparente, “más democrático”, además de que “permitirán actuar con mucha mayor eficacia, resolver los problemas y tutelar los intereses de las víctimas, que son quizás quienes menos capacidad tienen de recuperar lo que han perdido”.
Agregó que para él ha habido “falta de comprensión del alcance de esta reforma, que es esencialmente garantista, que protege y tutela esencialmente los derechos de las personas”.
Medina Mora señaló que “da a la autoridad mejores instrumentos para el combate a la delincuencia, especialmente a la organizada”. Reconoció que “el punto más debatido ha sido la disposición que permite a las policías, sin que necesariamente medie una orden judicial previa, ingresar a un domicilio”, pero justificó que esto será “cuando exista una amenaza real e inminente a la vida o a la integridad corporal de las personas”.