Divide aún más al IFE la decisión de diputados de aplazar el proceso de renovación
Ante el vacío creado en San Lázaro, Ugalde estudia presentar su renuncia
Al conocerse la determinación de la Cámara de Diputados de postergar el relevo en el Instituto Federal Electoral, el todavía consejero presidente, Luis Carlos Ugalde, se reunió con su grupo más cercano de colaboradotes para evaluar la posibilidad de presentar su renuncia y analizar las consecuencias jurídicas y políticas que esto implicaría. En la eventualidad de la dimisión se planteó que no fuera sólo la del presidente del organismo, sino de varios consejeros más.
En el encuentro –fuera del instituto–, al que asistieron Teresa González Luna, Andrés Albo, Alejandra Latapí y Arturo Sánchez, no hubo consenso en torno a la determinación e incluso este último dejó claro que no presentaría su renuncia en la lógica de que existe una responsabilidad institucional para organizar las elecciones.
Será este mediodía cuando Ugalde fije públicamente su postura en torno al nuevo escenario, que afecta sus proyectos personales de incorporarse a Harvard en enero próximo.
La decisión de los diputados no hizo más que hacer aún más evidente la división del IFE, pues casi al mismo tiempo, en otra parte de la ciudad, los consejeros Marco Antonio Gómez Alcántar, Virgilio Andrade, Rodrigo Morales y Lourdes López se reunían para discutir exactamente en sentido contrario: la inviabilidad de la renuncia ante la decisión de los diputados.
En la eventualidad de una renuncia de Ugalde, la vía jurídica para salir del nuevo escenario es compleja a la luz de la falta de publicación de las reformas legales y la vigencia del nuevo texto constitucional.
La fracción V del artículo 41 constitucional recientemente aprobado destaca que “de darse la falta absoluta del consejero presidente o de cualquiera de los consejeros electorales, el sustituto será elegido para concluir el periodo de la vacante. La ley –el Cofipe– establecerá las reglas y los procedimientos correspondientes.”
Por añadidura, la reforma constitucional aprobada por el Congreso de la Unión determinó, en su artículo transitorio cuarto, que “quedan sin efecto los nombramientos de consejeros electorales suplentes del Consejo General del IFE establecidos por el decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación de fecha 31 de octubre de 2003”.
Sin publicarse todavía el nuevo Cofipe, en el artículo 79 del vigente se plantea que, “en el caso de ausencia definitiva del presidente del Consejo, los consejeros electorales nombrarán, de entre ellos mismos, a quien deba sustituirlo provisionalmente, comunicando de inmediato lo anterior a la Cámara de Diputados o a la Comisión Permanente, en su caso, a fin de que se designe al consejero presidente”.
Será hasta este viernes cuando se conozca la decisión de Ugalde. Por lo pronto, su oficina está virtualmente desmantelada, la mayor parte de sus allegados ha renunciado al cargo ante la inminencia de la salida. que estaba fijada para este jueves.
Sorpresa e incredulidad
La incertidumbre y el nerviosismo dominaron ayer al IFE. Entre los consejeros, menos de la mitad acudió a sus oficinas y los otros prefirieron espacios alternos para conocer la decisión que finalmente nunca llegó.
El primer indicio del drástico cambio de señales llegó –vía telefónica– en voz del presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, Héctor Larios, quien se comunicó con cada uno de los consejeros para notificarles el nuevo plazo para la renovación, lo cual provocó sorpresa e incredulidad.
Horas después cada grupo estaba reunido para consensuar sus posturas. Será después cuando los nueve consejeros valoren el impacto que la decisión en San Lázaro tendrá en el instituto y las decisiones a adoptar en el corto plazo.
De entrada, la postergación obliga al Consejo General a qué áreas resultarán afectadas por el recorte de alrededor de 600 millones de pesos que la Cámara de Diputados aplicó al presupuesto del organismo, así como procesar los acatamientos de sentencia relacionados con los fallos del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en torno a los procedimientos oficiosos invalidados que se habían iniciado contra Nueva Alianza y el Partido de la Revolución Democrática.