Denuncian que la Subsecretaría de Educación Básica dejó de pagarles en octubre
Trabajadores de la SEP bloquean la oficina que dirige el yerno de Gordillo
No quieren laborar en una nueva sede: la dependencia
Está en ruinas: inconformes
Trabajadores de la Dirección General de Educación Indígena (DGEI) bloquearon por espacio de cinco horas la avenida Cuauhtémoc, en la capital del país, justo frente a la Subsecretaría de Educación Básica que encabeza el yerno de Elba Esther Gordillo, Fernando González Sánchez. Exigen el pago de salarios retenidos desde octubre pasado, aguinaldo y otras prestaciones.
Los afectados –quienes ganan en promedio 2 mil 500 pesos quincenales– trataron de negociar con las autoridades de esa dependencia, pero al no obtener respuesta se apostaron frente a dicha subsecretaría entre las 11 y las 19 horas de ayer, en espera de que el funcionario ordenara el pago de salarios.
Al cierre de esta edición, una comisión de inconformes negociaba con representantes de la dependencia federal. Por la noche, Joaquina Sandoval informó que el titular de la DGEI, Paulino Canul, condicionó el pago a que los manifestantes regresaran a laborar al edificio de Cuauhtémoc 614, construcción que presenta fallas estructurales.
De acuerdo con el mismo testimonio, el funcionario señaló que se les descontaría el salario de los días que no acudieron a dichas oficinas, que son el origen del conflicto. Los trabajadores han denunciado que el inmueble representa un riesgo para su integridad física por las pésimas condiciones en que se encuentra. Por ello, señaló Sandoval, los inconformes evaluarán si regresan a esas instalaciones.
Laudo a favor
Los manifestantes, entre ellos mujeres y personas mayores, acudieron a la protesta con sus hijos. Ahí insistieron en que no se retirarían hasta lograr una solución, ya que en muchos casos se trata de madres solteras que no han podido pagar la renta de sus viviendas.
Desesperados, señalaron que la dependencia federal les adeuda cinco quincenas. Además ha suspendido algunas prestaciones laborales, como el bono extra de 25 días, vales de despensa y aguinaldo.
El conflicto afecta a 68 trabajadores de la DGEI, aunque el origen del problema –que suma cinco años– fue el traslado del personal a un inmueble ubicado en la calle de Obrero Mundial y luego a otro en Cuauhtémoc 614, debido a que los dos edificios son catalogados de alto riesgo por sus pésimas condiciones físicas.
El 11 de noviembre de 2005 los trabajadores ganaron un juicio contra el traslado al inmueble de Obrero Mundial. Entonces, la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje resolvió que la Secretaría de Educación Pública (SEP) no tenía facultades para autorizar dicho movimiento.
Desde entonces los inconformes han sido blanco de represalias. La más reciente fue la suspensión de sus salarios (desde octubre pasado), razón por la cual interpusieron una demanda ante la Procuraduría General de la República (PGR) en contra del subsecretario Fernando González Sánchez y de la titular de la SEP, Josefina Vázquez Mota.
Isabel Robledo indicó que durante la entrevista el titular de la DGEI, Paulino Canul, informó que sólo a los secretarios sindicales se les entregaría el cheque, no así a los demás trabajadores. “La cerrazón es total, no hay diálogo”, denunció.
La comisión negociadora que ingresó a la Subsecretaría de Educación Básica permaneció ahí todo el día. Una treintena de inconformes se apostó en las banquetas y al mediodía cerró la avenida Cuauhtémoc. El bloqueo cesó dos horas más tarde, pero alrededor de las 16 horas fue reanudado, lo que generó un congestionamiento vial en la zona. Por la noche, los manifestantes continuaban exigiendo el pago de sus salarios con un altavoz.
Por su parte, la SEP informó que el inmueble “cuenta con condiciones necesarias para ser ocupado”, y precisó que el retraso del pago se debe a que los manifiestantes “nunca se han presentado a laborar a la nueva sede”. Destaca que “los cheques de quienes tienen derecho a cobrar están disponibles en el área de pagaduría en la nueva sede”.
En promedio, a cada trabajador se le adeudan entre 20 mil y 30 mil pesos, entre salarios y prestaciones de fin de año.