El Estado policiaco
La sumisión del gobierno de facto de Calderón a los dictados de la administración de Bush, que pretende se apruebe una contrarreforma judicial que atenta contra los derechos individuales de los mexicanos, abre una nueva dimensión a las luchas sociales en México.
1. El albazo legislativo de fin de año de la alianza PRI-PAN en la Cámara de Diputados, aprobando al vapor el 12 de diciembre con el respaldo de un sector de la bancada del PRD un paquete de modificaciones constitucionales y legales en materia de justicia y de seguridad pública con el pretexto de crear las condiciones para luchar mejor contra “el narcotráfico y el crimen organizado”, constituye un serio retroceso institucional en la vida del país, pues al conferir a funcionarios del gobierno federal facultades inadmisibles en un régimen de derecho y cancelar derechos individuales fundamentales se sientan, en efecto, las bases para crear en México un Estado policiaco.
2. La aprobación de estos cambios aberrantes al marco constitucional del país por el Senado y las legislaturas locales (necesaria para que proceda una reforma de la Constitución) terminaría con el régimen de derecho en México, pues, por un lado, a) daría a los funcionarios federales atribuciones propias de un régimen dictatorial o de excepción, al permitirles allanar y catear domicilios sin mandato judicial y llevar a cabo detenciones sin orden de aprehensión y, por el otro, b) cancelaría una garantía fundamental, la de seguridad jurídica, que establece la inviolabilidad del domicilio y de la persona si no media un mandamiento escrito, conforme al artículo 16 constitucional.
3. La bárbara decisión de los diputados, que no puede entenderse más que como un acto de irresponsabilidad o de sumisión a las pretensiones delirantes del gobierno de George W. Bush, pretende cancelar derechos que constituyen conquistas históricas de la humanidad, y que se han consagrado desde la Carta Magna inglesa del rey Juan, de 1215, hasta innumerables tratados, convenios y pactos internacionales suscritos por México.
4. La contrarreforma que ahora se busca imponer de improviso se había venido fraguando desde buen tiempo atrás con el argumento de que en virtud del NAFTA o TLC de América del Norte de 1993 era necesario homologar el derecho mexicano al estadunidense, a pesar de sus orígenes históricos distintos (de ahí la pretensión de sustituir los procesos escritos por los orales), pero fue reformulada en términos políticos más drásticos al subordinarse los gobiernos de Fox y de Calderón a la llamada Alianza para la Seguridad y la Prosperidad de América del Norte (ASPAN), de la cual el Plan México o Iniciativa Mérida es una de sus vertientes, por lo que de llegar a aprobarse por el poder constituyente permanente sería un paso adelante en la integración de México a Estados Unidos.
5. El Plan México, que supone el dominio por parte de empresas trasnacionales de recursos básicos de nuestro país, y en particular de los energéticos, y el control permanente de agencias estadunidenses del territorio mexicano con el argumento de que Estados Unidos se encuentra en guerra contra el terrorismo internacional, requiere, en la visión totalitaria de los republicanos estadunidenses, un control absoluto de las fronteras, los puertos, el espacio aéreo y el mar territorial de México, pero también de las personas; de ahí la pretensión de instaurar aquí mecanismos de control como los que de hecho mantienen en sus dos guerras en Asia: tanto en Afganistán como en Irak.
6 El gobierno espuriete de Calderón, obsesionado como está por el malestar social que despiertan sus políticas, y enfilado ya en la vía de criminalizar los movimientos sociales –como ha advertido al mantener detenidos a Flavio Sosa y sus compañeros de la Asamblea Popular de Pueblos de Oaxaca (APPO) y a Ignacio del Valle y los campesinos de Atenco– vio por consiguiente en este proyecto un punto de apoyo para su esquema represivo, en el que prevé que el Ejército federal siga actuando como su policía política, en especial ante la crítica situación que se agravará en el campo en 2008, al entrar en vigor varios principios del TLC.
7. La afirmación oficial de que no hay guerra sucia en México se derrumba estrepitosamente todos los días, y los hechos siguen desmintiendo a la Secretaría de Gobernación, como señalaba Rosario Ibarra (presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Senado) al recordar los casos de 30 desaparecidos, entre ellos 15 trabajadores petroleros de Cadereyta que se suman a los dos eperristas de Oaxaca (La Jornada, 12 de diciembre).
8. Resulta por ello una vergüenza que sólo 52 de los 127 diputados del PRD hayan votado en San Lázaro contra esta contrarreforma y que su propio coordinador, Javier González Garza, la haya avalado, pues los legisladores del sol azteca que en esta legislatura aprobaron ya el Cofipe parecen empeñados en demostrar a los mexicanos que por la vía institucional todos los caminos están cerrados por la corrupción de la “clase política”.
9. La contrarreforma judicial daría al traste con las posibilidades de que algún día exista un real Estado de derecho en México, pero tiene aún, sin embargo, un largo camino que recorrer para entrar en vigor y puede ser detenida por las opiniones de los juristas y las movilizaciones sociales, aunque es también la Suprema Corte de Justicia, que tanto se ha desprestigiado en los últimos tiempos, la que podría en uso de sus facultades declarar su improcedencia y erigirse en un verdadero órgano de control de la constitucionalidad del país.
10. El conflicto que se avecina de no dar marcha atrás el régimen en esta cuestión podría ser de enorme gravedad, pues las luchas sociales van a radicalizarse, a pesar del gobierno.