Comisión legislativa pretende regularizar 60 millones de líneas

En puerta, reforma legal para tener datos de usuarios de telefonía celular

Roberto Garduño

La Comisión de Comunicaciones de la Cámara de Diputados propondrá en la Comisión Permanente del Congreso de la Unión una reforma a la Ley Federal de Telecomunicaciones con objeto de obligar a las empresas de telefonía móvil a recabar información de los propietarios de las 60 millones de líneas que existen en uso actualmente en el país.

Oscar Gustavo Cárdenas Monroy, presidente de la comisión referida, expuso que todas las empresas que prestan el servicio de telefonía móvil tendrían obligación de contar con datos personales de los usuarios que serían remitidos a la Comisión Federal de Telecomunicaciones y a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes en un plazo máximo de 30 días hábiles después de haber firmado cada uno de los contratos, además se regularizarían el resto de los aparatos en uso, que en suma arrojan una cifra de 60 millones en todo el país.

El legislador explicó que la propuesta pretende que haya obligatoriedad de los prestadores del servicio y de las autoridades federales con objeto de “formar un sistema de control y de registro que habrá de sustentarse en la confidencialidad para no permitir también a los delincuentes que puedan tener acceso a esa información”.

En la aprobación del pasado presupuesto de egresos de la federación se autorizó un monto de cien millones de pesos a la Comisión Federal de Telecomunicaciones con objeto de implementar programas y métodos modernos, así como allegarse de recursos humanos, para obtener mayor capacidad de control sobre los prestadores de servicios de telecomunicaciones en el país.

La iniciativa con proyecto de decreto que pretende reformar el artículo 68 de la ley federal de telecomunicaciones refiere lo siguiente:

“Los concesionarios de las redes públicas de telecomunicaciones en la prestación de servicios que requieran el uso de numeración asignada por la comisión, deberán solicitar los datos mínimos de identificación de los usuarios, como son: nombre y domicilio, información que deberán remitir a la comisión mensualmente sin perjuicio, que mediante disposiciones de carácter general la comisión establezca como necesidad de requerir datos adicionales a los ya mencionados”.

El autor de la iniciativa refirió que a la fecha 70 por ciento de la población se comunica por telefonía móvil, y de este universo “seguramente mas de 80 por ciento no ha aportado al registro su domicilio y nombre de usuario”.

Y es que, reveló el priísta, a lo largo del país existe una cantidad indefinida de empresas que ponen al servicio de la sociedad paquetes especiales sin ninguna restricción.

“Consideramos que esto no necesariamente es la clandestinidad, pero sí es un tema que debe ser tratado cuidadosamente, con objeto de aplicar mayor control, y no estar en manos de la delincuencia organizada”.

Una vez que sea votado el proyecto de decreto, las empresas prestadoras del servicio de telefonía móvil dispondrán de 180 días para estar en condiciones de tener un banco de usuarios y la información recabada se entregue a las autoridades correspondientes.