Indemnizará a familiares de una mujer que fue ultimada
El Estado colombiano pierde otro caso sobre el asalto militar de 1985
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En la ciudad de Sogamoso, Colombia, soldados resguardan armas entregadas por grupos paramilitares al gobierno, como parte del acuerdo de paz de 2003
Foto: Ap
Santafé de Bogotá, 15 de diciembre. Un tribunal condenó al Estado colombiano a pagar 542 millones de pesos (271 mil dólares) a los familiares de una mujer que falleció en noviembre de 1985 durante el asalto militar al Palacio de Justicia de Bogotá, que estaba en poder de un comando guerrillero del hoy extinto Movimiento 19 de abril (M-19).
La decisión fue adoptada el miércoles pasado por el tribunal superior del departamento de Cundinamarca, al fallar sobre el caso de Ana Castiblanco, que el día de los hechos tenía 32 años y siete meses de embarazo, informó este sábado el diario El Tiempo.
Castiblanco trabajaba en la cafetería del inmueble y su cuerpo apareció en la fosa común de un cementerio en 1998, aunque fue identificado tres años después.
El ataque a la sede judicial fue perpetrado entre el 6 y el 7 de noviembre de 1985 por el M-19, lo cual desencadenó una respuesta militar que ha sido criticada por diversos sectores que la han calificado de “excesiva”.
Al menos un centenar de personas murieron en el asalto guerrillero y la posterior reacción de la fuerza pública, entre ellos 11 magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Otras 10 personas permanecen desaparecidas.
“El ejército y la policía irrumpieron con armamento de alto poder, sin tener cuidado de preservar la integridad, salud y vida de las personas que allí se encontraban”, aseveró el tribunal de Cundinamarca en su resolución.
En coincidencia con el informe de una comisión de la verdad que ha investigado el caso, el tribunal consideró que el M-19 fue el primer responsable por cometer “un acto vandálico sin ninguna justificación ética, política y jurídica civilizada”, aunque expresó que la acción militar se realizó “con total menosprecio a la vida y los derechos de los rehenes y de los insurrectos fuera de combate”.
Esta reparación de daños a los familiares de Castiblanco es la tercera que debe pagar el Estado por los desaparecidos del Palacio de Justicia.
En tanto, el gobierno colombiano protestó “enérgicamente” ante Nicaragua por declaraciones de su presidente, Daniel Ortega, sobre la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y la fallida negociación para liberar a medio centenar de personas secuestradas por la organización.
Ortega se refirió en un discurso a la decisión del presidente Álvaro Uribe de cesar la mediación de su homólogo venezolano Hugo Chávez en noviembre pasado.
“Tenemos esperanza de que nuestro hermano, el comandante Manuel Marulanda Vélez, de las FARC, dé ese paso (liberar a los rehenes). Claro que para dar esos pasos se necesitan reuniones y negociaciones previas para garantizar incluso que no vayan a matar a Ingrid (Betancourt, una de los rehenes) y que no la vayan a asesinar para culpar a la guerrilla.”