Carlos Montemayor / I

Recordar Acteal

La masacre de Acteal no fue la primera ni la única en el prolongado proceso del conflicto de Chiapas. Pero fue en la que el gobierno mexicano puso más empeño a fin de transformarla en sólo un eslabón de una cadena de conflictos intercomunitarios. Para apuntalar esta versión oficial el gobierno mexicano recurrió a diversos procedimientos, algunos de ellos extremos. Pasó por alto sistemáticamente hechos fundamentales; creó un libro blanco sobre Acteal donde la Procuraduría General de la República (PGR) describe a modo los acontecimientos, modificando, distorsionando u olvidando información; intentó desconocer la existencia de planes militares dados a conocer desde el 5 de enero de 1998 por Carlos Marín en la revista Proceso; en discursos oficiales manipuló la noción del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) a veces para negar su existencia y en otras para proponerlo como protagonista, precisamente, de los enfrentamientos intercomunitarios. Los planes militares que dio a conocer Carlos Marín 15 días después de la masacre de Acteal describen, como parte de una contrainsurgencia minuciosamente diseñada, tanto la inducción de desplazamientos de poblados y la creación de conflictos sociales entre comunidades como la aplicación de medidas sólo militares antes y después de los acontecimientos de Acteal.

Sin embargo, las consecuencias políticas de la masacre de Acteal fueron descomunales en el aparato de gobierno para haber sido un eslabón de un conflicto intercomunitario. Provocó, en la dimensión estatal, las renuncias del gobernador de Chiapas y de otros funcionarios de primeros niveles; en el ámbito federal, la renuncia del secretario de Gobernación. Nunca un “pleito de indios” afectó a tantas cabezas de los gobiernos estatal y federal. ¿No fueron las renuncias una forma de reconocer la responsabilidad activa de las autoridades estatales y federales en este “pleito de indios”?

A 10 años de la masacre de Acteal es oportuno retomar algunos aspectos indelebles vinculados con esa mañana del 22 de diciembre de 1997. Por ejemplo, ¿por qué la policía del estado trató de eliminar los cadáveres de la masacre de Acteal la madrugada del 23 de septiembre de 1997 y posteriormente trató de alterar el parte sobre las víctimas y los procedimientos sanguinarios de los paramilitares? ¿Por qué el ejército desplegó después una agresiva campaña de desarme entre las víctimas y los simpatizantes del EZLN y no entre los agresores? Sí, ¿por qué el Ejército pensó que las víctimas debían ser desarmadas, pero los agresores no? ¿Por qué el Ejército y las autoridades civiles privilegiaron los términos de “enfrentamientos intercomunitarios” o “grupos de autodefensa” por encima de “grupos paramilitares”? Si se trataba de diferencias intercomunitarias, ¿por qué remover al propio gobernador de la entidad y al titular de la política interior del país? Hagamos un repaso de algunos puntos que la versión oficial sobre Acteal tuvo que modificar, distorsionar o pasar por alto.

Recordemos, primero, que los días 18 y 19 de diciembre de 1997 el entonces presidente Ernesto Zedillo efectuó una visita oficial a Nicaragua. El periodista Danilo Lacayo lo recibió el día 19 en la televisión nicaragüense; en esa entrevista Zedillo declaró que no había ya guerrilla en México. Sin hacer mención directa del EZLN, afirmó que a principios de 1994 había aparecido “un grupo” de manera violenta, pero que desde entonces se habían dado las condiciones sociales para que esos hechos no volvieran a suceder. Las declaraciones demostraban el interés del gobierno mexicano por permanecer ciego a la insurrección zapatista; negar al EZLN era un eslabón de una sistemática operación política de distorsión para no resolver el conflicto de manera pacífica. En cambio, intencional o tendenciosamente, pasó por alto la aparición “violenta” de numerosos grupos paramilitares en muchas comunidades de los Altos y las Cañadas que contaron con “condiciones sociales” apropiadas para proliferar.

Tres días más tarde, el 22 de diciembre, en el municipio de Chenalhó, en Acteal, se habían concentrado los desplazados conocidos como las Abejas, atentos a los rumores de que preparaba un ataque contra ellos uno de los grupos paramilitares (que el Ejército y autoridades civiles ya designaban oficialmente como de “autodefensa civil”); este grupo pertenecía a la comunidad de Los Chorros, había sido entrenado por cuadros de la policía estatal y lo había pertrechado con armas de alto calibre el presidente municipal priísta de Chenalhó, Jacinto Arias Cruz. Los miembros de las Abejas se concentraron desde las primeras horas de la mañana en la ermita del lugar, un galerón de madera con techo de lámina y piso de tierra firme. Para evitar el enfrentamiento con ese grupo paramilitar, muchos hombres se retiraron y sólo quedaron en su mayoría mujeres, niños y ancianos.

A las 10:30 de la mañana se encontraban de rodillas, rezando, en la ermita de Acteal, cuando comenzaron a oír disparos. Se aproximó al lugar el contingente agresor que portaba armas de alto calibre, uniformes color negro y pasamontañas. Eran individuos de las comunidades de Los Chorros, Puebla, Chimix, Quextic, Pechiquil y Canolal, que se habían transportado en camiones de los conocidos como de tres toneladas. Comenzaron a disparar, a mansalva, por la espalda, contra los desplazados que rezaban; al huir, la gente iba cayendo en el camino y en la barranca. Durante seis horas el contingente paramilitar disparó y ultimó a varias decenas de víctimas.

Al iniciarse la agresión, unas 325 personas oraban afuera de la ermita, porque el espacio era limitado y habían acordado hacerlo afuera. Cuando el grupo armado abrió fuego, algunas personas murieron en el lugar donde se encontraban, pero la mayoría se dispersó montaña abajo, entre los matorrales. Muchos corrieron hacia un arroyo que se localiza a unos 300 metros y se escondieron en una pequeña cueva. Hasta ahí llegaron a matarlos. El grupo paramilitar cesó de disparar las armas cuando consideró que había acabado con todos los que se encontraban en esa hondonada. Sólo se salvaron dos o tres personas que tenían encima los cuerpos de otros compañeros y que se mantuvieron quietas desde ese momento hasta que empezó a oscurecer y pudieron dirigirse a San Cristóbal. Por ellas se supo que la balacera duró unas seis horas. Las detonaciones se escucharon en San José Majomut y sobre todo en Quextic, población desde donde se observa con claridad Acteal.

Hacia la una de la tarde, cuando aún se desarrollaba la masacre, el vicario de la catedral de San Cristóbal, Gonzalo Ituarte, llamó por teléfono al secretario de Gobierno de Chiapas, Homero Tovilla Cristiani, para informarle de una fuerte balacera en Acteal y pedir su intervención inmediata. Homero Tovilla dijo no saber nada. A las seis de la tarde llamó al vicario para notificarle que la situación en Acteal estaba controlada, que se habían escuchado unos cuantos tiros y que había cinco heridos leves. Cerca de las nueve de la noche llegó a la catedral de San Cristóbal uno de los sobrevivientes, de nombre Vicente, a dar detalles de la masacre. Dijo que habían pedido auxilio a policías que acampaban cerca del lugar y que ellos respondieron que “no era de su competencia” y no intervinieron.

La Cruz Roja supo a las ocho de la noche que había enfrentamientos en el municipio de Chenalhó. Movilizó tres vehículos para el reconocimiento de la zona y se hallaron cuerpos sin vida en un barranco. Otras seis unidades de la Cruz Roja se integraron durante la noche a las tareas de rescate. El informe presentado por la Cruz Roja la mañana del siguiente día arrojó un total de 45 cadáveres, ninguno de los cuales parecía haber significado en vida un serio peligro ni un furibundo adversario para los paramilitares: un bebé, 14 niños, 21 mujeres y nueve hombres. Aparte de los 45 muertos, la agresión dejó además 25 heridos y cinco desaparecidos.

La policía de Seguridad Pública llegó cerca de las cuatro de la mañana al lugar de los hechos con el propósito de desaparecer los cadáveres y eliminar evidencias de la masacre. El 1º de enero, la directora de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), Mireille Roccatti, afirmó que el coordinador general de las policías en Chiapas, Jorge Gamboa Solís, y el director de Seguridad Pública, José Luis Rodríguez Orozco, incurrieron en negligencia u omisión, porque a las 10:30 de la mañana del 22 de diciembre ya se habían enterado de que algo ilícito estaba ocurriendo en la comunidad de Acteal y sin embargo dieron el reporte de “sin novedad” a la una de la tarde.