Una contrarreforma para acabar con los manglares
El viernes próximo se cumple un año de que el Poder Legislativo aprobó medidas para proteger en el país uno de los ecosistemas más importantes del planeta: los manglares. Esto se logró pese a la presión de los gobernadores de entidades costeras que, con honrosas excepciones, son promotores inmobiliarios de los inversionistas extranjeros y nacionales interesados en ocupar las áreas litorales más bellas y frágiles del país so pretexto de crear empleos. Se impusieron finalmente los criterios de interés público y social, pues los manglares, además de su enorme riqueza natural, son fuente de trabajo para miles de familias, zona de anidación, reproducción, refugio, alimentación de numerosas especies, además de ser la mejor protección contra la erosión marina y los huracanes.
En el pasado, y en aras de una riqueza fácil, los inversionistas, de mano de los funcionarios, destruyeron enormes extensiones de manglar para edificar hoteles, fraccionamientos, marinas, campos de golf, o establecer granjas de cultivo de camarón. También el gobierno los destruyó para dar paso a obras públicas para la explotación de los hidrocarburos, la ampliación de las terminales marítimas o los asentamientos humanos, por ejemplo.
Luego de los desatinos que en materia ambiental cometió la administración pasada (como permitir la destrucción de ese ecosistema), finalmente el Congreso de la Unión acordó poner fin a la depredación y sancionar a los infractores. Esta medida fue reconocida por la comunidad científica nacional e internacional y las numerosas agrupaciones que luchan por un desarrollo sustentable, pues conservar y acrecentar las extensiones que todavía existen con manglares es proteger también a las poblaciones, la infraestructura pública y privada, las actividades económicas y la riqueza marina del litoral.
Cuando se pensaba que el tema estaba cerrado, se conoció el contenido de un anteproyecto de decreto para conceder vía libre a fin de que especialmente los “desarrolladores” turísticos, puedan destruir manglares a cambio de realizar “medidas compensatorias” para repoblar otras áreas costeras con el doble de la extensión “afectada”. La iniciativa fue presentada por la diputada Marina Arvizu, del Partido Alternativa Social Demócrata.
La legisladora, además de mostrar su ignorancia, no ocultó a los verdaderos promotores de la modificación: pertenecen por igual a los estados con gobernadores del partido en el gobierno, como Baja California, o del PRI, como el de Quintana Roo. El de esta última entidad declaró que las modificaciones son para “perfeccionar” la ley. Se denuncia que en ese empeño también hay la presión del gobierno y las corporaciones hoteleras españolas, que hoy reinan especialmente en el Caribe mexicano. Y además, de legisladores con intereses en la actividad turística.
La ignorancia de lo que es un manglar, cómo funciona, su fragilidad y las tareas que cumple, se manifiesta en este intento por modificar la Ley General de Vida Silvestre. Ahora la diputada y sus padrinos políticos y empresariales nos quieren hacer creer que podemos sembrar de manglares virtualmente los 11 mil kilómetros de franja costera nacional. Ese milagro supera el de la multiplicación de los panes y los peces. Pero contradice lo que el licenciado Calderón proclama cuando aborda el tema ambiental: no permitir un falso desarrollo a costa de la naturaleza, la calidad de vida de la población y la seguridad nacional. En el plano internacional deja sin efecto su discurso sobre la urgencia de medidas para evitar los efectos del calentamiento global, uno de los cuales ocasiona la erosión de la zona costera, siendo los manglares básicos para evitarla. Eso se dijo en la reciente conferencia de Bali sobre el cambio climático. Allí se insistió en la necesidad de reordenar las áreas litorales, pues el avance del mar destruye poblaciones, obra pública y actividades económicas.
Ante la protesta generalizada que despierta esta contrarreforma, los legisladores aplazaron su votación hasta febrero próximo. La aprobarán con los votos del PRI y el PAN, como ya es costumbre. Todos pagaremos por esta nueva agresión a la naturaleza.