Las renuncias necesarias
Más vale tarde que nunca. Con su renuncia, Luis Carlos Ugalde por fin ha dado una muestra de respeto a la legalidad y al estado de derecho. Los ocho consejeros restantes harían bien seguir su ejemplo y de manera voluntaria separarse de sus cargos. Al asirse obstinadamente a sus puestos, violan la Constitución y se colocan de forma peligrosa ante el delito de usurpación de funciones públicas.
Si bien los diputados cometieron una falta al incumplir el artículo cuarto transitorio de la reforma electoral, los consejeros actuales son quienes están a punto de provocar una verdadera crisis política al permanecer en sus puestos más allá del tiempo legalmente establecido. A partir del viernes, 14 de diciembre todas y cada una de sus acciones tienen un estatus jurídico dudoso y podrían ser anuladas por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.
El pasado 13 de diciembre venció el plazo no solamente para el nombramiento del nuevo consejero presidente y dos consejeros electorales más, sino para la elección de todos los integrantes del nuevo Consejo General. El cuarto transitorio señala sin titubeos que la Cámara de Diputados cuenta con 30 días para “elegir” a todos y cada uno de los integrantes del nuevo consejo. Esta disposición no se limita a la elección de los consejeros que hubieran surgido de la convocatoria pública, sino también al nuevo nombramiento de aquellos consejeros que fueron electos originalmente en 2003. Algunos de los integrantes del nuevo consejo estaban destinados a recibir nombramientos de seis o nueve años y algunos otros de apenas algunos meses, pero la Constitución claramente señala que los nuevos consejeros tienen que ser “electos” de nuevo por la Cámara de Diputados.
Con oportunidad el propio Mauricio Merino advirtió esta misma situación: “No sólo serán electos dos nuevos consejeros electorales y un nuevo consejero presidente, sino todos los miembros de ese cuerpo colegiado. Todos serán electos como si se tratara de la primera vez: desde el punto de vista constitucional (y también político) no habrá tres nuevos y seis veteranos, sino nueve integrantes del Consejo General del IFE electos por igual (y en iguales condiciones formales de origen) para dar cumplimiento a los nuevos mandatos de la Constitución.” (“La elección de los consejeros electorales”, 14 de noviebre de 2007, El Universal). Ojalá que el doctor Merino y aquellos otros comentaristas que tan duramente han criticado a la Cámara de Diputados por incumplir con su obligación constitucional también reconozcan que la permanencia de los consejeros electorales actuales es igualmente violatoria de la Constitución y pone en riesgo la certeza de las decisiones de nuestras instituciones electorales.
Los consejeros actuales no pueden mantenerse en sus cargos por voluntad propia. En todo caso, cualquiera de los 39 finalistas de la convocatoria recientemente desarrollada tendría el mismo derecho a ejercer el cargo de consejero electoral, o incluso a demandar la posición de consejero presidente. Todos potencialmente forman parte del nuevo Consejo General, aunque ninguno –ni entre los 39 finalistas, ni entre los ocho veteranos– haya recibido el nombramiento legal correspondiente. Así como hoy Andrés Albo se ostenta como consejero presidente interino, este cargo también podría ser reivindicado con la misma legitimidad por Mauricio Merino, Genaro Góngora, Marco Antonio Baños o cualquier otro de los finalistas.
Más allá de las razones legales para la renuncia de los consejeros actuales, su separación actual también tendría un beneficio práctico. Una de las principales razones de la falta de acuerdos en la Cámara de Diputados es que únicamente se están negociando tres posiciones en el Consejo General. Así como en un juego de ajedrez nadie está dispuesto a cambiar su reina por un alfil, en el proceso de negociación de los nuevos consejeros ninguno de los tres partidos grandes está dispuesto a ceder la presidencia del IFE a cambio de un consejero. La situación sería muy diferente si el nuevo Cofipe no hubiera concentrado en la figura del consejero presidente tantos poderes y atribuciones, o si por otro lado, existieran más lugares disponibles a negociar en el Consejo General. En lugar de arremeter contra el Congreso de la Unión, los consejeros actuales deberían hacer todo lo posible por facilitar la construcción de acuerdos.
Aun sin más renuncias, sería muy conveniente que los diputados nombraran lo más pronto posible no solamente al consejero presidente y a los dos nuevos consejeros que entrarían en funciones de manera inmediata, sino que también eligieran a los otros tres ciudadanos quienes fungirían como consejeros a partir del 15 de agosto de 2008. El transitorio no pone ningún obstáculo a tal nombramiento, ya que únicamente señala que la elección de estos otros consejeros tiene que ocurrir “a más tardar el 15 de agosto de 2008”. Al abrir el abanico de posibilidades, la elección simultánea de los seis nuevos consejeros electorales agilizaría de manera significativa los acuerdos y consensos entre las fracciones parlamentarias y evitaría otro impasse en la negociación.