El ingreso indocumentado no es razón para maltrato
Embajada de Guatemala pide no criminalizar a centroamericanos
Representantes de la embajada de Guatemala pidieron al gobierno mexicano “no criminalizar” a los migrantes y modificar la Ley General de Migración, para castigar y frenar abusos que en zonas como Lechería, municipio de Tultitlán, estado de México, se cometen contra indocumentados centroamericanos por policías federales, estatales y municipales.
En entrevista, Jorge Figueroa Salguero, primer secretario cónsul de la embajada de Guatemala, pugnó por el respeto a las garantías individuales de migrantes que cruzan territorio mexicano, en un afán por ingresar a Estados Unidos.
Reconoció que es ilegal ingresar a México sin pasaporte o visa, pero agregó que ello no es motivo para que los indocumentados sean objeto de malos tratos y abusos.
Como parte del Día del Inmigrante, en la jornada de la Casa de la Cultura, del Parque de las Esculturas, integrantes de Cáritas Pastoral Social de la Iglesia Católica, la Red Democracia y Sexualidad y funcionarios de la embajada de Guatemala en México demandaron respeto a las garantías individuales de migrantes que cruzan territorio nacional.
Figueroa Salguero dijo que existen múltiples testimonios de ciudadanos centroamericanos que aseguran haber sido asaltados, extorsionados, maltratados, además de padecer abusos físicos y sexuales.
Por ese motivo, indicó, los legisladores de México deben voltear hacia ese sector, concluir las modificaciones a la Ley General de Población y que se capacite a los cuerpos policiacos para que no incurran en abusos contra migrantes.
Carlos Hernández Dávila, auxiliar de la organización Cáritas Pastoral Social de la Iglesia Católica, expuso que en el año reciente el Instituto Nacional de Migración deportó a 120 mil migrantes centroamericanos que atravesaban México con la intención de llegar a Estados Unidos, de los cuales 90 mil intentan nuevamente tratar de alcanzar el sueño americano.
Mientras tanto, el Congreso de Nuevo León aprobó un punto de acuerdo para exhortar a la Cámara de Diputados a que, en el ámbito de sus atribuciones, dé celeridad a las acciones conducentes para aprobar la minuta enviada por el Senado que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la ley que crea el fideicomiso que administrará el fondo de apoyo social para ex trabajadores migratorios mexicanos y que se elabore el nuevo padrón con los ex braceros que fueron excluidos de la primera lista.