Centro Fray Bartolomé: “el Estado es responsable de la matanza” de Acteal

“El dolor sigue y aquí no ha llegado la justicia”, dice una de las sobrevivientes

Censura que en la “revisión” en boga se ignore totalmente el dicho de las víctimas

Blanche Petrich (Enviada)

Acteal, Chis., 20 de diciembre. Catarina Méndez, una de las sobrevivientes de la masacre del 22 de diciembre de 1997, con cicatrices de nueve balazos en el cuerpo, mujer de gran autoridad ante su comunidad y su organización, Las Abejas, es la primera en tomar la palabra en el primer Encuentro contra la Impunidad, que se realiza nada menos que en el paraje Naranajatik, sobre la explanada que cubre la capilla mortuoria que guarda los restos de las 45 víctimas de esa fecha terrible:

“Lo digo para que me escuchen: el dolor sigue hasta hoy, para que me escuche el mal gobierno. Aquí no ha llegado la justicia”.

El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas (CDHFBC), por su parte, dio a conocer ahí su informe, en el cual señala que “el Estado mexicano es responsable de la masacre, por una política encaminada a cometer ataques sistemáticos en contra de la población civil, con el fin de debilitar el apoyo al EZLN”.

Agrega que negar la existencia de grupos paramilitares y su participación en la masacre “contribuye a negar la responsabilidad gubernamental”.

No reconocer la existencia de la estrategia contrainsurgente es lo que impide “el curso de la justicia y el conocimiento de la verdad”, según este organismo defensor de los derechos humanos, fundado en los años ochenta por el hoy obispo emérito de San Cristóbal, Samuel Ruiz, y que en vísperas de la masacre intentaba desesperadamente evitarla, documentando la escalada de violencia que anunciaba la tragedia por venir.

En el informe Acteal a 10 años, recordar para no olvidar, que leyó Itzel Silva, la organización destaca que “los testimonios de los sobrevivientes que constan en los expedientes de las diversas causas penales aún conservan la crudeza que indigna a pesar del tiempo, y aunque las investigaciones sobresalen por su falta de técnica científica, sus coincidencias en la mecánica de los hechos las vuelve pruebas sólidas de las responsabilidades y complicidades que aún están impunes”.

Poner el acento en la validez de los testimonios de los cerca de 200 sobrevivientes que contaron su historia ante el Ministerio Público y ante decenas de instancias más “es hoy en día más necesario que nunca”, señala Michael Chamberlin, investigador del CDHFBC, por décadas defensor de los derechos humanos.

“Porque la versión de los hechos que está recibiendo toda la atención mediática para ocultar el fondo de la masacre –el Estado como responsable principal– y presentarla como un conflicto intercomunitario en el que sólo participaron nueve individuos sin intervención de las autoridades y del Ejército, ignora totalmente el dicho de las víctimas, sin ninguna consideración”.

Así, por ejemplo, mientras se ignora el testimonio de sobrevivientes, que vieron con espanto cómo cerca de las once de la mañana se estacionaron al pie de la carretera varios camiones de los cuales descendieron centenares de hombres fuertemente armados, algunos con uniformes negro y azul de la Policía Ministerial de Chenalhó, la nueva versión asegura que sólo fueron nueve los asesinos. Esta especie sólo tiene un fundamento: el dicho de cinco de los autores materiales.

En la otra orilla, la que sí escucha a las víctimas, el informe del CDHFBC recupera de los expedientes de la PGR este testimonio: “En total entraron cuatro grupos (… ) Vinieron muchos priístas de Quextic, Acteal, Chimix, Esperanza, Pechiquil, Canolal, Bajoveltic, Los Chorros, Tzajalucum, eran como 300 por todos (...) rodearon la ermita y dispararon contra la gente que se encontraba afuera y en el interior, persiguiendo a los que salieron huyendo, alcanzando a esconderse en las zanjas y entre los árboles; sin embargo, los agresores los encontraron y los ejecutaron”.

Quienes estuvieron ahí hace diez años y perdieron a sus familiares declararon lo anterior en ese momento y han sostenido su dicho una década. Su versión, hoy, es suplantada por una revisión hecha por un equipo de abogados del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), que toman la palabra de cinco de los asesinos confesos para asegurar que sólo eran nueve los homicidas y que los atacados eran “zapatistas” y no población civil reunida en ayuno y oración en la ermita.

Del mismo modo, mientras los propagandistas de esa revisión histórica niegan en programas de televisión que los asesinos se tomaran su tiempo para vejar los cadáveres y que se ensañaron con las mujeres abriéndoles el vientre a machetazos, un sobreviviente, que da nombre y apellido, ofrece una mirada opuesta en su declaración ministerial. Así lo recordó hoy el CDHFBC:

Alberto Ruiz Pérez, sobreviviente de la masacre, narra que “cuando murieron las mujeres, un hombre les quitó su nagua, su ropa y lo echaron palo en su nalga a las mujeres (…). Había una mujer embarazada María Gómez Ruiz de Quextic y ya muerta lo cortó su estómago, tenía un cuchillo, lo abrió la panza y murió el niño ahí dentro de la panza de la mujer”.

De la numeralia que ofrece el centro: cuatro de las mujeres muertas en Acteal estaban embarazadas, con gestaciones de entre diez y 37 semanas. De las 45 necropsias, 20 cuerpos tenían lesiones producidas por armas punzocortantes, 15 de los 20 correspondían a mujeres, doce de estas muertes fueron a consecuencia de dichas lesiones, incluyendo en algunos casos machacamiento de cráneo, y uno de los cuatro cadáveres de las mujeres embarazadas presentaba como causa de muerte la exposición de víscera abdominal al medio ambiente por herida cortocontundente penetrante.

Aunque no se expresa en el foro, la preocupación que ronda entre las más de 45 organizaciones de promotores de paz y defensores de derechos humanos nacionales e internacionales que se dieron cita hoy y mañana en Acteal para debatir el tema de la impunidad es si, a la larga, ante la inoperante procuración de justicia mexicana, prevalecerá la versión que avala la cargada de muchos medios de comunicación, especialmente televisivos, bosquejada hace años en un libro inédito, Acteal, la otra injusticia, escrito por Alejandro Posadas, de la División de Estudios Jurídicos del CIDE, y Hugo Eric Flores, de la Iglesia presbiteriana, encargada de la defensa de los 86 procesados.

En cuanto a las posibilidades que ofrece la fiscalía especial para el caso de Acteal, creada hace un año por el gobierno de Juan Sabines, el CDHFBC teme, sobre todo, que el brazo de la justicia no alcance a los servidores públicos de la época. Refiere que entregó a la nueva instancia elementos que demuestran la existencia de una política contrainsurgente de Estado “que enmarca la masacre de Acteal”, sin que, al año, haya “avances” sobre esa línea de investigación.

“Si la creación de dicha fiscalía obedeció en realidad a una intención de conocer la verdad y de hacer justicia, esperaríamos que cumpla con su obligación de realizar una investigación seria que arroje resultados prontos y contundentes en torno a las responsabilidades intelectuales de la masacre. De lo contrario, sólo se evidenciará, una vez más, la falta de voluntad de las autoridades en el esclarecimiento real de los hechos”, concluye.