El ABC de Acteal
René Girard, quien puso en el centro de su antropología el fenómeno del chivo expiatorio, dice que los derechos de las víctimas han penetrado de tal modo la conciencia del mundo moderno gracias al cristianismo, que ahora hasta los poderosos, para defender sus intereses, tienen que alegar que están defendiendo a alguna víctima. El truco nos es de sobra conocido en los alegatos del imperio. Cuando se trataba de invadir Irak, George W. Bush derramaba lágrimas de cocodrilo por los pobres kurdos gaseados por Saddam Hussein; ahora que son los aliados turcos quienes atacan a los kurdos no parece preocuparse mucho por ellos. La afirmación de Girard se cumple como una profecía con quienes ahora dicen que pongamos en primer lugar el tema de los procesados que también son víctimas y dejemos atrás la discusión de si fue o no un crimen de Estado. Esto, que Héctor Aguilar Camín ha ensayado proponer con rodeos e insinuaciones, lo acaba de decir sin tapujos Ricardo Raphael (El Universal, 18 de diciembre).
Es verdad que algo hay que decir de los presos y su relativa inocencia, pero para ello hay que poner las cosas en su debido orden y proporción. Por eso no debemos olvidar que:
1) La masacre de Acteal fue un crimen atroz contra mujeres y niños, indígenas que ayunaban y oraban por la paz, que estaban desarmados y que expresamente sostenían y sostienen hasta ahora una postura no violenta.
2) La masacre de Acteal fue un crimen de Estado. Para decir esto no es necesario basarse en las versiones del Frayba, del EZLN o de la diócesis de San Cristóbal. Se puede uno basar en las palabras de Aguilar Camín: “las autoridades chiapanecas y el Ejército federal… decidieron no contener tampoco al otro bando (al de los priístas armados) y hasta ayudarlo” (Nexos de noviembre). Esto es una auténtica confesión de parte, que tiene una evidente superioridad sobre la confesión de algunos presos que Aguilar Camín utiliza para sustentar su versión. Mientras ésta es altamente sospechosa, porque con ella se exculpa a quienes serían sus cómplices (además de ser francamente increíble), aquélla tiene el innegable valor de ser una confesión hecha a regañadientes que termina por inculpar a quien el autor pretende disculpar desde que aconteció la masacre: a Ernesto Zedillo.
3) Este crimen de Estado no fue meramente por negligencia u omisión (lo cual ya sería por sí solo suficientemente grave), sino resultado de un plan contrainsurgente que pretendía burlar la Ley para el Diálogo, la Negociación y la Paz Digna en Chiapas, una de las pocas leyes en nuestra historia reciente que fue claramente la expresión de una voluntad popular, la de buscar por la vía del diálogo la solución al conflicto con el EZLN. Lo absurdo y gratuito de negar esto se hace evidente si aplicamos a quienes lo hacen el argumento del pato (recientemente reciclado para usos políticos). Los asesinos de Acteal se armaron como paramilitares, se entrenaron como paramilitares, actuaron según una lógica paramilitar, fueron y siguen siendo protegidos como paramilitares, sólo que según la lógica de Aguilar Camín, no son patos, sino animalitos iguales pero diferentes al pato porque no nacieron de un huevo de pata sino por generación espontánea.
4) Siendo un crimen de Estado era de esperarse que –como lo dijo el sub Marcos desde el día siguiente a la masacre– el aparato de procuración de justicia del Estado no iba a esclarecer el crimen. Presionado porque su inocultable atrocidad despertó una digna y abrumadora reacción nacional e internacional, tuvo que detener a varias decenas de autores materiales y a algunos funcionarios menores. Lo anterior no es poca cosa para la vida cotidiana de las comunidades, que se había convertido en un infierno y a partir de esto pudo gozar de relativa calma. Pero era previsible que estos presos serían usados como chivos expiatorios, no en el sentido de que fuesen totalmente inocentes, sino en el sentido de que su culpabilidad menor (en términos relativos) sería usada para tapar la mayor culpabilidad de los de arriba. Es verdad que la actuación de la PGR y de los jueces está plagada de irregularidades. Es cosa cierta que los mismos presos han sido víctimas de injusticias, y hasta podemos admitir, más por cuestión de principios que de evidencia probada, que pudiera haber algún inocente preso. Pero remediar este punto implica no dejar atrás sino recordar y poner en su lugar todos los puntos anteriores.
Frente a esta realidad atroz, expuesta aquí de manera sucinta y esquemática, ¿qué hacer ahora? Primero, y en lo inmediato, ponerse en guardia ante posibles intentos, que ya están aflorando, de sacrificar un chivo de mayor calibre para volver a tapar todo. El sacrificado podría ser el ex gobernador Julio César Ruiz Ferro, a quien ya le puso la mira la fiscalía creada por el actual gobernador Juan Sabines, con lo que además tendríamos el clásico uso del aparato de justicia para ajustes de cuentas entre grupos de poder estatales.
Pero la cuestión más importante y de vital importancia para el país es cómo esclarecer plenamente el caso y llegar al fondo del asunto. Aguilar Camín y los defensores de los presos piden que el caso sea llevado a la Suprema Corte. Después de lo sucedido con el caso de Lydia Cacho esto no puede ser más que una broma de mal gusto o, si no, evidencia de que quienes lo promueven no se interesan realmente en la verdad y la justicia sino en argucias leguleyas para salirse con la suya. La herida abierta de Acteal pone al descubierto, entre otras cosas, la desoladora ineptitud y corrupción de los órganos de justicia del Estado. Éstos sólo se podrán renovar empujando desde afuera y desde abajo. Lo que en el IFE se ha vuelto imposible debido a los intereses partidistas tiene que ser posible aquí para esclarecer uno de los crímenes que más profundamente han herido los sentimientos y la conciencia de la nación: encontrar personas de reconocida honestidad intelectual y moral que puedan integrar una comisión de la verdad.
* Ex coordinador del área de análisis y difusión del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas