SEP: la UAQ, su contrato colectivo y el IMSS
En septiembre de 2006, la Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ) no contaba con un fideicomiso para el pago de sus jubilaciones y pensiones, aunque destinaba al rubro 20 por ciento de su presupuesto.
Éste se integra con recursos federales, estatales y propios para atender a 2 mil 500 trabajadores de base (académicos y administrativos), más 700 contratados por honorarios. En 2006, 180 de ellos pudieron pasar a la jubilación por cumplir 29 años de servicio, pero la UAQ carecía de los recursos.
Además, el rector entrante, Raúl Iturralde, comunicó –entonces– que la institución adeudaba al IMSS 377 millones de pesos por concepto de retiro, cesantía y vejez debido a la firma de un convenio (1973) al que dejó de cotizar en 1997.
La justificación fue que en el contrato colectivo de trabajo (CCT) existía un capítulo especial que especificaba que la plantilla universitaria quedaba “bajo el imperio” de la Ley del Seguro Social.
Bajo esa premisa –aclaró Filiberto López Díaz, catedrático especializado en materia jurídica–, el 24 de marzo de 2006 el rector suscribió otro convenio con el IMSS que estipulaba que la universidad no liquidaría el pasivo, ni depositaría las pensiones, porque ella absorbe directamente la obligación con sus trabajadores.
Al decir de López Díaz, con este segundo convenio la UAQ generó una violación “gravísima” al CCT, pues amputó la obligación legal al IMSS para que cumpliera con el pago de pensiones, al tiempo que generaba “inquietud en la base trabajadora”, por lo que el convenio fue revocado en mayo siguiente.
Así que, sin resolver el problema para las jubilaciones y pensiones, la UAQ regresó a la situación previa: prevalecía el adeudo frente al IMSS, aunque seguía descontando puntualmente los pagos por retiro, cesantía y vejez, sin reportarlos al IMSS.
La explicación última del fenómeno corrió a cargo de José Inclán, autoridad financiera de la UAQ: “si de 100 maestros la SEP nos paga 80, ¿con qué pagas al resto? Tenemos recursos propios, por supuesto, pero, ¿qué preferirías: pagar la nómina o impuestos?”
Pero para Guadalupe Murguía, secretaria de Educación estatal, el asunto es claro. “Casi todas” las universidades públicas del país, sostuvo, lo han atendido con tres medidas: constituyendo un fondo, al que aportan los trabajadores, y otro esquema de contratación para los de nuevo ingreso.
El paso siguiente correspondió al IMSS, que el 8 de junio de 2007 embargó tres inmuebles a la UAQ, y el 27 de septiembre dos más, para garantizar el adeudo.
Una semana después, el Sindicato Único de Personal Académico de la UAQ efectuaba una consulta entre sus mil 200 agremiados para reformar el CCT.
En ella votaron tres propuestas: anular la jubilación dinámica para los de nuevo ingreso (a partir del primero de julio de 2007); acceso a la jubilación o pensión por medio de una nueva aportación de 3 por ciento del salario con vistas a integrar un fondo que asegure el monto de la prestación, e incrementar ese 3 por ciento a razón de un punto porcentual anual hasta llegar a 8 por ciento.
Por su parte, la UAQ realizaría una aportación de 6 por ciento, que también aumentaría gradualmente hasta llegar a 12 por ciento, para integrar el fondo.
Las nuevas contrataciones ocurrirían mediante el esquema de jubilación reformado y la prestación procedería del fondo, al igual que los más de 700 docentes que cobran por honorarios.
El nuevo esquema garantizaría, también, la posibilidad de que la UAQ concursara por una bolsa de mil 200 millones de pesos en poder del gobierno federal y destinada a la creación de fondos de jubilaciones y pensiones de las universidades públicas.
La dirigencia sindical reconoció que las reformas eran una condicionante de la rectoría de la UAQ, pues de no concretarse, ella tampoco dispondría de recursos extraordinarios para saldar el adeudo con el IMSS. Y, en efecto, el convenio para el “finiquito” se signó en octubre.
Cumplida la consulta, el paquete de reformas fue aprobado con un agregado: que los docentes con derecho a solicitar jubilación este año no lo hicieran, recibiendo a cambio un bono de permanencia equivalente a 20 por ciento del salario. Y respecto de las nuevas contrataciones, el secretario general del sindicato explicó que ellos “irán al sistema pensiones del Seguro Social, pero también podrán aportar a un fondo para que en 30 años, cuando se jubilen, tengan un recurso adicional”.
Teniendo como testigos a los coordinadores de las fracciones parlamentarias de PRI, PRD, PAN, Convergencia y PVEM, el rector llamó a que los poderes Ejecutivo y Legislativo locales se involucraran “con seriedad” en la situación financiera de la UAQ, agravada por las restricciones presupuestales. Y agregó que el sistema de jubilaciones y pensiones está “en problemas porque el presupuesto que recibe de la SEP y del Estado no reconoce alrededor de 700 plazas ni diversas disposiciones del CCT”. Ahora urge integrar el fideicomiso.
Pero el subsecretario de Educación Superior de la SEP, Rodolfo Tuirán (después de ser señalado desde la Universidad Autónoma de Sinaloa por haber condicionado recursos adicionales al despido de personal académico, reformas al CCT y modificaciones al régimen de jubilaciones y pensiones), gusta decir que (de las 2 mil 200 instituciones públicas y privadas) un número creciente “ha logrado hacer de la calidad un compromiso electivo, porque aquello que no se evalúa se devalúa”.
* Universidad Autónoma Metropolitana-Xochimilco