Especialistas del ITAM y del CIDE acudieron a Tuxtla para analizar los casos
Abogados e intelectuales planean la defensa de paramilitares en Chiapas
Ex integrantes de la Opddic participaron directamente en las agresiones a bases de apoyo zapatistas, dice Capise
La entrega de armas sólo confirma los ataques y disparos, considera
San Cristóbal de las Casas, Chis. 22 de diciembre. Mientras un publicitado grupo de “desertores” abandonó la Organización para la Defensa de los Derechos Indígenas y Campesino (Opddic) este jueves, se supo que el dirigente fundador de dicha organización, el ex diputado priísta Pedro Chulín, preso desde hace varios meses en el penal El Amate, en Cintalapa, pronto podría ser defendido por el mismo equipo de abogados, articulistas e intelectuales del CIDE y el ITAM que en fechas recientes ha tomado con enjundia (también mediática) la reivindicación de los paramilitares de Chenalhó actualmente presos en el mismo penal.
Una fuente consultada por La Jornada, que participó en días pasados en una reunión privada en Tuxtla Gutiérrez con los directivos de dos centros oficiales de educación superior, confirmó que ahí, especialistas del CIDE y el ITAM analizaron la posibilidad de representar legalmente a Chulín y otros miembros de la Opddic. Ello sugeriría que el operativo de revisión histórico-publicitaria en curso a favor de paramilitares priístas es más amplio de lo que se pensaba. Cabe recordar que Chulín ha sido señalado como paramilitar al menos desde 1998, cuando fue considerado fundador del Movimiento Indígena Revolucionario Antizapatista (MIRA) y participó en el “desmantelamiento” del municipio autónomo Ricardo Flores Magón.
En tanto, trajo más dudas que certezas la propagandística “entrega de armas” por parte de presuntos ex miembros de Opddic al ministro de Justicia de Chiapas, Amador Rodríguez Lozano, en sucesivos actos en el ejido Agua Azul (municipio oficial de Tumbalá) y el Ministerio de Justicia en la capital del estado.
“En realidad, el presidente de la Sociedad Cooperativa Ecoturismo Indígena Tzeltal de Cascadas de Agua Azul, Alberto López Urbina, fue quien coordinó la brutal golpiza que padecieron tres bases de apoyo de Bolom Ajaw el 11 de septiembre pasado”, señaló el Centro de Análisis Político e Investigaciones Sociales y Económicas (Capise). De hecho, añade, “su hermano Jerónimo López Urbina fue quien disparó contra el rostro de una de las bases de apoyo zapatistas”.
Se identifica a estas personas como “los agresores directos con garrotes en los cuerpos y las cabezas” de pobladores de Bolom Ajaw. “Ellos estaban entre los agresores que golpearon los rostros de los zapatistas con las cachas de sus machetes; son quienes penetraron en el poblado zapatista el 24 de noviembre, junto con 80 miembros de Opddic del poblado Agua Azul; son quienes sacaron de su casa a un zapatista enfermo, golpeándolo brutalmente”.
El informe del organismo cuestiona que los líderes de Agua Azul consideren “que deslindarse de Opddic los exculpa de las agresiones y amenazas contra los zapatistas”. Aún más, Jeremías López Hernández, presidente del denominado comisariado ejidal de Agua Azul, y Juan García Luna, secretario de Ecoturismo Indígena, “también participaron directamente en ambas agresiones”. Capise precisa: “Decimos ‘denominado’ presidente del comisariado ejidal, porque Agua Azul no es ejido, debido a que está dentro de las 2 mil 580 hectáreas de lo que el gobierno llama Área de Protección de Flora y Fauna Cascadas de Agua Azul”.
Ante la prensa, López Hernández mencionó además “que la zona donde más produce el saqueo de madera de forma clandestina es en Bolo Najaw (sic). Por las noches es cuando llegan carros de bajo tonelaje y con la madera aserrada se trasladan a otras partes con el fin de venderla al mejor postor”, acusación que no demostró. El despliegue publicitario no sólo despierta suspicacias, admite Capise, “también devela actores institucionales involucrados”, incluyendo al Ministerio de Justicia y el Ejército federal.
En días recientes, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), en referencia a la supuesta deforestación en la selva y las cascadas de Agua Azul, declaró que “el Ejército Mexicano combatirá el crimen organizado y brindará seguridad a posibles inversionistas en las zonas boscosas de Chiapas”.
Según la Profepa, “existen nueve zonas de ‘alta ingobernabilidad’”, y afirmó que mientras ésta no se elimine, no llegará ahí la inversión privada. Mencionó a Chimalapas (en Oaxaca y Chiapas) y Montes Azules (Chiapas) como “regiones de mayor prioridad para restaurar (la legalidad) en ellas”.
El informe también cuestiona que el gobierno estatal pague por la difusión de un acto de particulares, que por lo demás “remite a los tiempos violentos del ex gobernador Roberto Albores Guillén. Ahora, el gobierno estatal, el Ejército federal y ex miembros de Opddic realizaron un acto conjunto de entrega de armas en Agua Azul. La estrategia alborista del nuevo ministro de Justicia, Rodríguez Lozano, articulado con el general Marcos Esteban Juárez Escalera (en teoría ex militar), coordinador general de la Policía Ministerial del estado, va mostrando la línea gubernamental sobre el territorio indígena, los recursos naturales, autoridades y pueblos zapatistas”.
Capise manifiesta “seria preocupación por los privilegios y encubrimientos de delincuentes y grupos paramilitares”. Recuerda que se ha denunciado “más de una vez, con nombre y apellidos, a quienes en Agua Azul han cometido delitos del fuero común, así como dentro del código penal federal”. Entre éstos, delitos federales contra la seguridad pública (armas prohibidas), contra la vida y la integridad corporal (lesiones), contra la paz y la seguridad de las personas (amenazas, allanamiento de morada), contra las personas en su patrimonio (robo, despojo de cosas inmuebles –es decir tierras– y aguas, daño en propiedad ajena). Además, bajo el código penal estatal, se agregan privación ilegal de la libertad, daños y despojo.
A pesar de que “el show mediático sólo muestra armas viejas”, la entrega de éstas por los ahora ex miembros de Opddic “confirma las denuncias de los pobladores de Bolom Ajaw y la junta de buen gobierno de Morelia sobre agresiones, disparos y amenazas con armas de fuego, hechas por los pobladores de Agua Azul contra las bases zapatistas”. Al no incluirse en la “entrega” las ya denunciadas armas calibre 38 especial y 38 súper, de uso exclusivo del Ejército, Capise considera “que todavía las tienen en sus manos”.
A todo esto, el súbito ascenso de Amador Rodríguez Lozano al recientemente creado Ministerio de Justicia de Chiapas, en sustitución de la Fiscalía General del Estado, es parte de una pugna interna en el gabinete del gobernador Juan Sabines. Mariano Herrán Salvatti, ex fiscal chiapaneco “enrocado” en la Secretaría de Economía (con sede en su tierra, Tapachula), ha sido duramente criticado en la prensa de Tuxtla Gutiérrez, desde donde hoy incluso se pedía “cárcel” para él, por presuntos malos manejos del presupuesto en la fiscalía.
La pugna no será fácil, pues Herrán Salvatti, quien como fiscal también fue muy poderoso, se las arregló para seguir dentro del gobierno estatal a pesar del asedio. Todo indica que seguirá la turbulencia en el gabinete, mientras el gobernador Sabines intenta impulsar una fiscalía especial para el caso de Acteal, además de promover el decálogo Nunca más, firmado por los tres poderes y, se supone, nada menos que 620 ONG, con la propuesta de que “nunca más” haya violencia contra el pueblo chiapaneco, ni crímenes de lesa humanidad, ni intolerancia religiosa.