Acteal: verdad y justicia denegadas
En la investigación de los hechos ocurridos en Acteal el 22 de diciembre de 1997, la Procuraduría General de la República ignoró las evidencias que constataban la actuación de un grupo paramilitar.
Un día después de la matanza, la PGR atrajo la investigación de los hechos ocurridos en Acteal y de todas las averiguaciones previas originadas en los meses previos en la región de Chenalhó. Los sobrevivientes de Acteal relataron que quienes los atacaron vestían de negro, algunos se cubrían el rostro con pasamontañas y portaban un pañuelo o listón amarrado en la cabeza. Estas descripciones constan en la recomendación numero 1/98 emitida por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.
Las mismas descripciones se aportaron en hechos previos, de los cuales también tuvo conocimiento la PGR: en el expediente penal número 230/98 se consigna que el día 10 de octubre de 1997 se llevó a cabo una emboscada en la comunidad de Chimix, municipio de Chenalhó, en la que resultó muerto César Santiz Pérez y lesionadas dos personas. Los lesionados y testigos describen que sus atacantes “salieron de entre el monte (y eran) aproximadamente unas 15 personas, por lo que empezaron a correr el de la voz y sus acompañantes, ya que dichas personas vestían de color negro y algunos usaban pasamontañas, todos portando armas largas de fuego…” No obstante esta narración, que sugiere la actuación de un grupo organizado, fue juzgado Cristóbal Gutiérrez Gómez, base de apoyo zapatista.
En el expediente penal número 169/98 se consigna que el día 17 de diciembre de 1997 se llevó a cabo una emboscada en el paraje Kestic, municipio de Chenalhó, en la que resultó muerto Agustín Vázquez Secum. Algunos testimonios y declaraciones de sobrevivientes relatan que la emboscada la realizó un grupo de aproximadamente siete personas que se cubrían el rostro con pasamontañas, vestían de azul y portaban armas de grueso calibre. Juan Luna Vázquez, base de apoyo zapatista, fue juzgado como probable responsable del crimen de Agustín Vázquez Secum, crimen que, según la PGR, fue el detonante que motivó se perpetrara la masacre de Acteal. Las evidencias en contra de Juan Vázquez resultaron insuficientes y sospechosas (los testigos afirmaron que lo reconocieron porque al disparar se le cayó el pasamontañas, circunstancia que no pudieron probar en el proceso penal) y por ello el juez primero del ramo penal de Tuxtla Gutiérrez lo absolvió.
El móvil de la venganza en los hechos de Acteal se debilita si consideramos que quienes causaron la muerte de Vásquez Secum supuestamente estaban identificados; además, como aquí se demuestra, existían antecedentes de la actuación de un grupo con vestimenta y modo de operar característico. Cabe la posibilidad de que el modo de operar atendiera a la estrategia de atacar a personas vinculadas al PRI y responsabilizar a zapatistas para generar reacciones en contra de estos últimos.
No obstante las evidencias que indican la presencia de un grupo paramilitar, la PGR evitó investigarlos y en todos los casos en que las víctimas estaban vinculadas al PRI, involucraba a quienes se identificaban como zapatistas en el afán de esconder la presencia paramilitar y fortalecer su hipótesis que sugiere como móvil de los hechos ocurridos en Acteal, la venganza.
En cuanto a la posibilidad de que se diera una confrontación entre zapatistas y un supuesto grupo de autodefensa, como sugiere la revista Nexos, la hipótesis resulta absurda y descabellada. Basta leer los dictámenes médicos sobre las personas lesionadas, así como de quienes perdieron la vida, para comprender la dinámica de los hechos: muchas personas adultas recibieron disparos en la espalda, los glúteos y las piernas, los niños y niñas los recibieron en la cabeza o el rostro. No se necesita ser criminalista para concluir que quienes sufrieron estas lesiones fueron alcanzadas por disparos hechos mientras huían buscando no ser alcanzados por las balas, lo que resulta incompatible con haberse encontrado en medio de dos fuegos. También resulta incompatible con esta hipótesis las lesiones con armas punzocortantes causadas a las víctimas. Varias de ellas presentan lesiones propias de reacciones defensivas utilizando los brazos y las manos.
Lo ocurrido en Acteal y los hechos previos revelan la actuación de un grupo paramilitar, que al igual que lo hacía la organización Paz y Justicia en la zona norte de Chiapas, desplegaba una política de ataque sistemático a comunidades y personas vinculadas al EZLN. Quizá por ello, el gobernador del estado durante su reciente informe de gobierno se refirió a la masacre de Acteal como un crimen contra la humanidad. Desde luego que el hecho de que el mandatario defina la masacre de tal modo, conlleva la necesidad de una investigación imparcial y objetiva que revele la verdad de lo ocurrido y consigne a los responsables, incluyendo aquellos que desde los niveles más altos del gobierno diseñaron esa política.
Hasta hoy, ni el gobierno federal ni el del estado han mostrado un interés genuino por investigar seriamente los hechos. Sólo han respondido a los reclamos sociales que se intensifican cada aniversario, y han reciclado una y otra vez la Fiscalía Especial para el caso Acteal. El décimo aniversario de la masacre debería ser la oportunidad para que las instancias de justicia informaran el avance real de las pesquisas y mostraran verdadera voluntad de investigar objetivamente los hechos.
Sólo de esta manera el gobierno federal cumpliría con sus obligaciones internacionales y nacionales en materia de derechos humanos que le imponen la investigación eficaz de las violaciones a las garantías fundamentales, respetando el derecho a la verdad y la justicia de las víctimas, sus familiares y la sociedad que ha resultado agraviada por tan horrendo crimen.