El fallo beneficia a ex guerrilleros argentinos
Rechazan igualar delitos de rebeldes con crímenes de lesa humanidad
Buenos Aires, 22 de diciembre. El Poder Judicial argentino rechazó encuadrar los delitos cometidos por la organización guerrillera Montoneros durante los turbulentos años 70 como crímenes de lesa humanidad y señaló que en consecuencia los delitos han prescrito y no habrá juicios relacionados con estos hechos.
La Cámara Federal de Buenos Aires consideró que se trata de crímenes “aberrantes”, pero “no basta el conmensurable daño ocasionado” para que se les equipare con las violaciones a los derechos humanos cometidos por el aparato represivo del Estado durante la dictadura de 1976 a 1983.
El fallo responde al caso puntual de la voladura del comedor del Departamento Central de Policía el 2 de julio de 1976 por Montoneros, atentado en el que murieron 24 personas y por el que un sobreviviente solicitó enjuiciar a siete ex guerrilleros.
El ataque, que dejó además 60 heridos, fue uno de los más grandes perpetrado por esa organización guerrillera peronista de extrema izquierda, y se produjo a tres meses del golpe de Estado que el 24 de marzo de 1976 inauguró la más cruenta dictadura en la historia del país, que según organizaciones de derechos humanos dejó un saldo de 30 mil muertos o desaparecidos.
En sus fundamentos el fallo subraya que los crímenes de lesa humanidad, considerados por el derecho penal internacional como imprescriptibles, sólo pueden ser cometidos por agentes del Estado “en ejecución de acciones gubernamentales o por un grupo con capacidad de ejercer un dominio y ejecución análogos al estatal”.
La decisión judicial beneficia al ex jefe Montonero Mario Firmenich y a otros ex miembros ese grupo.
En tanto, el caso relacionado con el decomiso de 800 mil dólares en agosto pasado, que supuestamente provenían del gobierno de Venezuela para ayudar a financiar la campaña presidencial de la hoy presidenta Cristina Fernández, siguió generando reacciones en Buenos Aires.
El gobierno argentino negó que el empresario venezolano-estadunidense Guido Antonini Wilson, a quien el 4 de agosto le fue incautado un maletín con el dinero, haya visitado las oficinas de la presidencia, como señaló el pasado jueves la fiscal María Luz Rivas Diez, al citar a una testigo del caso, asistente del funcionario que había rentado el avión Cessna Citation en el que llegó Antonini Wilson.
El jefe de gabinete, Alberto Fernández, señaló que el gobierno argentino “no registra ningún ingreso con ese nombre y apellido” a la sede presidencial, conocida como Casa Rosada.
El funcionario reiteró que el caso ha sido magnificado por “una formidable acción de (los servicios de) la inteligencia estadunidense”, al acusar a los organismos de ese país de llevar adelante un campaña en ese sentido.
“Todo me parece un formidable disparate y una operación que se va acomodando de acuerdo a las necesidades políticas de quienes la impulsan”, insistió Fernández.
El asunto del maletín con 800 mil dólares provocó la semana pasada la detención de tres venezolanos y un uruguayo en el estado de Florida.
Esta semana un gran jurado comenzó a recibir los documentos con que la fiscalía estadunidense pretende demostrar que esas personas –y un tercer venezolano que se encuentra prófugo– fungieron en territorio estadunidense como agentes encubiertos del gobierno de Venezuela.