Júbilo de grupos de derechos humanos argentinos por la decisión de jueces italianos

Solicita Italia la detención de 140 militares de Chile, Argentina, Uruguay, Paraguay y Brasil

Son responsables de haber participado en la Operación Cóndor para asesinar a opositores

El fiscal del Tribunal Penal de Roma va tras el ex dictador Jorge Videla y Emilio Massera

Stella Calloni (Corresponsal)

Buenos Aires, 25 de diciembre. Organismos de derechos humanos locales celebraron aquí la decisión de autoridades judiciales de Italia de solicitar de nuevo la detención de unos 140 militares de Argentina, Uruguay, Paraguay, Chile, Bolivia y Brasil por su responsabilidad en Operación Cóndor, la coordinadora criminal de las dictaduras del Cono Sur, montada en el contexto de la contrainsurgencia diseñada por Estados Unidos en la década de los años 70.

Madres y Abuelas de Plaza de Mayo así como familiares de los detenidos desaparedcidos durante la última dictadura argentina (1876-1893) caracterizaron como un paso más hacia la justicia la decisión de la justicia italiana, que demandó la detención del ex dictador argentino y general retirado Jorge Rafael Videla y el ex almirante Emilio Massera, considerado incapacitado por la justicia local, entre otros.

Hace dos días fue arrestado en  Salerno, Italia, el ex militar uruguayo Néstor Jorge Fernández Tróccoli, ex capitán de navío de la armada uruguaya y jefe de los servicios secretos de la dictadura de Uruguay (1973-1985), y esto hizo que los fiscales a cargo del juicio contra la Operación Cóndor en Italia reactivaran los pedidos de detención de quienes son considerados responsables de crímenes de lesa humanidad mediante una actuación coordinada, que en este caso dejaron más de 25 ciudadanos de origen italiano como víctimas. Trócoli tenía relación directa con Massera y con todos los responsables de la Escuela de Mecánica de la Armada.

El fiscal del Tribunal Penal de Roma, Giancarlo Capaldo, quien desde 1998 lleva adelante las investigaciones sobre la Operación Cóndor, a partir de denuncias de familiares de desaparecidos como los argentinos Horacio Campiglia y Lorenzo Viñas, en este caso por coordinación entre Brasil y Argentina, o los uruguayos Gerardo Gatti, María Emilia Islas, Armando Bernardo Arnone, Juan Pablo Recagno, Daniel Banfi, Andrés Domingo y Héctor Giordano, todos ellos desaparecidos en Argentina.

En este caso se investiga si algunas de las víctimas desaparecieron aquí o en Uruguay, después de que en los últimos años los juicios abiertos en este último país permitieron constatar que hubo más de un vuelo clandestino entre Buenos Aires y Montevideo, para trasladar a los detenidos desaparecidos hacia aquí.

También en el juicio italiano se investiga la desaparición de los argentinos Dora Landi y Alejandro Logoluso –descendientes de italianos– detenidos en Paraguay junto con tres uruguayos y entregados por los militares y la policía paraguaya a marinos e integrantes de los servicios de inteligencia de Argentina, que los trajeron en un avión de la armada para hacerlos desaparecer a los cinco aquí.

El fiscal Capalbo señaló que existe prueba suficiente en la documentación reunida  para demostrar la existencia de esta coordinadora criminal, considerada en la causa argentina, que se elevará a juicio oral, una “asociación ilícita” para espiar, seguir, secuestrar, asesinar, torturar e intercambiar ilegalmente a disidentes de las dictaduras.

Se preveía también la actuación de comandos donde se integraron grupos paramilitares como los fascistas italianos, la Alianza Anticomunista Argentina y los grupos “terroristas” cubanoestadunidenses de Miami, entre otros, en este caso para matar, como fue el caso del ex ministro chileno Orlando Letelier, asesinado en Washington junto con su secretaria estadunidense Ronny Moffit, en septiembre de 1976.

Fernández Troccoli, será interrogado además en Roma sobre la desaparición del matrimonio Dossetti y D’Elia y de otros dos italianos.