Fue propuesta para evitar que los miembros del Congreso incurran en conflictos de interés
Lleva un año congelada la ley anti Diego; los legisladores no tienen prisa en liberarla
Los casos de senadores con graves conflictos de interés, ya que son al mismo tiempo empresarios que impulsan leyes en su beneficio personal o el de familiares y amigos, se multiplican, mientras que desde hace un año se encuentra congelada en la Cámara de Diputados la reforma constitucional encaminada a evitar el tráfico de influencias y el abuso de poder de los integrantes del Poder Legislativo.
La reforma al artículo 62 constitucional y a la Ley Orgánica del Congreso, conocida popularmente como ley anti Diego, fue aprobada en el Senado en diciembre de 2006 y remitida a la colegisladora, donde permanece desde entonces.
Si estuviera vigente, el senador del PRI Jorge Mendoza tendría fuertes limitaciones para presionar, como lo ha hecho, en el caso de iniciativas o proyectos que a su juicio no benefician a Tv Azteca, de la que fue funcionario y a la que sigue ligada.
Igualmente, la senadora del PAN Eva Contreras no podría participar en el dictamen de una modificación a dos leyes ambientales, que permite la destrucción de manglares para edificar conjuntos hoteleros, ya que uno de los beneficiarios es su esposo, un inversionista impulsor de proyectos turísticos.
Tampoco el actual presidente de la Comisión de Turismo, Luis Alberto Coppola, estaría al frente de esa comisión, ya que es un empresario bajacaliforniano, con fuertes inversiones precisamente en el sector turístico del país.
“Son muchos los intereses en juego”: Monreal
El senador panista Rubén Jaramillo, autor de la iniciativa, ha formulado exhortos a la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados para que se dictamine, pero no ha tenido éxito. “Son muchos los intereses en juego”, comentó al respecto el perredista Ricardo Monreal Ávila.
Dijo que es incomprensible que una reforma de la importancia que reviste la ley anti Diego esté congelada en San Lázaro, toda vez que se impide al Congreso en su conjunto poner en práctica autorregulaciones para asegurar que en el trabajo legislativo contará el interés superior de la nación, y no intereses particulares.
Cuando se aprobó la reforma, el perredista Pablo Gómez explicó que se le conocía como ley anti Diego, ya que el ex senador Diego Fernández de Cevallos es el caso emblemático, aunque no el único, de quien aprovechó sus facultades como legislador para lucrar y enriquecerse.
La reforma al artículo 62 constitucional y a la Ley Orgánica del Congreso impide que los legisladores se conviertan en representantes de los poderes fácticos y respondan a intereses particulares, como pueden ser las corporaciones trasnacionales.
Se prohíbe a los legisladores litigar contra el Estado, ocupar cargos en otros poderes que contradigan su función parlamentaria, y se establecen nuevas incompatibilidades, a fin de evitar los conflictos de interés y el tráfico de influencias.
Cuando se aprobó la reforma constitucional, ante el pleno, el coordinador de los senadores del PAN, Santiago Creel Miranda, resaltó que después de 90 años de manterse intocado, el artículo 92 de la Carta Magna era modificado. “Es, además, la primera vez en la historia parlamentaria del país que los legisladores nos autoimponemos limitaciones, sanciones y responsabilidades muy concretas en materia de conflictos de interés y en actividades que han desprestigiado al Congreso”, dijo.
La negociación fue difícil en el Senado, ya que legisladores que son al mismo tiempo empresarios o tienen despachos jurídicos se opusieron a la disposición inicial de prohibir toda actividad remunerada paralela.
A pesar de que ello se eliminó y la reforma sólo establece la obligación de no participar en aquellos temas en que haya conflicto de interés, la minuta sigue atorada en la Cámara de Diputados, ya que los grupos parlamentarios del PRI y el PAN, que encabezan Emilio Gamboa Patrón y Héctor Larios, respectivamente, no tienen prisa en que se apruebe el nuevo ordenamiento.