Proponen addendum especial que reduzca el impacto de la apertura en el agro

Grupos campesinos se organizan para no recibir “tiro de gracia” del TLCAN

Las omisiones del gobierno en 13 años y la pobreza podrían conducir a la inestabilidad

Matilde Pérez U y Miriam Posadas /II

En el paredón del neoliberalismo, cientos de pequeños y medianos campesinos preparan la batalla para sobrevivir y organizan la resistencia para que la última etapa de la apertura del sector agropecuario, en el contexto del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), no se convierta en “el tiro de gracia” para ellos.

En los pasados meses no dejaron de presentar propuestas, desde la de incorporar un addendum de cooperación trilateral para el desarrollo –algo similar al apoyo que recibió España al incorporarse a la Unión Europea– y la creación de un comité bicamaral para dar seguimiento a las relaciones económicas trilaterales, hasta la presentación de las bases jurídicas y económicas para renegociar el capítulo agropecuario del tratado, entre ellas las relativas al incumplimiento de Estados Unidos en torno a la reducción de los apoyos internos para no impactar negativamente el comercio internacional.

La desgravación en 2008 de cuatro productos “sensibles”, como apunta Felipe Torres, integrante del Instituto de Investigaciones Económicas de la Universidad Nacional Autónoma de México, mostrará los desequilibrios de la estructura agrícola mexicana que en 13 años no se corrigieron, mismos que podrían derivar en aumento en los precios de productos básicos y riesgos sociales, “porque ni en Filipinas hay los niveles de pobreza que se viven aquí”.

El Estado dejó de actuar para aminorar las desigualdades con los productores de Estados Unidos y Canadá, los cuales absorben 87 por ciento de las exportaciones agroalimentarias de México y generan 79 por ciento de sus importaciones; desmanteló el sistema crediticio; no hizo nada para evitar el mal uso de los subsidios –aunque en el país la agricultura recibe apenas 5 por ciento, mientras en Estados Unidos se entrega 50 por ciento–; no propició la inversión privada en el sector; abandonó la capacitación e investigación; no construyó infraestructura y menospreció el establecimiento de una política de seguridad alimentaria basada en posibilidades reales de la tierra. Y aunque en los dos pasados años aumentó el presupuesto para el campo, éste es insuficiente, ya que para mitigar la crisis se necesitarían al menos 350 mil millones de pesos, casi el doble de lo que se ejercerá en 2008, abunda el investigador.

La inversión extranjera directa en el sector agropecuario desde la entrada en vigor del TLCAN, señala el Banco Interamericano de Desarrollo, se canalizó a la agroindustria y no a la producción primaria, a pesar de la expectativa generada con la reforma al artículo 27 constitucional (1992). Mientras la política de compensación por la apertura comercial ha sido regresiva, los trabajadores agrícolas sin tierra han sido excluidos y los productores con más de cien hectáreas reciben dos veces más recursos del Procampo que los campesinos con menos de una.

Olegario Carrillo Meza, coordinador ejecutivo de la Unión Nacional de Organizaciones Regionales Campesinas Autónomas, describe la situación:

“La liberalización comercial promovida por el neoliberalismo ha provocado graves problemas sociales y económicos en las comunidades rurales dedicadas a la agricultura; abandono y concentración de la tierra; intensificación de la migración del campo a la ciudad y a Estados Unidos, crecimiento de la pobreza y aumento de la marginación rural y urbana”.

Las trasnacionales de los alimentos están controlando los mercados y destruyendo la capacidad de los pequeños productores, que no pueden competir contra las importaciones en sus propios mercados, añade.

“Está predominando la ley de la selva, según la cual el grande se come al chico, con el resultado de que la agricultura campesina se está llevando a la ruina. Y si los campesinos mexicanos producen más caro no es por ineficiencia, sino porque el precio de los insumos es mayor y los apoyos que reciben no se comparan con los que disfrutan los agricultores de Esta- dos Unidos y Canadá”, dice.

Esta opinión se generaliza entre la mayoría de los dirigentes del sector: “Los campesinos no nos oponemos a la globalización de los beneficios del desarrollo, de los derechos económicos y sociales ni al progreso. Lo que queremos es una relación comercial equitativa y justa”.

Víctor Quintana, fundador del Frente Campesino Democrático de Chihuahua, puntualiza: desde la entrada en vigor del TLCAN, los productores de maíz perdieron casi 51 por ciento de su poder adquisitivo y los de frijol 45 por ciento.

Y si bien la producción de maíz pasó de 18.2 a 22.1 millones de toneladas en dicho periodo, los costos se elevaron en 450 por ciento y su precio –a costos de 1993– se redujo en 2 mil 200 pesos por tonelada.

En el caso del frijol el precio descendió a 3 mil 300 pesos por tonelada y la producción ha sido de altibajos, ya que en 1997 fue de 965 mil toneladas, similar a la de 1980, y en 2006 de 1.1 millones de toneladas, pero el consumo pasó de 16 a 13 kilos, es decir, una reducción de casi 19 por ciento.

Según la Secretaría de Agricultura, “las importaciones de frijol actúan como un complemento y no como sustituto de la producción nacional”, disminuyeron 51 por ciento en el periodo 2001-2006 en comparación con las de 1990-1994, cuando se adquirieron 193 mil toneladas.

En 2007 se estima que la producción cerrará en un millón 203 mil toneladas y el consumo será de un millón 239 mil toneladas. Se prevé importar 35 mil 770 mil toneladas.

Y si bien en el caso del maíz el arancel que en 1994 fue de 206 por ciento fue disminuyendo hasta llegar a cero, durante ese periodo la Secretaría de Economía autorizó importaciones “extra cupo”, que entraron libres de cargos y, por tanto, la pérdida fiscal acumulada fue de casi 3 mil millones de dólares. Para el frijol el arancel vigente hace 13 años fue de 139 por ciento y bajó a 12 por ciento en 2007.

La economía de los dos países ricos que presuntamente “jalaría” a la mexicana –abunda Quintana– se quedó en el camino, ya que durante los 13 años de vigencia del TLCAN se perdieron 2 millones de empleos y las remuneraciones de los trabajadores agropecuarios tuvieron una fuerte caída. En 1994, el salario promedio nacional en pesos de julio de 2002 era de 93.97, y en 2003 apenas de 107.39.

Los datos comparativos respecto de frijol y maíz con Estados Unidos y Canadá son contundentes. La producción promedio nacional del segundo es de 2.5 toneladas por hectárea, contra 8.4 en Estados Unidos y 7.2 en Canadá; en lo relativo al frijol es de 635 kilogramos por hectárea, contra mil 859 toneladas en Estados Unidos y de mil 822 en Canadá. Además, en los primeros 10 años de vigencia del tratado comercial la agricultura tuvo una caída de 14 mil 886 millones de pesos y la inversión se estancó.

El presidente de la comisión especial de la Cámara de Diputados para dar seguimiento al Acuerdo Nacional para el Campo y al capítulo agropecuario del TLCAN, Rutilio Escandón Cárdenas, estima que 8 millones de campesinos serán los más afectados por la eliminación total de los aranceles a los cuatro productos sensibles. “Es una competencia desleal, pues allá (en Estados Unidos y Canadá) hay subsidios y apoyos muy importantes para el campo, mientras en México se han visto muy afectadas las mayorías”, subraya.

Para el dirigente de la Unión Nacional Integradora de Organizaciones Solidarias y Economía Social, Javier López Macías, la mejor manera de afrontar la apertura es “asociándonos para producir, como en Estados Unidos y Canadá. No podemos ser competitivos frente a los agricultores de esos países si seguimos descuartizados”, asienta. Recuerda que 90 por ciento del maíz para abasto nacional proviene de Estados Unidos y 75 por ciento de la leche que comercializa Leche Industrializada Conasupo (Liconsa) se compra en Nueva Zelanda.

El campo mexicano sí es negocio, “pero tenemos que desterrar esa cultura que estorba y hace pensar que más vale solos que mal acompañados, y aprender de los agricultores estadunidenses y canadienses, que priorizan la organización para hacer compras en común y a compactar la tierra para cosechar como mínimo seis toneladas de maíz por hectárea”.