La situación (2)
No era necesario asistir al litigio entre Jaime Serra y Herminio Blanco en torno a la apertura del mercado zapatero nacional, para darse cuenta de que la pauta abierta por el cambio estructural globalizador no puede producir lo que se prometía con ella. Su coronación en el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) propició muchas esperanzas, pero al cabo de unos cuantos años más bien parecía debut, beneficio y despedida de un proyecto que no ha podido autosostenerse y traducirse en las tasas de crecimiento económico que la sociedad requiere.
En los primeros años del milenio pudo documentarse un déficit de empleos formales cercano a los 5 millones de personas, que para sobrevivir tuvieron que emigrar o engrosar la filas de la rebelión de nuestro tiempo: la informalidad laboral, la desocupación como forma cotidiana de vida, el no hacer nada o la criminalidad y la anomia. Si a esto sumamos los millones que previamente se habían ido o fundado el mundo del trabajo precario e inseguro, tendremos un panorama contra el cual las esperanzas que buscan infundir Felipe Calderón y su secretario de Hacienda, Agustín Carstens, sólo pueden servir para empedrar el camino del infierno. No hay truco estadístico que amortigüe las fracturas familiares y personales que produce esta desocupación y subocupación masivas, mucho menos que compense la pérdida de futuro que encarna en los millones de jóvenes sin perspectiva ni expectativa de mejoramiento material y cultural. El abandono demográfico del mundo rural, junto con su desolación productiva, cierran el candado y nos ponen de frente a una situación que no admite eufemismos.
Mantener la pauta de economía abierta y de mercado, el famoso modelo alternativo a la industrialización dirigida por el Estado, requería que se tomara en serio la apertura y sus dislocamientos inevitables, y desde luego que no se incurriera en espejismos e ingenuidades con los efectos, virtudes y maravillas del mercado. Es decir, tendría que haberse puesto por delante al Estado y habilitarlo para desplegar nuevas políticas e iniciativas económicas y productivas destinadas a fortalecer el mercado y la capacidad de respuesta y asimilación de las empresas de las nuevas circunstancias creadas por el cambio globalizador. Nada de eso se hizo, por temor a que renacieran los acuerdos corporativos o por fervor neoliberal, pero el resultado está ahí, como el dinosaurio de Tito Monterroso: un corporativismo parasitario pero no por ello menos depredador, sin capacidad real de encauzar el conflicto social como en el pasado, un Estado adormecido y retraído, sin reales resortes de acción e innovación, y una empresa diezmada, sometida al chantaje de sus supuestas cúpulas, acorralada por la competencia salvaje y aherrojada por un rentismo financiero que hace las glorias de su majestad Juan Carlos pero no aporta un gramo al financiamiento del desarrollo nacional.
No se preparó a la industria petrolera nacional para aprovechar los vuelcos en el mercado, no se le reformó para volverla una empresa de clase mundial, se le impidió el mínimo desarrollo de sus actividades derivadas como la petroquímica y la refinación, y sus recursos financieros fueron expoliados para el gasto corriente del gobierno federal y de los estados, con lo que Fox y Gil Díaz cerraron los varios pactos de simulación y lealtades con los gobernadores y sus cohortes en el Congreso.
Al estallar el “pactismo” corporativo y estabilizador en 1994 no se le suplió con nada, salvo con la dictadura de la Secretaría de Hacienda y la renuncia del Banco de México a pensar siquiera en los temas y dilemas del desarrollo. En esas condiciones, el presupuesto perdió su dignidad clásica de arena de las prioridades nacionales, y la única noción de competitividad que quedó fue aquella basada en los salarios bajos y congelados, el subsidio ocasional y bajo cuerda y la entrega del crecimiento a las veleidades del mercado americano y los planes inconsultos de las multinacionales.
Volver atrás es imposible e intentarlo sería tan costoso o más que el mantener una pauta ineficiente y ahora claramente improductiva. De aquí la importancia de pensar en reformar las reformas en vez de continuar en una secuela interminable en busca del cáliz sagrado de la competitividad sin innovación y productividad. Una economía abierta y de mercado no está reñida con un Estado activo e interventor, mucho menos con una política industrial a la altura de los retos actuales y de las propias pretensiones de cosmopolitismo neoliberal que no llegó más allá de Houston. Si el Ejecutivo no puede o no quiere, el Congreso y las fuerzas sociales de la producción que queden tendrán que obligarlo, mediante nuevas formas de concertación que se acomoden y nutran en un consejo económico y social que se proponga ir más allá del pacto de cortas miras estabilizadoras y busque la cooperación social para recuperar el desarrollo. Quizás no el tiempo perdido, pero tal vez sí la esperanza de que la aventura de la modernidad productiva todavía puede ser nuestra.