Marcos Roitman Rosenmann

Historia de la sentencia del 11 de marzo

Mientras gran parte de España se congratula por la forma en la cual la justicia dicta sentencia, aunque discrepa con las penas, el Partido Popular (PP), bajo la falsa apariencia de aceptar sus conclusiones, sigue erre que erre en sus trece. Es decir, mantiene la tesis de participación de Euskadi Ta Askatasuna (Patria Vasca y Libertad, ETA), la conspiración y parece no acatar la resolución de los tribunales, según subyace en la declaración emitida por Mariano Rajoy, líder del PP, tras la sentencia. “Apoyamos cualquier otra investigación”, dijo, como si las realizadas por los tribunales, los peritos y los forenses no hubieran dejado claro que los autores materiales e intelectuales de los atentados del 11 de marzo han sido miembros de células vinculadas a Al Qaeda. Aquí se trata de sembrar dudas razonables sobre la transparencia e independencia de los jueces, y poner el acento en sus intenciones y un posible carácter político de la decisión cercana a las posiciones del PSOE.

En esa dirección el ex vocero en la presidencia de Aznar, Miguel Ángel Rodríguez, enfatiza sin rubor que tras el juicio no queda claro que ETA no estuviese implicada. Para agregar una pizca de sal, Melchor Miralles, director de programas especiales de El Mundo, subraya que aún no se desvela la trama de los atentados destinada a desestabilizar al gobierno de Aznar, cuestión que facilitó el ascenso del PSOE al gobierno. De tal explicación deduce la apertura del diálogo entre ETA y Rodríguez Zapatero, al tiempo que extrae el vínculo ETA-Al Qaeda: formar parte de un engranaje terrorista internacional consistente en el intercambio de armas, direcciones y acciones de muerte entre ellas (¿Por qué no el 11 de marzo? ¿Quién puede negarlo con certeza absoluta?). Relato verosímil para los militantes del PP que aún creen en las palabras de Aznar: “hay que buscar adentro a los autores del atentado”. Esta versión sigue siendo implementada tras la sentencia. Y lo más preocupante, emitida por las ondas propiedad de la Iglesia católica: la cadena COPE. Tampoco se rezagan el periódico La Razón y El Mundo. Mientras, Telemadrid emite un especial ahondando en la teoría de la conspiración para derrocar al gobierno de Aznar en la cual confluyen ETA, antisistémicos y el islamismo, sea radical o no. Perece un guión para contrarrestar los efectos que pondría en claro la falta de pruebas sobre las cuales se asentó durante cuatro años la tesis del PP avalando la participación de ETA en los atentados del 11 de marzo. Su castillo de naipes se caería. También su manera de hacer oposición. Por consiguiente, una vez hecha pública la sentencia no habría posibilidad de justificar su pusilanimidad política. Pero en vez de enmendar, su plana mayor comete el error de mantenerse en sus trece. Era de esperarse. La canallada forma parte de una personalidad colectiva a la cual se suelen apuntar los dirigentes del PP.

En esta dimensión cobran fuerza las palabras de Pilar Manjón, presidenta de Víctimas del 11 de marzo, en su comparecencia parlamentaria al increpar a los miembros del PP por mofarse de los familiares y sobrevivientes cuando discrepaban de sus tesis. Implícitamente los llamó cobardes, al tiempo que evidenció la poca honra de Aznar, Rajoy y otros personajes políticos dispuestos a urdir una trama de infamia para salvar a su partido y dejar sin esclarecer los motivos del 11 de marzo.

Para las meretrices de la política todo es válido con tal de encubrir la actuación de un gobierno cuyos principios llevaron a España a una guerra ilegítima de la cual se derivan las razones de los atentados. Ante tal circunstancia, su vergüenza es sinónimo de irresponsabilidad. Una carrera de despropósitos donde su falta de ética toma formas de chulería y desprecio hacia las víctimas cuya máxima ha sido no reconocer su mentira.

La sentencia es clara: el día de los atentados no estaría presente ETA, ni para bien ni para mal. Aunque Aznar lo sabía y el gobierno también, buscó negociar con algunos de sus presos, prometiéndoles un traslado si retrasaban hasta el 14 de marzo el comunicado en el cual negaban su participación. Tampoco aparece, en los más de 500 folios, una trama orquestada por antisistémicos para sacar del gobierno al PP a tres días de las elecciones.

Planificado con anterioridad, su lógica se enquista en la invasión a Irak y en esta dinámica hay una responsabilidad que cabe al gobierno de Aznar, a sus diputados y sus valedores. Millones de españoles se manifestaron en contra de la guerra. Aznar hizo oídos sordos, prefirió la foto de Las Azores inmortalizada con un reguero de muertes y sufrimientos en Irak. Por eso, el PP no puede aceptar la sentencia. Sigue en la mentira política, justificando lo injustificable. Armas de destrucción masiva, guerra humanitaria. Los populares deben salvar a su líder. En su euforia de consejero mundial y profesor, Aznar no asume las consecuencias de sus actos y arrastra a quienes apoyaron con el sí espurio en las cortes la decisión de bombardear Irak.

El 11 de marzo sigue presente. No se escapa de la memoria colectiva. La sociedad española es torturada y presa de una política bastarda de un presidente irresponsable, irascible y prepotente miembro del búnker, cuya aura de caudillo predestinado supuso en Madrid 192 muertos a su espalda y más de 3 mil heridos. Su decisión de participar en una guerra acabó por entregar los restos de soberanía a Estados Unidos, acto que acompañó designando en Naciones Unidas a hombres y mujeres corruptos. Ése fue el caso de Inocencio Arias, quien manipuló los informes para engañar al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas tras los atentados del 11 de marzo. La sentencia pone en su lugar a unos y otros.

Sin embargo, el PP aplica el clásico español: “se acata, pero no se cumple”. En su actitud seguirá manteniendo que el 11 de marzo fue un atentado contra su partido para imponer con un golpe de mano que llevará al PSOE a la Moncloa. Para este viaje no hacían falta alforjas, menos aún la celebración de un juicio ni leyes ni jueces ni fiscales ni abogados ni justicia: bastaba la desaparición de los tribunales. Tal vez era lo que pretendían Rajoy y la derecha española, por suerte no gobernaban...