Separatistas llamarán en breve a un referendo para dividir Bolivia
Virtualmente roto el diálogo del gobierno de Evo Morales con gobernadores opositores
La crisis se ahonda con la ratificación de que hoy se comenzará a pagar el bono a ancianos
La derecha rechaza la pensión que se devengará con ingresos regionales del impuesto al gas
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Evo Morales baila con mujeres en el poblado de Orinoca, donde el presidente boliviano nació, ayer durante un carnaval indígena
Foto: Reuters
La Paz, 31 de enero. Entre acusaciones mutuas de intolerancia quedó virtualmente roto el diálogo entre el gobierno del presidente boliviano Evo Morales y los prefectos (gobernadores) de los departamentos de Santa Cruz, Tarija, Beni, Pando y Cochabamba, que busca una salida a la crisis política del país.
El desenlace parecía perfilarse después de que el gobierno ratificó que este viernes se inicia el pago de la pensión a 852 mil 361 ancianos, financiada con el recorte de los ingresos regionales por los impuestos al gas, a lo que se oponen los funcionarios opositores regionales.
Ni el gobierno nacional ni los prefectos hablaron de ruptura, pero cada parte ratificó sus posiciones innegociables frente a la contraparte, de un diálogo –hasta ahora infructuoso– que arrancó el 7 de enero para zanjar la crisis de fuertes enfrentamientos que venían sosteniendo.
Los prefectos de oposición, que se reunieron anoche en Santa Cruz, enviaron una carta al presidente Morales en la que le señalan que su gobierno decidió “concretar la confiscación de los recursos regionales” para el pago de la denominada Renta Dignidad por una parte, además de que el vicepresidente de la república, Alvaro García Linera, anunció que “no existe posibilidad alguna de revisar el texto constitucional cuestionado en su legalidad”.
Ante esa situación, dice la carta leída por el prefecto cruceño, Rubén Costas, le corresponde al titular del Ejecutivo dar salida a la crisis que vive el país, que sólo tiene dos caminos: “responder a las propuestas de solución planteadas por la región” en torno a los temas de la agenda nacional, “o encaminar al país al referendo revocatorio que usted propuso”.
Paralelamente, el Consejo Departamental de Santa Cruz “instruyó” al prefecto Costas a convocar, en un máximo de tres días hábiles, a un referendo regional, que se realizaría el 4 de mayo, para ratificar el Estatuto Autonómico cruceño –aprobado el 15 de diciembre pasado por la asamblea regional–, lo que el gobierno central, en voz del viceministro de Coordinación con los Movimientos Sociales, Sacha Llorenti, calificó de “ilegal”.