El Congreso de Jalisco protege al procurador

Juan Carlos G. Partida (Corresponsal)

Guadalajara, Jal., 31 de enero. La Junta de Coordinación Política del Congreso rechazó un punto de acuerdo propuesto por la fracción del Partido Revolucionario Institucional para exhortar al gobernador Emilio González Márquez a separar de su cargo al procurador del estado, Tomás Coronado Olmos, debido a que un sector de la sociedad le ha perdido confianza por su presunta participación en una fiesta donde una menor de edad fue violada, sin que hasta ahora las investigaciones sobre el caso, en manos de la Procuraduría, hayan avanzado. Tras la exoneración política que le otorgó la mayoría panista del Congreso, el gobernador reiteró que Coronado Olmos seguirá en el cargo.

Respaldado por el gobernador y el Congreso, Coronado Olmos presentó una demanda penal en contra del ex subprocurador C de la Procuraraduría de Justicia de Jalisco, Víctor Manuel Landeros Arvizu, a quien Coronado ha señalado como orquestador del conflicto judicial en que se ha visto involucrado porque fue en la mesa de un juzgado adscrito a la subprocuraduría C donde se dio entrada a la denuncia presentada el año pasado por la madre de la víctima de la presunta violación y de otra menor que también estuvo en la citada fiesta.

–¿Por qué no se han aplicado las medidas cautelares pedidas por la menor agraviada? –se le preguntó al procurador.

–La Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco es la única instancia que las ha pedido y no la Procuraduría General de la República. Ellos utilizan a los medios; siempre han sido terceras personas y no las directamente afectadas quienes se han presentado a denunciar. Por lo demás, la menor y su madre fueron afectadas por una persona contra la que ya se ejercitó acción penal y, como sabemos, está prófugo (Martín Aguirre, funcionario de la administración panista).

–¿La PJE ha investigado los señalamientos sobre la posible existencia de una red de corrupción de menores en las fiestas denunciadas?

–Cuando haya algo sólido lo tendré que investigar como procurador. No hay más que chismes, algo que fabricaron. Que me den nombres, elementos que tengan para investigarlo, pero no hay nadie que me haya dado elementos. No hay ninguna prueba. Todos han declarado y no se ha encontrado algo. Hay investigación de policías de la PJE; se cita a los supuestos enganchadores, a dos menores de edad, a una mayor, quienes declaran, y la consideración es que no hay nada concreto. Dicen que filman. ¿Dónde están los videos, dónde están las fotos? Dicen que les pagaban. ¿Dónde están los testimonios? Hay muchas cosas que dicen pero no se acreditan.

Tras la exoneración política que le dieron el Congreso y el Ejecutivo esta semana, al procurador sólo le queda salvar el escollo de la Procuraduría General de la República (PGR) para salir limpio.

La jalisciense Guadalupe Morfín Otero, recién designada titular de la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Relacionados con Actos de Violencia en contra de las Mujeres, pidió el 13 de noviembre pasado, en un acto público en el Congreso local y ante el gobernador y el procurador, que se creara una fiscalía especial para investigar el caso.

“Espero que este Congreso anime al Ejecutivo estatal a dejar de ser juez y parte en este caso y a nombrar a un fiscal especial que profundice en la investigación y resuelva, para recuperar la credibilidad de la sociedad en sus gobernantes, o bien que pida explícitamente la atracción de la PGR a través del área específicamente creada para ello. Por esas niñas”, exigió entonces.