Editorial
Pemex: eufemismos privatizadores
Con el inicio de un nuevo periodo ordinario de sesiones en el Congreso de la Unión, a la espera de que el titular del Ejecutivo federal presente una propuesta concreta de reforma energética, parece configurarse una nueva componenda entre los partidos Revolucionario Institucional (PRI) y Acción Nacional (PAN) para impulsar una iniciativa, en un proceso fast track, que ponga a Petróleos Mexicanos (Pemex) –al menos parcialmente– en manos del capital privado.
De acuerdo con información obtenida por este diario, priístas y panistas discuten en la Comisión de Energía del Senado de la República varios anteproyectos de cambios a la legislación secundaria en materia energética, que contemplan, entre otras cosas, la colocación de una parte aún por definir –que sería de entre 20 y 49 por ciento– del capital social de Pemex en la Bolsa Mexicana de Valores, con el fin de “democratizar” la empresa y dar a los accionistas un peso específico en su conducción; asimismo, pretenden acordar una nueva organización del consejo administrativo de la paraestatal –hoy integrado por diversas dependencias del gobierno federal y una representación del sindicato petrolero–, en el que se incluirían integrantes del sector privado, y al que serían atribuidas nuevas facultades en lo que respecta a la toma de decisiones operativas, administrativas, organizativas, financieras, laborales y estratégicas.
Estas medidas suscriben la misma línea que ha seguido el discurso oficial en los últimos meses, que consiste en negar sistemáticamente las intenciones de privatizar Pemex y, al mismo tiempo, presentarla como una empresa económicamente inviable y al borde de la quiebra, afirmar que requiere cuantiosas inversiones para ser “rescatada” ante el agotamiento de los yacimientos actuales de crudo, y justificar, en esa medida, su entrega al capital privado como una forma de frenar una quiebra inevitable que sería, por extensión, de carácter nacional.
Ciertamente, los anteproyectos referidos no plantean una modificación al artículo 27 constitucional, que consagra la soberanía del Estado sobre los hidrocarburos –algo para lo cual sería requerida la aprobación de dos terceras partes del Congreso de la Unión–, pero, para efectos prácticos, se trata de medidas que persisten en el camino de la privatización: colocar en el mercado bursátil una porción del capital social de Pemex implica poner fuera del control del Estado, y a merced de los particulares, la parte proporcional de las ganancias generadas.
Por lo demás, resulta inaceptable que la discusión de un tema de tal importancia para la nación se reduzca a un acuerdo entre el Ejecutivo federal, el PRI y el PAN. Al parecer, poco o nada aprendió el gobierno del proceso de aprobación de la controvertida Ley del ISSSTE, en marzo del año pasado, producto de una componenda entre las mismas fuerzas políticas, por vía de la intervención de Elba Esther Gordillo ante la autoridad federal, que generó enorme rechazo social, precisamente por haber sido discutida y consensuada de espaldas a la ciudadanía
Es necesario insistir en que, en la circunstancia actual, Pemex no requiere que sus ganancias sean colocadas en el mercado bursátil, ni de un nuevo órgano de administración en el que intervengan consejeros ajenos al gobierno y afines a los intereses de unos cuantos; en cambio, la paraestatal necesita que le permitan utilizar las ganancias que obtiene, actualmente confiscadas por la hacienda pública, y que la administración federal en su conjunto sea sometida a una limpia profunda, para erradicar la corrupción que deriva en la fuga de importantes cantidades de recursos públicos, hoy imprescindibles para el desarrollo de una industria petrolera nacional fuerte, rentable y productiva.