Entre los objetivos, que se libere a “presos políticos”
El Frente contra la Represión propondrá una ley de amnistía
El Frente Nacional Contra la Represión (FNCR) enviará al Congreso de la Unión una propuesta de ley que tiene como objetivo que sean liberados “todos los presos políticos del país, se presente con vida a los desaparecidos políticos y no exista más persecución contra luchadores sociales”.
Durante un foro de discusión, integrantes del FNCR analizaron dos propuestas de ley de amnistía: una federal y otra local, que tras su aprobación por el organismo se presentarán ante el Legislativo federal y del estado de México.
Al respecto, la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Senado, Rosario Ibarra, subrayó que ambas propuestas deben ser duras y exigir alcances máximos, debido a que los legisladores “intentarán quitar y mover” postulados. Por ello, agregó, realizar movilizaciones sociales en todo el país será fundamental.
El anteproyecto de ley federal consta de 19 artículos en cuatro capítulos, algunos de los cuales establecen que las autoridades deben “decretar la amnistía en favor de todas las personas contra las cuales se haya ejercitado o pueda ejercitarse acción penal ante tribunales federales y locales por delitos derivados de su participación real o supuesta en movilizaciones políticas, reivindicaciones sociales o participación en movimientos armados”.
Otros postulados plantean la presentación de desaparecidos y que se garantice la integridad física y la libertad de personas perseguidas por su participación real o supuesta en los actos mencionados.
Asimismo, propone crear una Comisión Especial Permanente (CEP), cuyo objetivo será instrumentar el cumplimiento “pleno e irrestricto” de la ley de amnistía. Dicho órgano estaría conformado por un representante de las comisiones de derechos humanos Nacional y del Distrito Federal, por los presidentes de las comisiones de garantías fundamentales del Senado y la Cámara de Diputados, un representante de la Suprema Corte y ocho miembros del FNCR. Los gastos para su funcionamiento serían cubiertos por el gobierno federal.
La CEP también podría “realizar inspecciones en centros de readaptación social, casas de detención y arraigo, campos militares, centros administrativos de detención, retenes militares o cualquier otro lugar donde se presuma que puede encontrarse algún desaparecido”.