Antecedentes de la privatización petrolera: la “reforma” eléctrica
El discurso oficial sobre la “reforma” petrolera se mantiene en la vaguedad y elude definir claramente lo que sí se propone. Dice que no va a cambiar la Constitución (ni puede cumplir con los requisitos para hacerlo) pero sí las leyes, por eso se discute en las cámaras el asunto. Dice que no se va a privatizar Pemex, pero se va a dar entrada a la inversión privada a áreas que han sido exclusivas para la nación.
Esas áreas están definidas en los artículos 27 y 28 constitucionales. Si se cambian o no se cumplen, se viola la Constitución. De por sí ésta dice que “tratándose del petróleo, y de los carburos de hidrógeno sólidos, líquidos y gaseosos, o de minerales radiactivos, no se otorgarán concesiones ni contratos, ni subsistirán los que en su caso se hubieren otorgado”. Se han firmado multitud de contratos con empresas privadas en la industria petrolera, constitucionalmente inválidos. Ya están fuera de la Constitución.
Vamos a ver en qué consistió la reforma a la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica, en su artículo tercero. Y vamos a ver sus resultados. Esta reforma viene del gobierno de Carlos Salinas.
La Constitución, en su artículo 27, dice que “corresponde exclusivamente a la nación generar, conducir, transformar, distribuir y abastecer energía eléctrica que tenga por objeto la prestación del servicio público. En esta materia no se otorgarán concesiones a los particulares y la nación aprovechará los bienes y recursos naturales que se requieran para dichos fines”.
El artículo tercero decía que no se considera servicio público el autoabastecimiento “para satisfacer intereses particulares, individualmente considerados.”
El cambio incluye varios incisos. “No se considera servicio público: I. La generación de energía eléctrica para autoabastecimiento, cogeneración o pequeña producción”. Esto se ha prestado a que las empresas que generan electricidad, de hecho, vendan la energía a otras empresas, bajo el nombre de vender servicios de autoabastecimiento.
Luego sigue la parte más importante: “II. La generación de energía eléctrica que realicen los productores independientes para su venta a la Comisión Federal de Electricidad”. Son los particulares que más generan, y la electricidad será utilizada para el servicio público, aunque este artículo diga, al principio, lo contrario.
Los otros incisos implican menores volúmenes de energía: exportación, importación y plantas de emergencia.
Uno de los resultados es que más de 30 por ciento de la energía vendida como servicio público fue producido por empresas particulares, todas ellas extranjeras. Es muy posible que ahora, con las hidroeléctricas del Grijalva prácticamente sin generar, el porcentaje sea ya sustancialmente mayor. La Comisión Federal de Electricidad compra a precios muy caros electricidad generada con gas muy caro, a las empresas extranjeras. Ahora que les compra más energía de punta, el precio promedio es aún mayor.
Ayer se publicó en este diario, en la nota principal, un reconocimiento oficial de la intención de seguir aumentando la participación privada en la generación de electricidad.
Si nos imaginamos algo similar en la industria petrolera, parte de las instalaciones petroleras serían privadas y Pemex estaría comprándoles a precio carísimo, como ya sucede con la gasolina por la negativa de los tecnócratas durante décadas a instalar nuevas refinerías de Pemex y en México.
Los funcionarios y políticos de derecha dicen que no quieren esto o lo otro. Lo que ya hicieron en la industria eléctrica muestra otra cosa. Así como ahora le cobran a los grandes consumidores la energía en horas pico más barata que en diciembre, les cobrarían la gasolina o el diesel o el gas a precios de ganga; que se amuelen los pequeños usuarios.
No se trata de cuestiones negociables. Si violando la ley hacen lo que hacen, el que se cambie un poco la redacción de un artículo o dos no les va a impedir dar pasos adicionales en la entrega del petróleo, como ya lo mostraron con el servicio público de energía eléctrica.