El Estado “renunciaría a las ganancias” y “sería una privatización doble”, señalan expertos

Avanza la idea de llevar hasta 49% del capital social de Pemex a bolsa

Democratizar la propiedad de la petrolera, argumento en el Senado para colocar acciones en el mercado bursátil

También se discute incorporar “prácticas corporativas” en la gestión

Israel Rodríguez J.

La colocación de una parte del capital social de Petróleos Mexicanos (Pemex) en la bolsa de valores es una de las alternativas para abrir la participación privada en la empresa estatal, junto con la creación de un “directorado”, que introduzca “prácticas de gobierno corporativo”, de acuerdo con anteproyectos que son discutidos en la Comisión de Energía del Senado, en debates que hasta ahora no han sido públicos.

Información obtenida por La Jornada revela que entre las propuestas que serán llevadas a discusión por senadores de PRI y PAN como parte de la denominada reforma energética, se incluyen cambios en la legislación secundaria, principalmente en la Ley Reglamentaria del Artículo 27 Constitucional en materia de petróleo; Ley de Obra Pública; Ley de Adquisiciones y Ley Orgánica de Pemex.

Al menos tres propuestas que se analizan en el Senado coinciden, por un lado, en privatizar una parte del capital social del organismo mediante una colocación en la bolsa, cuya proporción, todavía no definida, oscila entre 20 y –las más osadas– hasta 49 por ciento, y dar a los accionistas particulares un peso decisivo en la conducción de la empresa. Con esta medida de pulverización se espera “democratizar” el capital social de la petrolera.

Por otro lado, se propone dar autonomía presupuestal y de gestión a Pemex para que el consejo de administración –bajo dominio privado– defina rumbo y destino de la paraestatal.

Ganancias futuras

Fabio Barbosa, académico universitario y especialista en temas energéticos, comentó que la emisión de acciones vía mercado bursátil, significaría comprometer aún más las ganancias futuras de la empresa más importante de América Latina. “Significaría privatizar y pasar a las manos de los propietarios particulares de esas acciones las ganancias futuras que pudiera obtener la empresa.”

Se comprometerían aún más los recursos que generaría la empresa, pues se tienen comprometidos flujos de efectivo a futuro que ascienden a casi un billón de pesos, con el abultado endeudamiento con particulares al que se ha sometido la empresa con los proyectos de inversión financiada con impacto diferido en el gasto.

Agregó que “si colocaran vía bolsa un porcentaje de 20, 30 o 49 por ciento del capital social de Pemex también representaría que esas ganancias quedarían fuera del control del consejo de administración de la paraestatal y, por ende, del Estado”, advirtió.

Víctor Rodríguez Padilla, asesor en el Congreso alertó, que la emisión de acciones que permitieran a sus tenedores obtener beneficios de los rendimientos de Pemex sería equivalente a una doble privatización: la del capital social y la de la toma de decisiones, incluyendo las operativas, administrativas, organizativas, financieras, laborales y estratégicas.

Según algunos legisladores de PAN, PRI y sus aliados, quienes pretenden impulsar la inclusión de inversión privada en Pemex, bajo la bandera de “vamos a rescatar a Pemex y preservar la rectoría del Estado en el sector”, la estrategia consiste básicamente en 10 puntos de la llamada reforma energética, comentó Rodríguez Padilla.

Destacan la concesión y apertura de los oleoductos y poliductos; alianzas estratégicas o tecnológicas para la explotación petrolera en aguas profundas, en particular en el caso de los yacimientos transfronterizos.

Así como la bursatilización de Pemex mediante la apertura de una proporción –aún indefinida– del capital social de Pemex.

Además, cambio en la organización interna y en las facultades del consejo de administración y la reunificación de Pemex y la aplicación de las denominadas prácticas de gobierno corporativo con la inclusión de consejeros independientes en la firma.

Otro punto es la pretensión de transferir al sector privado la explotación de yacimientos marginales y pozos abandonados por Pemex, siguiendo el ejemplo de la apertura neoliberal en Venezuela, en la década de los 90.

También se pretende autorizar la figura de productores independientes de refinados y de petróleo crudo, que sería la versión petrolera de lo que hizo Carlos Salinas con la electricidad en 1992.

Además, se propone crear un “directorado” para administrar los contratos de riesgo. Rodríguez Padilla, doctorado en economía de la energía con mención honorífica en la Universidad de Grenoble, Francia, explicó, que la idea es crear una institución de mercado parecida a las existentes en Noruega, Brasil y Canadá. La función principal del “consejo de hidrocarburos” será administrar, a nombre del pueblo mexicano, la exploración y explotación del petróleo, el gas natural y los demás hidrocarburos por parte de empresas privadas, públicas o mixtas.

Luego de cuadricular el territorio nacional, asignará bloques resultantes al mejor postor, para que opere bajo un título de concesión o un contrato de riesgo.

Rodríguez afirmó que la estrategia del gobierno, del PAN y de legisladores del PRI para impulsar la reforma consiste, primero, en establecer un diagnóstico catastrofista, para luego proponer el “rescate”, que resolverá los problemas, sin costos para nadie y en beneficio de todos los mexicanos. En tercer lugar, se dirá que hay urgencia, que se debe actuar ya.

Se planea, anticipó, hacer pública la “reforma” cuando todo esté acordado entre Ejecutivo, PAN y PRI, además de limitar el debate al Congreso, para no dejar que la sociedad intervenga. “El Senado será la Cámara de origen y se pretende aprobar esta iniciativa en un proceso fast track, como se hizo con la Ley del ISSSTE”.

Indicó que esta estrategia se acompañará con una campaña mediática “mentirosa y descalificadora de quienes se opongan”. El gobierno, dijo, justificará la reforma por el aumento exorbitante de los pasivos laborales que mañosamente se han inflado desde finales de los 90 para llevar a los organismos a la quiebra contable. También se buscará dividir al PRD, que se opone a cualquier reforma, apoyándose en los detractores de Andrés Manuel López Obrador, “presidente del gobierno legítimo”.