Editorial
Quintana Roo: lastres antidemocráticos
Las elecciones legislativas y municipales realizadas ayer en Quintana Roo constituyeron un lamentable muestrario de las prácticas antidemocráticas tradicionales en el país y exhibieron la falta de evolución cívica del Partido Revolucionario Institucional, que gobierna en esa entidad: acarreos, compra y coacción del voto, agresiones físicas a opositores y utilización facciosa de recursos públicos son algunos de los señalamientos formulados por la oposición local. Por su parte, priístas y autoridades estatales no escatimaron acusaciones contra las fuerzas políticas rivales y se adelantaron a la institución electoral para anunciar un carro completo al estilo de siempre.
El tono general de esos comicios y de las campañas que los precedieron estuvo marcado por el intenso intercambio de descalificaciones y acusaciones entre partidos, coaliciones, candidatos y dependencias oficiales, fenómeno que se repitió –aunque en menor medida– en Baja California Sur, donde ayer la ciudadanía fue también convocada a elegir diputados locales y presidentes municipales.
Aunque el PRI y el PAN conforman en lo nacional una alianza gobernante de hecho –que fija la política económica vigente y procura la permanencia de un poder político antidemocrático, excluyente y cada vez más claramente oligárquico–, en los procesos electorales estatales tricolores y blanquiazules se enfrentan entre sí con recursos desaseados.
Sin duda, lo ocurrido ayer en la entidad del sureste es deplorable y aun vergonzoso, pero no puede calificarse de inesperado: no cabría, en efecto, esperar campañas y comicios locales civilizados en un entorno nacional todavía marcado por las graves irregularidades que, durante los comicios presidenciales del año antepasado, cometieron el gobierno foxista, los grupos de interés mediático-empresarial y los propios organismos encargados de organizar y de calificar las votaciones: el Instituto Federal Electoral (IFE) y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).
La degradación de la institucionalidad electoral, el descrédito de los partidos y la regresión de mucho de lo avanzado por la vida política en materia cívica en décadas son hechos que no debieran desconocerse ni minimizarse. De otra manera, el grupo gobernante podrá seguir simulando una normalidad democrática en el discurso oficial, pero en los hechos proseguirá la degradación de la convivencia y el respeto entre expresiones políticas diversas, la inverosimilitud de los procedimientos electorales y el descrédito de las instituciones encargadas de realizarlos y juzgarlos.
En lo inmediato, la ciudadanía ha reaccionado por medio de la abstención mayoritaria –en Quintana Roo fue, al parecer, superior a 60 por ciento, de acuerdo con estimaciones preliminares–, pero si se persiste en no admitir los vicios y la inoperancia de una democracia que deja insatisfechos a amplios sectores del electorado y que es impugnada en cada elección, tarde o temprano el régimen político habrá de enfrentarse con la ingobernabilidad, una perspectiva sin duda indeseable y temible.