Editorial
Derechos humanos: abuso y poco interés del gobierno
Ayer, en el día final de su visita por México, la alta comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Louise Arbour, calificó el empleo del Ejército en el combate a la delincuencia organizada de medida “problemática y fundamentalmente inapropiada”, y señaló que, en el contexto de la llamada guerra contra el narcotráfico emprendida por el gobierno federal, los efectivos castrenses han cometido graves violaciones a las garantías fundamentales, que deben ser investigadas y, en su caso, sancionadas por las autoridades civiles, “y no sólo por la disciplina del Ejército”.
Los señalamientos de la funcionaria, además de ser preocupantes, vienen a reafirmar lo que al respecto han expresado distintos sectores de la sociedad mexicana e incluso la propia Comisión Nacional de los Derechos Humanos: que el Ejército no es policía, y que cada vez que se emplea a las fuerzas armadas para desempeñar funciones que les son ajenas el resultado es, casi invariablemente, un cúmulo de atropellos contra civiles inocentes. Por desgracia, la respuesta del gobierno calderonista ha sido siempre la misma y no parece haber lugar de su parte a rectificación alguna en lo que toca al empleo del Ejército en el combate a la delincuencia organizada: inclusive, el jefe del Ejecutivo reviró el pasado jueves, ante los señalamientos de Arbour, que “en México no hay mayor amenaza a los derechos humanos que la que representa el crimen organizado”, como si con eso se justificaran las vejaciones cometidas por elementos de las fuerzas armadas. En realidad, como subrayó Louise Arbour, “la primera obligación del Estado es proteger y defender la vida y la seguridad física”, tanto ante las organizaciones criminales como de los abusos de efectivos castrenses.
Acaso lo más preocupante de las declaraciones de Arbour es que constituyen un indicador más que claro de que el precario estado que guardan los derechos humanos en nuestro país se ha consolidado como un tema central ante la opinión pública nacional e internacional: muestra de ello es el interés de la alta comisionada de Naciones Unidas, pero también el que han mostrado organismos independientes, como la Comisión Civil Internacional de Observación por los Derechos Humanos, que actualmente realiza su sexta visita en el país y recorre las zonas de influencia zapatista del estado de Chiapas.
Si algo ha caracterizado al actual gobierno ha sido, precisamente, su indolencia e inmovilidad para atender a afectados por los atropellos contra las garantías individuales: no sólo no se han resuelto los casos de abusos en que incurrieron autoridades estatales y federales en la recta final del sexenio pasado –como la represión policial en Lázaro Cárdenas, Texcoco-Atenco y Oaxaca–, sino además se han suscitado nuevas e injustificables vejaciones. Ha de recordarse que en diciembre pasado la directora para América Latina del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil, por sus siglas en inglés), Soraya Long, acusó que “no hay verdadera voluntad política de este gobierno –el federal– de acatar sus compromisos internacionales” en materia de respeto a las garantías individuales, por las constantes omisiones en que la actual administración ha incurrido respecto de las recomendaciones emitidas por organismos especialistas en el tema.
La ausencia de una política gubernamental en materia de derechos humanos –y la falta de interés por tenerla– es algo sencillamente inaceptable en un país pretendidamente democrático. Un gobierno que se ha vuelto violador principal de las garantías individuales carece de autoridad moral para demandar respeto a la legalidad y al estado de derecho.