Tendencias en derechos humanos
En su Informe sobre las tendencias de la administración federal en materia de derechos humanos, el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Prodh) analiza las principales acciones gubernamentales al respecto. Su análisis, sin embargo, no pretende dar cuenta de todas las variables relacionadas con el tema; se centra fundamentalmente en problemas relacionados con la defensa de los casos asumidos por la organización.
La fundamentación que lleva a cabo en cada asunto que trata no es simplemente un requisito para dar credibilidad a sus afirmaciones; responde sobre todo al deseo y a la exigencia ética de hacer audible la voz de quienes ven cada vez más disminuidos los espacios para su participación igualitaria: las víctimas de violaciones a los derechos humanos.
El informe del Centro Prodh aborda en primer lugar el proceso de militarización que tiene lugar en México, bajo la forma del “combate a la delincuencia organizada”, que representa entre otras cosas una suspensión de facto del derecho de libre tránsito. Se denuncia una vez más el hecho de que la participación militar en tareas de seguridad pública ha aumentado los riesgos de violaciones a los derechos humanos, debido a una lógica de guerra que introduce dinámicas verticalistas y autoritarias en la convivencia social.
Al considerar las acciones realizadas por el Ejecutivo federal para reforzar su empresa bélica, es inevitable retomar el estudio de la iniciativa presidencial en materia de justicia penal. En el texto se analiza con detalle la reforma judicial que deberá ser rediscutida en la Cámara de Diputados, pues a pesar de la necesidad evidente de una reforma constitucional en la materia, la iniciativa dictaminada por el Congreso tiende a crear dos sistemas de justicia: uno para la “delincuencia organizada” y otro para la “delincuencia común”.
Esta distinción atenta contra la dignidad humana, al concebir la legislación penal como una arma de lucha contra quienes se supone “ponen en riesgo al Estado”, aun a costa de la reducción de las garantías procesales.
Al documentar las violaciones cometidas o permitidas por autoridades de los tres órdenes de gobierno, el recuento considera las afectaciones derivadas de la persistencia de la impunidad, uno de cuyos casos emblemáticos es el de los delitos del pasado, tema sobre el cual el actual Ejecutivo ha guardado un silencio asombroso y grave. Se trata de un pasado aún presente: una y otra vez la impunidad permea la actuación gubernamental. Su presencia se hace sentir en la ausencia de políticas decididas a revertir la arbitrariedad, con la que los más diversos actores políticos han procedido ante la movilización social.
Volver de nuevo a estos casos será siempre necesario para no olvidar, pero sobre todo para no permitir que los poderes del Estado excedan los límites institucionales, límites que si no existen para el gobierno, tampoco existen para quienes se ven beneficiados por la falta de reglas que garanticen a las comunidades el aprovechamiento de sus recursos o el respeto a su autodeterminación. Las poblaciones no solamente son despojadas de sus bienes, también les es arrebatada su propia voz, al quedar excluidas del debate público y de la protección de las instituciones.
En este sentido, las políticas públicas vulneran sus derechos, al considerar a las personas como beneficiarios, y no como sujetos activos de opinión, acción y toma de decisiones.
Por otro lado, si bien todavía hay voces poco audibles sobre los problemas que padecen los migrantes, también diariamente circulan por el país quienes carecen completamente de ella. Miles de ellos, principalmente de Centroamérica, pasan por el territorio mexicano, exponiéndose a innumerables abusos por parte de grupos delictivos organizados. Pero también allí el gobierno toma parte activa, al criminalizar la estancia de quienes viajan buscando un futuro que les ha sido negado en sus lugares de origen. Es la doble cara de una administración que aplica criterios discriminatorios en razón de la nacionalidad, llegando al extremo de no garantizar a los migrantes su derecho a exponer las razones que les asisten para exponerse a su expulsión. Como si lo anterior no bastase, han sido también puestas bajo sospecha las acciones de quienes movidos por un profundo sentido humanitario comparten casa, comida y vestido, por la ambigüedad del artículo 138 de la Ley General de Población.
El informe presentado por el Prodh señala en verias ocasiones las responsabilidades de los diversos poderes. Sin embargo, se centra en las acciones del Ejecutivo, para concluir, a partir del estudio de sus prioridades, que la falta de voluntad y la necesidad de legitimación, mediante el recurso a medidas espectaculares, no permite esperar del actual régimen una política firme orientada a garantizar el respeto a los derechos humanos de quienes residen o transitan por el territorio mexicano. Sin embargo, el informe no es pesimista, pues considera que ninguna situación es irreversible. Para ello es indispensable seguir apostando por tornar audible la voz de quienes experimentan graves dificultades para acceder a los medios convencionales de petición, o carecen de los recursos para denunciar su situación.