Dueños de terrenos que serán expropiados declaran la “guerra” al presidente de EU
Promueven organizaciones contrademanda para detener la construcción del muro fronterizo
Repudio de grupos cívicos, políticos, humanitarios e indígenas en Texas, Arizona y California
Nueva York, 8 de febrero. La oposición de agrupaciones cívicas, políticos, ambientalistas, comunidades indígenas, defensores de derechos humanos y de propietarios de terrenos del lado estadunidense contra el muro fronterizo está alcanzando niveles que un activista caracterizó de “guerra” contra el plan de George W. Bush, y hoy organizaciones comenzaron la defensa de estas tierras y promovieron una contrademanda legal contra el Departamento de Seguridad Interna.
El gobierno desea construir una valla que se extenderá unas 670 millas en la frontera –180 del total en Texas–, y hasta ahora ha logrado construir casi 300 millas y los planes para completarla son a fines de este año.
En enero, Washington notificó a 135 propietarios de terrenos en Texas, Arizona y California que debían permitir el ingreso del gobierno para evaluar sitios para construir el muro. De este total, 102 se negaron a otorgar el permiso; 71 de ellos están en Texas, reportó el Dallas Morning News.
“Es una violación de los derechos de propiedad”, protestó el alcalde de Eagle Pass y acusó al Departamento de Seguridad Interna de manipulación. Como respuesta, el gobierno federal presentó demandas contra los que se han rehusado para obligarlos a ceder.
Esta semana se inició la defensa legal de unos 50 dueños de terrenos contra la amenaza del Departamento de Seguridad Interna de confiscar sus terrenos si no permiten el acceso, perforación de hoyos, derecho de remover estructuras y hasta cultivos a discreción de las autoridades federales durante seis meses, como parte de los preparativos para ubicar y construir el muro.
Estos 50 son parte de unos 100 propietarios que se han negado a autorizar al gobierno federal a ingresar y utilizar sus terrenos para estos propósitos; se calcula que podría haber unos 200 afectados en total.
A la vez, esta semana dos de los propietarios presentaron una demanda legal colectiva (se presenta a nombre de una agrupación de afectados y se pueden sumar más) contra el titular del Departamento de Seguridad Interna, Michael Chertoff. Uno de los demandantes es Eloisa Tamez, descendiente de vascos que migraron hace décadas y de indígenas estadunidenses, cuya tierra ha estado en su familia más de 250 años.
En su demanda afirman que el muro resultaría en daños sobre “el carácter y uso de tierras” desde hace siglos. Argumentan que el gobierno no tiene derecho a entrar y modificar esas propiedades sin negociaciones y procesos legales. Los abogados calculan que los afectados podrían ser unos 200.
El gobierno rechaza los argumentos, e insiste en que sí intentó negociar de buena fe, que los tribunales confirman su derecho de acceso a esos terrenos y que se han llevado consultas públicas sobre el asunto.
Medios locales como el Austin American-Statesman informan que a pesar de que el Departamento de Seguridad Interna dijo que había realizado 18 consultas abiertas al público en el valle del río Grande –donde se desea construir por lo menos 70 millas del muro–, ninguna de esas consultas se ubicaron dentro de ese lugar.
Chertoff ha manifestado su frustración por estos obstáculos, e indicó en un foro en Harvard que estos propietarios lo sienten “de manera personal”, por lo que “presentan demandas legales o crean agitación política contra la construcción de la valla”, reportó la agencia Reuters.
Opositores estadunidenses al muro en Texas se han movilizado desde hace meses. Alcaldes de varios pueblos y ciudades de la frontera viajaron a Washington hace un año para expresar su firme rechazo a esa construcción en reuniones con Chertoff, altos funcionarios y legisladores. Los alcaldes de El Paso, Del Río, McAllen, Brownsville y Laredo y Tagle Pass, entre otros, mantienen su repudio contra lo que es una propuesta para construir un muro de 70 millas en la frontera entre Texas y México.
A fines del año pasado se sumaron agrupaciones ambientalistas como Sierra Club de Texas y los Defenders of Wildlife, reprobando al gobierno por no respetar las regulaciones ambientales y realizar evaluaciones de impacto ambiental de este proyecto.
“Existe amplia oposición al muro fronterizo”, dijo Peter Schey, uno de los abogados encargados de presentar la demanda legal contra el gobierno, y director del Center for Human Rights and Constitutional Law, a La Jornada en teleconferencia con periodistas.
Los propietarios que sí han autorizado el ingreso del gobierno a sus terrenos, indicó, lo hicieron bajo amenaza de confiscar sus tierras. Señaló que también hay oposición “de indígenas, empresarios, ambientalistas y agrupaciones de derechos humanos” en varias partes de la frontera, no sólo en Texas sino también en Arizona y California.
Schey informó que el juez escuchó los argumentos legales y ahora está evaluando si procede la demanda del gobierno o la contrademanda de los afectados.