Considera el blanquiazul en el Senado que es innecesario cambiar el 38 constitucional
Frena el PAN reforma sobre pérdida de derechos políticos de procesados
La modificación nos pone en armonía con el mundo, afirma el perredista Arturo Núñez
El Partido Acción Nacional (PAN) frenó en el Senado la reforma al artículo 38 constitucional, que permite a quienes están bajo proceso penal mantener sus derechos políticos.
La reforma se aprobó ya en la Cámara de Diputados, a partir de varias iniciativas de legisladores de los partidos de la Revolución Democrática (PRD), Revolucionario Institucional (PRI) y del propio Vicente Fox –durante su gobierno–, presentadas después del desafuero del entonces jefe de Gobierno del Distrito Federal Andrés Manuel López Obrador.
La minuta llegó al Senado desde septiembre de 2006, pero no se ha logrado un acuerdo, ya que la fracción panista argumenta que esa reforma permitiría a narcotraficantes y otros delincuentes ser postulados a cargos de elección popular y evadir su responsabilidad penal.
Ese criterio lo reiteró el senador Alejandro González Alcocer durante una reunión de la Comisión de Puntos Constitucionales, el pasado miércoles, lo que provocó que la discusión se difiriera, en busca de un acuerdo. Sin embargo, entrevistado ayer, el legislador panista dijo que ello “no va a ser sencillo ni fácil”, ya que su bancada considera que no es necesario ese cambio a la Carta Magna.
Sentencia de culpabilidad
En la Cámara de Diputados, la reforma se aprobó el 20 de septiembre de 2007. Se modificó la fracción segunda de ese artículo constitucional, a fin de que los derechos y prerrogativas de los ciudadanos sujetos a proceso penal sólo se suspendan cuando haya sentencia y ésta sea de culpabilidad.
La propuesta es que esa fracción segunda establezca que los derechos y prerrogativas de los ciudadanos, entre ellos el de votar y ser votado a un cargo de representación popular, se suspenden: “Por pena de prisión impuesta en sentencia ejecutoriada, desde el momento en que surta sus efectos y hasta su suspensión”.
En el dictamen se argumenta que la redacción actual de la fracción segunda se contrapone con el sistema de protección jurídica nacional, en el que se otorga al inculpado el beneficio de la presunción de inocencia. Ese principio se reconoce en instrumentos internacionales asumidos por el gobierno mexicano.
La reforma elimina además la fracción cuarta de ese artículo 38, en la que se determina que se perderán los derechos políticos “por vagancia o ebriedad consuetudinaria”, bajo el argumento de que se trata de una valoración anacrónica.
El senador del PRD Arturo Núñez dijo que la modificación “pone en armonía nuestro orden constitucional con los instrumentos internacionales protectores de garantías fundamentales. Tanto el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, como la Convención Americana de Derechos Humanos afirman que la suspensión de derechos es por sentencia, no por proceso.
“Sabemos los problemas que esto ha generado, al pretender conculcar derechos políticos a alguien con un proceso penal”.
En igual sentido, el también perredista Tomás Torres resaltó que ese artículo se ha utilizado desde el poder para venganzas políticas o para tratar de frenar a un candidato con posibilidades de triunfo, como hizo Fox con López Obrador en el sexenio pasado.
Sin embargo, el senador González Alcocer insistió en que no es necesaria la modificación, toda vez que el Constituyente “pensó en una suspensión provisional de los derechos, mientras se tienen los elementos para saber si es responsable de un delito, y no creo que eso afecte el principio de inocencia”.
Dijo que los cambios pueden prestarse para que narcotraficantes y otros criminales pretendan evadir su responsabilidad, al poder ser propuestos a un cargo popular mientras se les sigue proceso. Además, agregó, no hay precedente de que se instalen casillas para votar en reclusorios y otros penales.