En puerta, nueva reforma
En la propuesta para la elaboración de una nueva Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, entregada ayer a la Cámara de Diputados, se propone hacer obligatoria la difusión, por parte de los funcionarios públicos, de todo acto que derive del ejercicio de sus facultades, competencias e incluso procesos deliberativos, con lo cual se trata de evitar la declaración de documentos “inexistentes”.
Esa obligación incluye constituir y mantener actualizados los sistemas de archivo y gestión documental de las más de 240 dependencias del gobierno federal.
Aunado a ello, se marca como obligatorio para los servidores públicos de mando superior o equivalente la difusión en Internet de “un extracto” de sus declaraciones patrimoniales, lo que –paradójicamente– obligaría a los comisionados del IFAI Alonso Lujambio, Jacqueline Peschard y María Marván a publicar información que hoy mantienen como confidencial. No obstante, plantea sin distinción alguna la confidencialidad de todos los “datos personales”.
Otro punto neurálgico tiene que ver con la difusión de los convenios o contratos que el gobierno federal suscriba con grupos empresariales o de profesionales, organismos de la sociedad civil, sindicatos y cualquier otro tipo de agrupaciones públicas, privadas, de fundaciones o cualquier institución del Estado. La información que debe hacerse pública abarca los donativos que se entreguen a los sindicatos y a cualquier agrupación.