Las garantías básicas son permanentemente violadas
Extremadamente crítica la situación en Oaxaca, advierten
Oaxaca, Oax., 13 de febrero. La situación de los derechos humanos en Oaxaca permanece “en un estado extremadamente crítico”, advirtió la Comisión Civil Internacional de Observación por los Derechos Humanos (CCIODH).
El portavoz del organismo, Iñaki García García, explicó al dar a conocer las conclusiones provisionales de su nueva visita a Oaxaca, que la marginación social, económica y política de las comunidades indígenas y campesinas, así como de buena parte de la población urbana oaxaqueña, “constituye un escenario propicio para una vulneración generalizada de los derechos humanos”, que incluye “una práctica generalizada de detenciones arbitrarias contra miembros de los movimientos sociales”.
En conferencia de prensa, Iñaki García expuso que durante cuatro días en la entidad, la CCIODH realizó más de 150 entrevistas a ex presos miembros de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO), familiares, abogados y organizaciones, para dar seguimiento a su informe anterior, presentado a principios de 2007, así como nuevas denuncias sobre hechos acaecidos en el año reciente, en relación directa con las causas del conflicto.
Apuntó que muchos de los entrevistados coincidieron en afirmar que en Oaxaca prevalecen “conflictos sociales, comunitarios, poselectorales, etcétera”.
Según García García, “los alarmantes” índices de pobreza y marginación de la entidad contrastan con su enorme riqueza cultural y ecológica, de tal manera que “el problema de raíz se sitúa en una distribución de los recursos profundamente desigual y excluyente”.
Esta situación, añadió, “es histórica, pero en los tiempos recientes se ha reforzado por el avance de las políticas neoliberales puestas en marcha por los sucesivos gobiernos estatales y federales”, con la participación de “grupos económicos europeos y estadunidenses, cuyos intereses llevan a dinámicas de apropiación y despojo, que afectan negativamente a la población en su conjunto”.
Ante esto, recomendó a los gobiernos federal y estatal atender las causas profundas del conflicto político social en la entidad, desmontar por completo el modelo de represión contra las expresiones de disidencia y reparar los abusos cometidos.