Determina SFP cesar e inhabilitar a supervisores de seguridad en Pasta de Conchos
Sanción a funcionarios de la STPS por la explosión en la que murieron 65 mineros
Turna a la PGR auditorías del caso, con la finalidad de que ésta proceda legalmente
Abre juicio de presunta responsabilidad contra ex delegado del Trabajo en Coahuila
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Plantón de familiares de mineros de Pasta de Conchos
Foto: María Meléndrez Parada
La Secretaría de la Función Pública (SFP) determinó inhabilitar y destituir, por un año, a cuatro servidores públicos adscritos a la delegación de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) en Coahuila, tras encontrarlos responsables del accidente en la mina de carbón Pasta de Conchos, donde murieron 65 trabajadores el 19 de febrero de 2006.
Aunado a ello, la SFP ha iniciado un proceso de presunta responsabilidad en contra del ex delegado de la STPS en Coahuila, Pedro Camarillo, además de dar vista a la Procuraduría General de la República (PGR) para que actúe de acuerdo con sus atribuciones legales con respecto a los resultados de las investigaciones efectuadas por la Función Pública.
Tras realizar diversas indagatorias, la SFP resolvió que los cuatro sancionados incurrieron en diversas omisiones en el cumplimiento de sus atribuciones.
Los funcionarios sancionados son el director jurídico, Luis Raúl Sarmiento Villegas; el jefe de oficina, Rogelio Fernando Aguirre Tovalín, y los inspectores federales Mario Alberto Fraga Zamarrón y Jesús Reynaldo Menchaca Medina; todos adscritos a la delegación de la STPS en el estado de Coahuila.
La SFP señaló sobre dichos servidores públicos que, luego de efectuar diversas auditorías, principalmente a lo largo de 2007, “detectó que incurrieron en responsabilidad administrativa al efectuar inspecciones de seguridad de manera inadecuada y no dar seguimiento al resultado”.
Respecto al proceso iniciado contra Camarillo, la SFP indicó en un comunicado que el ex funcionario estuvo a cargo de la supervisión de las condiciones de seguridad laboral donde ocurrió el percance en la mina Pasta de Conchos, yacimiento concesionado por el gobierno federal a la empresa Industrial Minera México.
Tras el accidente, Camarillo se confrontó con el gobernador Humberto Moreira y otros servidores públicos estatales, quienes lo acusaron de solapar la corrupción de los encargados de inspeccionar las condiciones de seguridad de la empresa.
De hecho, los supervisores de la STPS encargados de revisar la seguridad en la mina, antes de la explosión que provocó la muerte de los 65 mineros, responsabilizaron ante el Ministerio Público a Camarillo, de que la carbonera no fue clausurada pese a contar con decenas de puntos inseguros.
Tras las indagatorias, la SFP turnó a la PGR las auditorías que efectuó, a fin de que proceda de acuerdo con sus atribuciones legales, y finalmente sea la que determine en materia penal lo que derive de las indagatorias.