Delicado, plantear que son confidenciales todos los datos personales: comisionado

Riesgo de contrarreforma en acceso a la información pública, alertan en el IFAI

Elizabeth Velasco C.

Mientras el comisionado presidente del Instituto Federal de Acceso a la Información (IFAI), Alonso Lujambio, expresó confianza en que el Congreso haga suya la propuesta de reforma a la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, expertos en el tema y el comisionado Juan Pablo Guerrero advirtieron sobre el riesgo de que se apruebe una “contrarreforma” en la materia.

Miguel Pulido, especialista en derecho, transparencia y rendición de cuentas en materia presupuestaria de la asociación civil Fundar, Centro de Análisis e Información, destacó que la alianza entre priístas y panistas –en un contexto como el actual, en que se intenta reformar el sector energético– puede llevar a un proceso de retroceso en la rendición de cuentas.

“Si en este tema de la transparencia no hay un costo político-electoral, se puede ir hacia atrás”, previno, tras hablar sobre las dificultades que Fundar ha enfrentado para acceder a información sobre los recursos que Petróleos Mexicanos (Pemex) ha destinado a diversos estados mediante subsidios o donativos. “A la fecha no se ha informado cómo se usaron, por ejemplo, 200 millones de pesos que donó al gobierno de Tabasco para construcción de vivienda”.

Abundó: “no hay nada que nos garantice que esa reforma será para mejorar; no de gratis se ha acuñado en México el término ‘contrarreforma’ (...) no siempre abrir una ley significa que vamos a tener un avance; siempre existen la tentación para el poder político de dar pasos hacia atrás”.

A su vez, Guerrero advirtió que aun cuando los avances son innegables en la propuesta que presentaron los cuatro comisionados del IFAI a los diputados, se “hace una distinción tajante al plantear que son confidenciales todos los datos personales”, lo cual es delicado, porque “toda la información del gobierno se refiere a personas con distintos papeles en las relaciones gobernantes-gobernados”.

También sugiere en el artículo 35 guardar los siguientes datos personales: los relativos al patrimonio individual, los económicos, los financieros y los protegidos por los secretos industrial, bancario, fiduciario, fiscal o profesional.

En caso de aprobarse dicha propuesta de ley, alertó, prácticamente sería imposible acceder a información vinculada con averiguaciones previas concluidas, ya que éstas involucran el nombre del denunciante, su participación, las identidades de testigos y otros. O se procedería a eliminar el nombre de los denunciados, en caso de que el dictamen fuera el no ejercicio de la acción penal.

También, refiere, de aprobarse la nueva ley en los términos propuestos, en materia de datos personales, se eliminaría el nombre de los compradores de los terrenos que vendió el Fondo Nacional de Turismo entre 2000 a 2007, caso en el que están involucrados funcionarios y legisladores.

Agregó que si bien se ha elevado a rango constitucional la protección de la vida privada y los datos personales, “a todas luces positiva”, con claridad se “establecen excepciones”, esenciales para garantizar la seguridad jurídica, el orden público, los derechos de terceros y la confianza social.

También hay excepciones, subrayó, “para favorecer la rendición de cuentas y limitar la corrupción y el tráfico de influencias, pues gran parte de la actividad reguladora del Estado sólo se puede transparentar efectivamente por medio del acceso a los datos personales que conoce, valora, pondera, compara y maneja el propio Estado para tomar decisiones (piénsese en concesiones, permisos, autorizaciones, contrataciones, exenciones, subsidios y otros). Tener acceso público a todo ello se dificultará con la definición propuesta de confidencial para todos los datos personales”.