Lo usarán empresas de EU, acusan vecinos, autoridades, etnias y ecologistas de Sonoyta
Frente común en Sonora contra la construcción de basurero tóxico
En la región existen especies endémicas que serán afectadas por la contaminación del agua y del aire, aseguran
El depósito es uno de los cuatro proyectos que la Semarnat autorizó entre 2005 y 2006 en ese estado, Hidalgo y Coahuila
Confían que el cabildo no avale cambio de uso de suelo
Ampliar la imagen Zona desértica del municipio sonorense de Plutarco Elías Calles, cuya cabecera es Sonoyta, donde se planea construir un tiradero de desechos tóxicos. El área está a 30 kilómetros de la frontera con Estados Unidos Foto: Ulises Gutiérrez
Hermosillo, Son., 15 de febrero. Ecologistas, luchadores sociales y pobladores del municipio de Plutarco Elías Calles (Sonoyta) han hecho causa común y se han sumado al cabildo de esa localidad, ubicada al noroeste de Sonora, para impedir la construcción de un centro integral para el manejo de recursos industriales, denominado Cimari, con capacidad para alojar 3 millones 381 mil 948 metros cúbicos de residuos tóxicos, provenientes sobre todo de Estados Unidos, según denuncian los opositores.
El Cimari de Sonoyta es uno de los cuatro tiraderos autorizados entre 2005 y 2006 por la Secretaría de Medio Ambiente, Recursos Naturales (Semarnat) para ser construidos en los estados de Sonora, Hidalgo y Coahuila. Se edificaría en cien hectáreas del ejido Vietnam, que está cerca de la reserva de la biosfera del Pinacate y de fuentes subterráneas de agua, y en pleno corazón de la tierra sagrada de los pápagos, que habitan en ambos lados de la frontera, donde se han organizado para oponerse al proyecto.
La empresa beneficiada por la Semarnat, el Centro de Gestión Integral de Residuos (Cegire), tiene el permiso 26-48-PS-VIII-01-2005 expedido el 13 de octubre de 2005. Según sus planes, estaría en condiciones de captar 45 mil toneladas de residuos al año.
Othoniel Ramírez Ramírez, ecologista y activista social, explica que en la región existen especies endémicas, como el borrego cimarrón, el berrendo y el venado cola blanca, entre otras, que podrían resultar afectadas por la contaminación del agua y del aire, además de que el área está muy cerca de Mexicali, por donde pasan varias fallas geológicas y constantemente hay terremotos que hacen inestable e inoperable el área para el confinamiento de residuos peligrosos.
“En Quitovac se han encontrado restos fósiles de mamuts y otros animales prehistóricos. En esa comunidad existe un ojo de agua que forma una laguna, por lo que resulta inverosímil que la empresa asegure que en las perforaciones de prueba que realizó no haya encontrado mantos acuíferos”, acusa Petra Santos Ortiz, diputada perredista que en abril pasado propuso un pun-to de acuerdo en el Congreso local para rechazar el citado confinamiento.
“Las corrientes subterráneas de agua que cruzan por el área donde se pretende instalar el Cimari desembocan en el mar de Cortés (por Puerto Peñasco), por lo que esa comunidad también se podría ver dañada en el futuro junto con la mayor biodiversidad marina del mundo, como en su momento la calificó Jacques Costeau, el reconocido oceanógrafo francés”, agrega la diputada.
“Afortunadamente el cabildo nunca aprobó el cambio de uso de suelo en el ejido Vietnam, donde se buscaba construir este confinamiento, pero no dudamos que habrá más intentos por retomar esa iniciativa, pero estamos atentos ante cualquier nueva embestida”, señala Santos Ortiz.
Fue el entonces delegado de la Semarnat en Sonora, Florencio Díaz Armenta, quien a finales de 2006 anunció que el Cegire había escogido al desierto de Sonora para instalar el tiradero. El ahora diputado panista local anunció entonces que era cuestión de una semana para que el cabildo de Plutarco Elías Calles concediera la aprobación del cambio de uso de suelo, pero “esa semana resultó ser la más larga de la historia, pues hasta la fecha el cabildo no (lo) ha concedido”, dijo Santos Ortiz.
“Yo creo que la nuestra ha sido una lucha ejemplar, pues tanto las autoridades del municipio como las etnias de la región, los pobladores en general y hasta el párroco del pueblo, junto con nosotros, los ecologistas, hemos ejercido una gran presión para evitar que se construya este tiradero, que iba a ser utilizado principalmente por empresas estadunidenses”, señala Rosa María Oleary, del Comité Ciudadano por el Cambio Democrático, una organización no gubernamental que luchó contra el Cytrar (Confinamiento y Tratamiento de Residuos Tóxicos) cerrado a finales de los años años 90 en Hermosillo.
Oleary señala que la zona autorizada por la Semarnat para el tiradero es una franja vedada para confinamiento de contaminantes, toda vez que estaría a 20 kilómetros de la comunidad indígena pápago de Quitovac y a 30 de la cabecera municipal de Sonoyta.
La tribu tohono o’odham, o pápagos, tiene en México apenas unos cien habitantes, según el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática, pero en Arizona, Estados Unidos, habita nueve comunidades con más de 28 mil habitantes.
Ofelia Rivas, miembro de la tribu, ha denunciado ante la comunidad internacional y grupos indígenas del continente la intención del gobierno federal de afectar su territorio con desechos industriales. “Necesitamos proteger nuestros lugares sagrados… no permitiremos que los contaminen con desechos tóxicos”, comentó en entrevista telefónica.
En 2007 los pápagos solicitaron información a la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos (EPA, por sus siglas en inglés) sobre los peligros de construir un Cimari tan cerca de la frontera, y ésta a la vez solicitó información a la Semarnat. La dependencia mexicana se vio obligada a informar a EPA del proyecto y ésta señaló que hay evidencias de que el permiso de impacto ambiental tiene muchas deficiencias y la obra podría afectar a los indígenas y a la población en general de la región”, señala la diputada perredista Petra Santos.
“Hasta ahora hemos logrado detener la construcción del tiradero tóxico, pero sabemos que el gobernador de Sonora, Eduardo Bours Castelo, está interesado en que se haga ese depósito, sabemos que el gobierno federal también lo quiere, por lo que no dudamos de que de un momento a otro se vuelva a meter la solicitud para el cambio de uso de suelo en el cabildo, ante lo cual realizaríamos de nueva cuenta movilizaciones y llamados a la comunidad internacional”, señala Petra Santos.
Cegire ha realizado tres foros en Sonoyta, con la participación de un importante número de ciudadanos de esta comunidad, y en ninguno ha logrado convencer a los asistentes de que el proyecto del confinamiento es o puede ser de benéfico.
La corresponsalía de La Jornada intentó entrevistar al alcalde y al secretario del ayuntamiento de Plutarco Elías Calles, pero ambos se negaron a contestar las llamadas telefónicas y tampoco han respondido a un cuestionario que se les envió.