La carretera está concesionada a empresa de familiares de Juan Camilo Mouriño
Exigen indemnización por terrenos en Chiapas donde se construyó autopista
Tuxtla Gutiérrez, Chis., 17 de febrero. Al menos siete hectáreas de terreno donde se ubica la autopista federal Arriga-Ocozocuautla de Espinosa, adjudicada a la empresa Concesionaria México España, propiedad de la familia del secretario de Gobernación, Juan Camilo Mouriño, se encuentran ocupadas ilegalmente, debido a que nunca se concretó la expropiación ni se indemnizó a los ejidatarios dueños de esos predios.
La disputa por los terrenos ejidales de la zona donde el presidente Felipe Calderón Hinojosa inauguró la vía, apenas en enero pasado, es considerada por la Secretaría de la Reforma Agraria (SRA) uno de los focos rojos de la entidad.
Según documentos emitidos en el juicio legal interpuesto por ejidatarios de Unión Calera ante la Procuraduría Agraria, la SRA y la Secretaría de Gobierno del estado, el 30 de junio de 2001 los campesinos firmaron un convenio de “ocupación previa” por poco más de siete hectáreas de terreno.
El convenio fue firmado por la entonces secretaria de administración estatal, Nelda Camacho Alayola, y por Rosa Iliana Palacio Ramos, representante de la Procuraduría Agraria, además de la presidenta ejidal, Elvira Fajardo Cruz.
El acuerdo estipula que el gobierno estatal pagaría a ejidatarios de Unión Calera 3 millones 50 mil 412 pesos, en un plazo de 15 días a partir de la firma del convenio, como la indemnización por el terreno de siete hectáreas.
Con el fin de legalizar la posesión, el acuerdo señala que, además del pago, se tramitaría ante la SRA la expropiación del predio, ya que los terrenos en disputa forman parte de la reserva ecológica federal La Sepultura.
En la demanda los ejidatarios explican que al cumplirse el plazo para el pago del terreno el gobierno estatal –que encabezaba Pablo Salazar Mendiguchía– argumentó que no contaba en ese momento con el total del monto de indemnización, por lo que otorgó un pago previo de 920 mil pesos y ofreció liquidar el resto “en breve”.
Afirman que en ese tiempo se inició la construcción de la autopista federal, sin que les fuera otorgado el pago, con distintos argumentos.
A finales de 2007 ejidatarios de Unión Calera solicitaron a la SRA copia del documento de expropiación del terreno con el propósito de reunir pruebas para exigir nuevamente el pago, a lo que la dependencia les informó que, si bien se hizo la solicitud de expropiación, ésta no se concretó, por lo que el ejido continuaba siendo el propietario legal.
En ese contexto, los ejidatarios informaron al actual gobierno estatal que su intención no es apropiarse de los terrenos, porque en ellos ya funciona la autopista, sino exigir indemnización, a lo que el secretario de Gobierno, José Antonio Morales Messner –quien en la administración de Pablo Salazar fue coordinador de asesores–, respondió que ese asunto ya fue finiquitado.
Ante tal respuesta, los afectados interpusieron un juicio por la ocupación ilegal y/o despojo de las siete hectáreas de terreno contra el gobierno estatal y Concesionaria México España.