Concesionarios deben esforzarse por elevar el aforo
SCT: el aprovechamiento de activos carreteros obliga a ser eficientes
El esquema de aprovechamiento de activos carreteros garantiza el financiamiento de infraestructura de alta rentabilidad social por parte del gobierno, y obliga a los concesionarios a ser más eficientes e incrementar el aforo si quieren aumentar sus ingresos, señaló el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos (Banobras) en la justificación de este modelo en las licitaciones convocadas por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT).
La secretaría recurrió en 2007 al aprovechamiento de activos con la licitación del primer paquete de parte de las carreteras rescatadas, y bajo la administración del Fideicomiso de Apoyo al Rescate de Autopistas Concesionadas (FARAC).
En 2008 repitió el esquema para la licitación de un segundo paquete, por considerar que tiene importantes ventajas para el gobierno federal, ya que le permite contar con recursos para la realización de infraestructura necesaria pero de poco interés para los inversionistas, mientras a estos los obliga a ser altamente eficientes y responsable para obtener mejores ingresos.
El Banobras detalló que entre las ventajas de este esquema destaca que los recursos obtenidos por las licitaciones se asignan en primer término al servicio de las obligaciones del rescate carretero, lo que permite un manejo responsable de la deuda y no tiene efectos negativos en las finanzas públicas.
En el caso del segundo paquete de carreteras la concesión actual abarca de 1997 a 2017, por lo que quedan nueve años de compromisos con el FARAC, que cubrirán con parte de los recursos obtenidos en la licitación que considera una concesión por 30 años, y el resto de ese dinero se destinará a alimentar al recién creado Fondo Nacional de Infraestructura.
Banobras puntualizó que este esquema está diseñado para que se desarrollen obras de infraestructura a cargo del gobierno federal y de concesionarios privados. El gobierno contará con parte de recursos excedentes, después de cumplir con el servicio a la deuda del rescate. Mientras, el sector privado tendrá la obligación de desplegar nuevos tramos y modernizar los existentes con miras a mejorar la conectividad e impulsar el desarrollo regional.
A fin de evitar irregularidades, la concesión impone obligaciones a los ganadores de la licitación, como hacerse responsables de la conservación del estado físico de cada tramo, seguridad del usuario y prestar servicios auxiliares.