La dependencia viola la ley al no reconocer la lengua de señas mexicana, dice activista

ONG: discrimina la SEP a sordos; rechaza darles educación bilingüe

La secretaría insiste en enviarlos a escuelas tradicionales; invertir más recursos, el temor, señala

La Ssa tampoco ha cumplido su obligación de publicar una propuesta de reglamento, afirma

Ciro Pérez Silva

La Secretaría de Educación Pública (SEP) viola la Ley General de las Personas con Discapacidad, al no reconocer los derechos educativos de los sordos ni a lengua de señas mexicana (LSM), uno de los 10 idiomas más usados en el territorio nacional, como lengua nacional. Lo que pretende es incorporar a los sordos a escuelas tradicionales o incluirlos en programas en los que se les mezclan con ciegos y personas con otras capacidades, “política educativa que los discrimina ostensiblemente”.

Boris Friedman, asesor de organizaciones no gubernatemtales (ONG) vinculadas con este grupo, destacó que en dicha norma queda asentado que el Estado mexicano tiene la obligación de ofrecerles educación bilingüe en LSM y español, y que tal política educativa es la única que puede permitir a todos los menores sordos acceder equitativamente a una enseñanza regular de calidad en particular, y a una socialización digna en el ámbito escolar, en general.

Sin embargo, la SEP, luego de diversas reuniones con ONG, insiste en “desentenderse” de esta obligación, enviándolos a escuelas tradicionales.

“Ni los sordos hablantes ni los señantes –mal llamados sordomudos– pueden convivir y participar equitativamente en una escuela en la que para la comunicación cara a cara predomine una lengua oral. Por ende, al menos en la educación básica, la SEP tiene la obligación de ofrecerles escuelas en las que puedan convivir entre sí y tener profesores que dominen la LSM y sean para ellos modelos de identidad intercultural a emular. El español, en tal contexto, deberá ofrecerse fundamentalmente como una segunda lengua escrita, pues es la única forma del español que les es sensorial y frecuentemente accesible”, enfatizó.

Boris Friedman admitió que no todos los padres de niños sordos querrán que sus hijos se integren a las escuelas bilingües para sordos, ni se les debe forzar a que lo hagan, por lo que cuando una familia opte por integrar a su hijo sordo en una escuela hispanohablante se le debe permitir que lo haga. “Sin embargo, dado que tales niños tienden a fracasar social y educativamente, por leys el Estado les debe ofrecer la opción de la educación pública y gratuita bilingüe”, insistió.

Mencionó que algunas ONG fueron convocadas a consulta por los asesores de la titular de la SEP, Josefina Vázquez Mota, en sesiones encabezadas por su asesor, Daniel Hernández Franco.

Friedman fue invitado por la Federación Mexicana de Sordos AC, con el propósito de argumentar en favor de la educación bilingüe de sordos. Invitación que se le hizo después de que en la minuta de la reunión del 23 de enero de 2008 se asentó como acuerdo que: “se revisarán las acciones inmediatas que hay que llevar a cabo para avanzar en la integración educativa de las niñas y los niños con alguna discapacidad”, omitiendo cualquier referencia a la integración de los sordos a escuelas bilingües.

En la minuta que corresponde a la sesión del 6 de febrero se asentó como acuerdo que los funcionarios de la SEP “ofrecieron a los representantes de las organizaciones civiles, asistentes a la reunión, que estarían abiertos al diálogo y dispuestos a coadyuvar a resolver los problemas que se presentan en la atención de integración de las niñas y los niños con necesidades educativas especiales”.

Sin embargo, la SEP enfatizó que “para los sordos no habrá integración en la educación bilingüe”, acuerdo que no respaldaron ni enSEÑAme AC, ni la Federación Mexicana de Sordos (Femesor), “pues no estamos de acuerdo con la política de integración o inclusión reiterada en ellas. Me pregunto si la titular de la SEP está al tanto de que algunos de sus asesores están rompiendo la ley, en el fondo, con el banal interés de que las direcciones de enseñanza especial y las normales de especialización –que supuestamente atienden las necesidades educativas de los sordos– no se sientan amenazadas en sus cuotas de poder y presupuesto”, expresó el especialista, quien recordó “ni el actual titular de la Secretaría de de Salud (Ssa) ni su antecesor han cumplido con su obligación” de publicar una propuesta de reglamento para la mencionada legislación.