Ignorancia o interés: he ahí el dilema
Un conocido mío, que jamás había fumado activamente, murió pocos minutos después de acompañar a un grupo de sus amigos fumadores a una larga partida de dominó y tragos. No era necesario que la exposición al humo de tabaco de sus amigos fuese prolongada para saber que eso le pudo propiciar o acelerar un infarto al miocardio. Hoy se sabe que sólo 30 minutos de exposición al humo de segunda mano bastan para provocar daños al corazón similares a los que experimentan los fumadores habituales, incluyendo ataques cardiacos. De hecho, instituciones como el prestigiado Centro para la Prevención y Control de Enfermedades, de Estados Unidos, recomiendan que los pacientes con males coronarios o en riesgo de sufrirlos eviten los ambientes cerrados en los que se permita fumar. Mi amigo no lo sabía.
Los no fumadores que se exponen de manera regular al humo de segunda mano presentan tasas de muerte o de morbilidad 30 por ciento superiores a las de quienes no se exponen, y en el caso de las mujeres embarazadas, produce tanto daño al feto como si ellas mismas fumaran el cigarrillo. Asimismo, la exposición a largo plazo a dicho humo incrementa el riesgo de desarrollar cáncer de mama, principalmente entre mujeres jóvenes premenopáusicas.
Los efectos graves del humo de segunda mano en infantes incluyen síndrome de muerte súbita (o muerte de cuna), inducción y exacerbación de asma, bronquitis y neumonía, infecciones del oído medio, síntomas crónicos de bronquitis y bajo peso al nacimiento.
Además, es neurotóxico, incluso a niveles muy bajos, y la exposición a éste puede atrofiar la capacidad de aprendizaje de los infantes. Otros estudios recientes indican que la exposición a humo de segunda mano durante la infancia tiene efectos negativos en el desarrollo de la espina dorsal, lo que puede conducir a dolores de cuello y de espalda en la vida adulta.
Todos estos argumentos y evidencias científicas parecen no estar presentes en algunas de las discusiones que han generado recientemente las iniciativas de ley para la protección de los no fumadores –del Distrito Federal– y la General para el Control del Tabaco –en la Cámara de Diputados–, y en algunos casos los argumentos en favor del “derecho de los fumadores” se han basado en información científica muy cuestionable o en malas interpretaciones de las propias iniciativas, al hablar, por ejemplo, de una “ley en contra de los fumadores” o de que con ella se busca solamente castigar o perseguir a los fumadores, haciéndolos víctimas de legisladores y de un gobierno que exaltan de manera ficticia la preocupación por la salud.
Algunos de los otrora defensores a ultranza de los derechos de los trabajadores, cuando escriben hoy defendiendo las garantías de los fumadores, no parecen reparar en el grave daño que para la salud de los propios trabajadores tiene el laborar en ambientes contaminados por humo de tabaco. Por ejemplo, en los restaurantes en los que se permite fumar, la contaminación puede ser seis veces mayor que en una autopista muy transitada, y si un trabajador que no fuma trabaja ocho horas continuas en un bar donde se fuma, es como si consumiera media cajetilla de cigarros, y en el caso de las meseras, debido a dicha exposición tienen cuatro veces más posibilidades de desarrollar cáncer de pulmón, comparadas con mujeres que trabajan en otras profesiones. Estas evidencias parecen no conmover a algunos de los hoy defensores, a ultranza, de los derechos de los fumadores.
La planta de tabaco, de origen americano, se conoce desde hace miles de años; Colón la llevó a España, y desde el siglo XVI se explota industrialmente. El auge del cigarrillo como producto de consumo popular se inició en el siglo XIX, y hasta bien entrado el XX se empezaron a describir sus efectos perniciosos para la salud. Si el día de hoy un fabricante de cigarros solicitara una autorización para producir y vender su producto, la autoridad sanitaria –al revisar la evidencia existente– no dudaría en negársela. Desde 1929 existen evidencias científicas muy confiables acerca de la relación entre el cáncer y el uso del tabaco, las cuales se han ido enriqueciendo desde los clásicos estudios de Doll y Hill publicados en el British Medical Journal entre 1950 y 1960 hasta nuestros días, mostrando que los llamados “fumadores pasivos”, es decir, las personas expuestas al humo de tabaco de quienes fuman, tienen riesgos similares de desarrollar las mismas enfermedades que éstos.
Tratándose de un espacio compartido entre fumadores y no fumadores, las inocentes sugerencias que todavía hace una década recomendaban “separar” de manera virtual las áreas, se han estrellado contra miles de evidencias que hoy demuestran la imposibilidad de lograr una división real con tales medidas.
La Sociedad Estadunidense de Ingenieros en Calefacción, Refrigeración y Aire Acondicionado (ASHRAE, por sus siglas en inglés), por ejemplo, concluyó en 2005 que el único medio de eliminar eficazmente el riesgo para la salud asociado con la exposición al humo ajeno en espacios interiores es la prohibición de fumar. Por ello, la simple separación de los fumadores y no fumadores en un mismo espacio aéreo, sin ninguna barrera que vaya del piso hasta el techo, no elimina –y en muchos casos ni siquiera reduce– la exposición al humo de tabaco ajeno. Por ello, se ha demostrado la inutilidad de tener áreas compartidas; es como si en una piscina hubiera simultáneamente un área donde se puede orinar y otra en la que no es posible hacerlo.
La industria restaurantera ha expresado su legítima preocupación ante la posibilidad de que en sus negocios se establezcan espacios 100 por ciento libres de humo de tabaco, y con ello perjudicar sus actividades. La experiencia internacional, sin embargo, demuestra que la prohibición de fumar en bares y restaurantes es mayoritariamente apoyada –por fumadores y no fumadores, parroquianos y empleados– y no afecta económicamente los establecimientos.
Estudios realizados por el Departamento de Salud de Texas, por el Centro para la Prevención y Control de Enfermedades y por otras entidades demuestran que la prohibición de fumar no provocó ningún cambio estadísticamente importante en los ingresos de los restaurantes y bares en estados o municipios donde está en vigor (incluyendo California, Connecticut, Delaware, Maine y Nueva York). Más aún, otros estudios indican que el ambiente 100 por ciento libre de humo puede beneficiar este tipo de negocios, al aumentar el bienestar de los clientes y empleados y propiciar que los no fumadores acudan a establecimientos que de otra manera evitarían. Es decir, alguien acude a éstos por necesidad o por placer, no porque se permita o no fumar ahí.
Otros beneficios de los entornos libres de humo de tabaco es que contribuyen a reducir el tabaquismo de manera más eficaz que los esfuerzos dirigidos hacia los fumadores. Las únicas que se quejan cuando se establecen espacios totalmente libres de humo son las empresas tabacaleras, que ven disminuidas de manera importante sus ventas. La misma industria fue la primera en conocer (y ocultar al público) estos hechos contrarios a sus intereses. Un documento interno del Tobacco Institute reconoció desde 1985 que “incluso la más débil de las restricciones del acto de fumar en los lugares de trabajo le está costando a esta industria 233 millones de dólares al año”.
No hay una ley nacional, un acuerdo o un tratado internacional que instituya un “derecho a fumar”; en cambio, nuestra Carta Magna y diversos compromisos jurídicos mundiales consagran los derechos a la vida, a la protección de la salud y a un medio ambiente sano. De ahí que resulten increíbles las críticas hacia legislaciones que simplemente buscan proteger el derecho de quienes no fuman a un ambiente limpio y libre de contaminantes.
Las leyes que comentamos también han sido criticadas porque su promoción se hace mientras no se han resuelto graves problemas de contaminación ambiental y de salud, grandes asuntos que, a juicio de algunos, deben ser resueltos, y hasta entonces proceder a revisar estos “temas menores”, que están matando a más mexicanos que ninguna otra causa y van a matar a 100 millones de personas –muchas de ellas mexicanas– en los siguientes 30 años.
El establecimiento de espacios 100 por ciento libres de humo es el futuro del tema. En breve, las políticas de áreas libres de humo de tabaco van a demostrar cuán positivas son, porque protegen a fumadores y no fumadores y porque también contribuyen a la cesación y a la reducción en el consumo de tabaco. Es decir, son medidas que benefician a todos, excepto a una industria que lucra con la enfermedad y con la muerte de millones de personas.
Pienso que sólo la ignorancia puede mover a algunas ilustres plumas a escribir en contra de valiosos instrumentos normativos que buscan promover y garantizar los derechos de quienes no fuman, a vivir en un ambiente libre de humo de tabaco, sin prohibir su consumo ni perseguir a quienes lo hagan. La otra causa para que escriban así puede ser un conflicto de intereses que, en algunos casos (escritores y restauranteros, por ejemplo), están claros, pero en otros, no tanto, y la tentación a pensar que lo hacen estimulados por la industria tabacalera está presente siempre. En ambos casos, sin embargo, sería muy poco honesto hacerlo.
*Secretario técnico del Consejo Nacional contra las Adicciones