En el Senado, el ombudsman nacional formula una severa crítica del proyecto
La reforma judicial, “atrocidad” que alienta el gatopardismo: Soberanes
De aprobarse, se convertirá en causa de numerosas violaciones a derechos humanos, advierte
El presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), José Luis Soberanes Fernández, advirtió ayer que la reforma en materia de justicia, próxima a aprobarse en la Cámara de Diputados, “es una atrocidad”, porque vulnera garantías fundamentales y lleva a la Constitución los arraigos y allanamientos, y además se rompe el principio de presunción de inocencia.
Una vez que concluya el proceso legislativo y entre en vigor, “vamos a tener una situación de enorme preocupación y de violaciones a derechos humanos”, advirtió durante una reunión con senadores.
Unos de los temas que “más nos han preocupado son los allanamientos, los cateos, el arraigo”, aseveró el ombudsman nacional ante legisladores de todas las fuerzas políticas. La reforma constitucional en la materia, insistió, “va a provocar violaciones a garantías fundamentales”.
Con esos cambios, subrayó, se rompe “lo más sagrado”: el principio de inviolabilidad del domicilio, porque ahora cualquier policía va a poder entrar a una vivienda sólo porque presuma que adentro hay una situación que pone en peligro la vida de los residentes. “Esto, perdónenme, es una atrocidad”, expresó.
Además, precisó, el arraigo de por sí es inconstitucional “y ahora, con la reforma, ya tendrá vida en la Carta Magna. Hay que ver cómo lo reglamentan, porque puede ser un arraigo de inocentes y, sin embargo, quedarán sometidos a pruebas iguales o peores que quienes están presos. Se rompe con el principio de presunción de inocencia. Tenemos que estar muy pendientes de la reglamentación que ustedes hagan: ¿va a ser una medida cautelar o se adelanta la prisión? Eso parecería”.
Convocado por la Comisión del Distrito Federal del Senado, para exponer la situación de los penales en la capital del país y para que hablara sobre los mecanismos nacionales del protocolo facultativo de la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, fue el senador perredista René Arce quien le solicitó que diera su opinión sobre la reforma constitucional en materia de justicia, que ahora se debate en la Cámara de Diputados.
La respuesta del titular de la CNDH provocó reacciones encontradas entre senadores de PAN y PRI. La presidenta de la Comisión del Distrito Federal, María de los Ángeles Moreno, le dijo a Soberanes Fernández que se ha dado una gran discusión entre intelectuales y abogados sobre la reforma en materia de justicia.
Y le confió: “No fue sencillo el análisis, la discusión y la aprobación de esta reforma. Todos pensamos que hay una cuestión todavía pendiente, trascendente, que es la justicia. Pareciera de pronto que esa reforma aprobada por el Senado estuviera pensada para los suizos y no para policías y agentes del Ministerio Público como los que tenemos en México, los cuales requieren capacitación permanente para evitar que se produzcan nuevas violaciones a los derechos humanos”.
La legisladora preguntó: “¿Qué hacer con la ley? Entiendo que la opinión de la CNDH es negativa, que hay una serie de cuestiones que quizás agraven la labor de ese órgano”.
Soberanes Fernández le respondió que ante el incremento de la delincuencia se aumentan las penas. “No se combate a la delincuencia, suben las penas. De cada cien delitos se sancionan tres. Vivimos un engaño del Estado hacia la sociedad. Dicen en el gobierno: ‘sí estamos preocupados’. Es gatopardismo. La delincuencia sube, la sanción no se aplica y vivimos en el engaño”.
Y abundó: “Se requiere una reforma penal de fondo: que vayan a la cárcel los que tengan que ir, no los campesinos a los que se les encuentra un rifle. Nos topamos con un narco que posee un arsenal y no va a prisión. No lo agarran. Resulta que sorprenden a un chino –Zhenli Ye Gon– con 205 millones de dólares en su casa y nadie se da cuenta. ¡Metió al país 20 toneladas de seudoefedrina!
“Ese señor saca 3 o 4 millones de dólares y nadie se da cuenta. Y si uno quiere abrir una cuenta en el banco hay trámites, investigación. Vivimos en el país del nunca jamás. Se requiere una reforma penal de fondo, no querer curar el cáncer con un mejoralito. A la cárcel van los pobres; los delincuentes de cuello blanco no, porque pueden pagar”.
El senador panista Ulises Ramírez Núñez reviró al ombudsman: “Hay riesgos con la reforma judicial, es cierto, pero hay que asumirlos. Si no lo hacemos el país se nos va de las manos”. Y señaló: “Yo participé en el análisis de esa reforma. El arraigo que se autoriza no tiene nada que ver con lo que se ha discutido. Se dice en la modificación constitucional que es una medida cautelar. Siempre deberá proceder un cateo y un allanamiento con una orden de un juez de control. No estamos pensando en abrir la puerta a la policía para cometer abusos”.
La senadora priísta Moreno intervino: “Eso no quiere decir que coincidamos con todas las legislaciones que se aprueban por mayoría, sobre todo en los artículos que tratan de garantías individuales. Hemos vivido reformas de corte penal y no hemos visto mejoría en lo que se quiere combatir”.
Respecto de las cárceles del Distrito Federal, Soberanes Fernández dijo que hay sobrepoblación y graves problemas de hacinamiento.
El Reclusorio Norte presenta 190 por ciento de sobrepoblación; el Oriente, 123 por ciento, y el Sur, 69.5 por ciento.
En los reclusorios Sur, Oriente y Norte se recibieron denuncias de golpes y maltrato, y “se observó a varios internos con huellas de lesiones. En cinco reclusorios de la ciudad de México se tuvo conocimiento de que a los presos considerados de alto riesgo se les mantiene encerrados las 24 horas del día”.