El gobierno de Jalisco pretende imponer una carretera a los indígenas

Convoca el CNI a reunión urgente en apoyo de la comunidad wixárika

Hermann Bellinghausen

En respaldo activo a la protesta de los wixaritari de Tuapurie, Jalisco, contra la carretera que quiere imponer el gobierno federal por medio del gobernador Emilio González Márquez, el Congreso Nacional Indígena (CNI) convocó a una reunión “urgente” de la región centro-Pacífico (columna vertebral del CNI a escala nacional) en dicha comunidad, también llamada Santa Catarina Cuexcomatitlán.

La breve convocatoria expresa: “La representación de la comunidad wixárika de Tuapurie, en lucha en contra del proyecto carretero que busca atravesar y destruir su territorio, nos ha solicitado informemos del modo más rápido y extenso posible a los pueblos, comunidades y organizaciones que participan en el CNI” sobre la determinación de la asamblea de comuneros, “en medio de la fuerte embestida gubernamental que se ha desatado en contra del pueblo huichol, para convocar a la 20 reunión ampliada del CNI, región centro-Pacífico, precisamente en Tuapurie, los próximos días 8 y 9 de marzo”.

Fuentes cercanas al CNI notificaron a La Jornada que, dada la urgencia del problema, estas fechas podrían adelantarse.

Por su parte, la Asociación Jalisciense de Apoyo a Grupos Indígenas (Ajagi), que trabaja con los huicholes desde hace décadas, reconoció la justeza de las demandas expresadas en el plantón indígena en Ciénaga de los Caballos (o El Reventón, en referencia al reventador clima gélido del paraje serrano) y el carácter urgente de la convocatoria del CNI. Esto, luego de ocho días en plantón, “e indignados al ver el fuerte perjuicio ambiental que dejaban las máquinas de las empresas constructoras y la imposición que pretendían sobre su territorio”.

El organismo detalla que, “sin permiso de la asamblea, máxima autoridad de la comunidad, se estaba destruyendo parte del territorio en un derecho de vía calculado en 80 hectáreas de terreno” sin expropiación previa ni aviso. Hasta que la semana pasada, la asamblea ordinaria decidió detener las obras, con la presencia de 600 comuneros que a unos días sumaban mil.

La presunta base jurídica para las acciones de la Secretaría de Desarrollo Urbano del estado era un acta falsificada de una asamblea que nunca se realizó. El documento apócrifo presenta como “único punto” la “aprobación” del proyecto carretero, con “anuencia de 100 por ciento” de los “ejidatarios presentes”. La maniobra “olvidó” que Santa Catarina Cuexcomatitlán es comunidad indígena, no hay ejidatarios.

Ajagi señala que esa “falsificación” mal hecha revelaba tanto el desconocimiento de las dinámicas comunales como la decisión oficial de imponer el proyecto. Ante la “inadmisible falta de respeto”, la comunidad determinó “atacar el procedimiento ambiental y, mediante un amparo agrario, rechazar la carretera, exigiendo que se saquen las máquinas y de inmediato se haga lo necesario para mitigar los daños ambientales: desecamiento de ojos de agua, derribe indiscriminado de pinos, fuerte erosión que azolvó arroyos y manantiales, además de sepultar bajo toneladas de tierra el camino sagrado a Wirikuta” (territorio sagrado huichol en el desierto de San Luis Potosí) .

La carretera, concluye Ajagi, “sería un elemento integrador y facilitador” para los planes turísticos y el saqueo. “Consciente de que es parte de un embate más amplio contra el territorio wixárika y los recursos naturales de los pueblos originarios, la comunidad exige que se reparen los daños ambientales y se detenga el intento de imposición de megaproyectos, respetando la decisiones colectivas de las asambleas comunitarias”.