Impulsa figuras violatorias de derechos humanos
La reforma judicial legalizará atropellos: ONG a la CIDH
Envían al organismo información urgente sobre el tema
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Protesta de organizaciones civiles frente a la Cámara de Diputados en rechazo a la reforma judicial, el pasado 19 de febrero
Foto: Jesús Villaseca
Ante la inminente aprobación de la reforma judicial, en la que “prevalecen elementos contrarios a las garantías de debido proceso y al respeto pleno de los derechos humanos”, diversas organizaciones civiles (ONG) enviaron información con “carácter de urgente” a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y a los relatores del Sistema de Naciones Unidas en la que manifiestan su preocupación ante las modificaciones que prevén elevar a nivel constitucional figuras “violatorias de las garantías fundamentales”, como el arraigo y los allanamientos sin orden judicial, entre otras.
La Red Todos los Derechos para Todos –que aglutina a más de 50 ONG–, el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez y la Asociación de Abogadas y Abogados para la Justicia y los Derechos Humanos hicieron además un llamado a los legisladores a no limitar las garantías procesales propias de un Estado democrático, con la aprobación de las reformas.
“Nuestra preocupación por los aspectos de la reforma que ponen en riesgo la vigencia de los derechos humanos nos llevó a acudir –en octubre de 2007– a la CIDH para informar al respecto. En vista de que el proceso ha continuado y existe el grave riesgo de que sea concluido sin que se eliminen los puntos de la reforma que limitan las garantías procesales, el miércoles 20 de febrero hemos enviado información actualizada a ese órgano internacional, con carácter de urgente, así como a los relatores de la ONU con competencia para conocer del tema”, señalaron.
En el documento de exposición ante las instancias internacionales, las ONG destacan que la reforma permitiría a la policía realizar allanamientos sin orden judicial de por medio. “Los defensores de esta modificación tienden a olvidar la tradición de abusos característica de las policías mexicanas. Un legislador ha recordado al respecto que ‘la segunda y tercera causas de las quejas por transgresión de derechos humanos’ emanan de allanamientos y cateos, y en particular de visitas domiciliarias ilegales”.
Otra vulneración es que se elevaría a la Constitución la figura del arraigo en casos de delincuencia organizada: “esta práctica, tal como funciona en la realidad mexicana, ha sido considerada como violatoria de los derechos humanos, pues funciona como prisión preventiva, carente de control judicial efectivo”.
En su exposición destacan que la reforma permitiría la existencia de “delitos inexcarcelables”, ya que en el artículo 19 de la Carta Magna se incorporaría una serie de pautas para decidir sobre la prisión preventiva, entre los que se incluye que ésta vaya siempre aparejada al procesamiento por ciertos delitos, enumerados en la propia Constitución. “Esta norma atenta contra el principio de presunción de inocencia, pues de acuerdo con éste, la prisión preventiva debe ser siempre excepcional y revisable”.
Asimismo, refieren que las modificaciones crean un subsistema de excepción para los acusados de delincuencia organizada. Con ello existiría “un régimen excepcional para procesar a personas acusadas de pertenecer al crimen organizado, régimen que se aplicaría desde la investigación de los hechos, lo que no sólo atenta contra las garantías del debido proceso, sino contra el principio de igualdad, reconocido en el artículo primero de la Constitución”.