Concesionan tramo carretero a empresa española vinculada con los Mouriño

Avanza la inversión privada en Chiapas en detrimento de pobladores

Lanza el gobierno federal agresivo proceso de expropiación de terrenos en la Lacandonia

Planean autopista y desarrollo turístico en cascadas de Agua Azul, en Tumbalá y Chilón

Hermann Bellinghausen (Enviado)

San Cristóbal de las Casas, Chis. 23 de febrero. Más allá de las bonanzas y la paz declarativa del gobierno estatal, Chiapas parece más bien un campo minado, donde los conflictos de orden político cada día se relacionan más claramente con el avance de la inversión privada, la “transformación del paisaje” de manera radical (de Ostuacán a Palenque) en detrimento de la población indígena y campesina, la expropiación de tierras ejidales y comunales, la fiebre carretera (gasolinerías incluidas).

Esto, en un territorio militarizado a gran escala, donde operan extraoficialmente grupos armados progubernamentales (que muchos llaman paramilitares) y las autoridades agrarias atizan conflictos –con frecuencia artificiales– entre comunidades. Los programas gubernamentales fluyen masivamente, en lo que parece una carrera contra reloj de corte estadístico llamada “índices de desarrollo humano”, además de ser instrumento para ganar o mantener lealtades. Habrá quien diga que cuál es la novedad en eso.

Hay alarma en decenas de comunidades y ejidos de la selva Lacandona dentro o cerca de Montes Azules. El gobierno federal ha iniciado un agresivo proceso de expropiación de tierras ejidales, terrenos nacionales y áreas significativas de la comunidad lacandona, en favor de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), y llevando a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) como ariete.

Ecoturismo sí, indígenas no

El anuncio de una inminente autopista San Cristóbal de la Casas–Palenque, a través del territorio tradicional de los tzeltales, con especial interés en el complejo fluvial de las cascadas de Agua Azul, en Tumbalá y Chilón, implica la “detonación” de un desarrollo turístico cuyo otro polo sería la ambicionada selva Lacandona. Mediante campañas publicitarias, programas televisivos locales, discursos y notas periodísticas, se promueve la idea de que el ecoturismo es la “mejor” manera de proteger el medio ambiente, y por inferencia (o explícitamente) los indígenas estorban, o representan una “amenaza ambiental”, y se presume que les irá mejor de lancheros o cuidacoches.

Además, el tramo carretero habrá de enlazarse con la autopista que viene de Arriaga, en la costa, a la capital del estado y de ahí a los Altos; recientemente fue concesionada a la fantasmal empresa con capital español Consorcio México-España, vinculada a la familia del secretario de Gobernación, Juan Camilo Mouriño, y su red de gasolineras Grupo Energético del Sureste.

Si bien no existe registro público ni en la Secretaría de Comunicaciones y Transporte ni en Caminos y Puentes Federales de Ingreso (Capufe), ese consorcio ya administra al menos dos tramos de la autopista desde noviembre pasado, lo cual significó el súbito aumento del peaje, la desaparición de grúas y servicios de protección vial, la suspensión del mantenimiento y hasta el incumplimiento de indemnizaciones a las comunidades afectadas, según ha documentado la reportera Ángeles Mariscal, así como el sitio web de información periodística Tinta Fresca, de Tuxlta Gutiérrez.

Zapatistas, un obstáculo

El avance de las empresas de la familia Mouriño ya impacta en lugares tan improbables como Oxchuc, donde los caciques priístas locales gestionaron durante mucho tiempo la concesión de una gasolinera allí, en el camino a Ocosingo. Finalmente se expidió el permiso, pero no a ellos sino a la empresa hispanomexicana, que por lo visto administrará también las estaciones de gasolina que se instalen en la futura autopista San Cristóbal-Agua Azul-Palenque, así como en el trayecto Comitán-Montebello-Palenque. O sea, toda la selva Lacandona.

Hoteles, restaurantes, comercios y servicios de capital privado vendrán por añadidura. En ese contexto, las comunidades en general, y las zapatistas en particular, tanto en Agua Azul como en Montes Azules, representan un obstáculo.

Focos rojos de otro tipo aparecen en Zinacantán, donde crecen las amenazas de desalojo y expulsión de bases zapatistas, y en Chenalhó, donde una nueva beligerancia de “cardenistas” (priístas) amenaza con desestabilizar Polhó, Majomut y Acteal, y revive el fantasma, nunca ido, de los paramilitares: invasión de predios, disparos nocturnos al aire, amagos de agresión contra indígenas en resistencia. Y una fuerte inversión “social”, cosmética pero invasiva.