Organizaciones indígenas temen represalias oficiales por su reclamo de justicia

Manto de silencio al cumplirse un año de la muerte de Ernestina Ascensión

Los cinco hijos de la víctima han recibido casas, becas, despensas y otras “ayudas”

Andrés Timoteo Morales (Corresponsal)

Soledad Atzompa, Ver., 23 de febrero. A un año de la muerte de la indígena Ernestina Ascensión Rosario ya no hay vigilancia policiaca, pero se recuerda cuando efectivos del Instituto de la Policía Auxiliar fueron enviados para impedir que reporteros y activistas se acercaran a la familia de la indígena, sin embargo, las viviendas de Marta, Carmen, Juana, Francisco y Julio siguen cerradas para la gente extraña a Tetlatzinga. Nadie abre la puerta si toca un desconocido y sus moradores guardan silencio.

Sus cinco hijos siguen bajo un voto de silencio, presumiblemente impuesto desde el gobierno estatal, para no tocar el caso, que fue cerrado en mayo de 2007 por la Procuraduría General de Justicia del Estado. Los vecinos de la familia Inés Ascensión también se muestran parcos y evaden las preguntas.

En Tetlatzinga, que en náhuatl significa lugar pedregoso, la calma está regresando, aseguran. “Ya no hay tantos extraños ni policías, ni periodistas, ni gente del gobierno dando vueltas”, señalan.

Lo que sí ha cambiado ahí es la forma de vida de los hijos de la anciana nahua fallecida en febrero de 2007, pues ya rara vez se les ve pastoreando ovejas o trabajando la madera.

Francisco, el mayor, ahora pasa el tiempo embriagándose, es asiduo cliente de las cantinas, donde presume de tener dinero, relatan los lugareños y, en menor grado, Julio, el menor, imita a su hermano.

Los dos varones, como la mayoría de los habitantes de Tetlatzinga, se dedicaban a elaborar muebles con madera de pino que extraen de los bosques. Por cada mueble terminado tenían asegurada una ganancia de entre 200 y 300 pesos, y a veces elaboraban hasta dos muebles diarios.

A diferencia de antes, cuando ocupaban hasta 10 horas cortando, ensamblando y lijando madera, hoy rara vez se les ve con sus herramientas de carpintería.

La Secretaría de Desarrollo Regional y Medio Ambiente del gobierno del estado, con apoyo del programa Piso Fiel, construyó para los hijos de Ernestina viviendas con muros de tabique. Las viejas chozas, entre ellas la de Francisco, donde vivió sus últimos días con su madre anciana, ahora lucen algunos muros de color rojo, cromo oficial del gobierno de Fidel Herrera Beltrán.

Frente a la casa de Francisco se construye una vivienda de dos plantas, pero nadie sabe dar razón de a quién pertenece. Los vecinos, comentan que “es la nueva casa de los hijos de doña Ernestina, como ahora ya tienen dinero”.

En el pueblo también murmuran que a los hermanos Inés Ascensión se les asignaron becas del programa Oportunidades, dotación semanal de despensas del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia y otras “ayudas” por quedarse callados ante el crimen de su progenitora.

Ninguno responde a los llamados a su puerta. Las últimas entrevistas que dieron fueron en abril de 2007, cuando los llevaron a un “viaje” a la ciudad de México para visitar la basílica de Guadalupe, acompañados por René Huerta, entonces dirigente de la Coordinadora Regional de Organizaciones Indígenas de la Sierra de Zongolica (CROISZ). “Ya lo que pasó, pasó; lo único a que venimos es a pedir la bendición de Dios”, comentaron.

Vendieron a la difunta: CROISZ

Para Julio Atenco Vidal, ex funcionario del ayuntamiento de Soledad Atzompa y representante de la CROISZ, las autoridades federales y estatales se aprovecharon de la marginación de los hijos de doña Ernestina y compraron su silencio para sepultar las investigaciones del crimen que apuntaban hacia el Ejército.

Afirma que el gobernador Fidel Herrera prácticamente traicionó su palabra empeñada para que se hiciera justicia en la muerte de la mujer de 73 años.

Atenco Vidal, quien fue asesor del ayuntamiento, califica de absurda la recomendación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) donde pide a las autoridades estatales investigar al ex alcalde Javier Pérez Pascuala y a varios colaboradores por “politizar los hechos”.

“Nunca se politizó ni se obstruyeron las investigaciones, al contrario, exigimos que se investigara, que se esclareciera el caso y se castigara a los culpables, pero es evidente que la CNDH invadió funciones del Ministerio Público y, además, se convirtió en defensora de los militares, lo que ahora esperamos es una persecución tanto estatal como federal hacia quienes en su momento exigimos castigo para los responsables del crimen”, añadió.

El comité interdisciplinario de la CROISZ, integrado para exigir justicia en el caso de doña Ernestina Ascensión Rosario, en el cual participan organizaciones civiles de todo el país, presentará en las próximas semanas una denuncia formal ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

En agosto de 2007, el Observatorio Veracruzano de Derechos Humanos solicitó a la CIDH que pidiera medidas precautorias al gobierno de Veracruz para preservar las pruebas de necropsia y laboratorio que se practicaron al cadáver de Ascensión Rosario, para impedir que fueran “desaparecidas”.