Tras un foro deciden estudiar posible marcha al DF
Indígenas exigen al gobierno cancelar expropiaciones en la Lacandonia
Betania, Ocosingo, Chis., 25 de febrero. Habitantes de más de cien ejidos y comunidades de Las Cañadas de la selva Lacandona exigieron la cancelación de los decretos expropiatorios, así como de las acciones de desalojo o reubicación en la zona.
Al finalizar el Encuentro de Organizaciones y Comunidades Indígenas y Campesinas en Defensa del Territorio y los Recursos Naturales de la Selva, celebrado en esta localidad, los más de 900 asistentes acordaron llevar a cabo acciones para evitar el “despojo” de sus tierras.
En las conclusiones que esta noche todavía eran votadas, los participantes convinieron en que a partir del próximo 8 de marzo se colocarán en distintas comunidades letreros con la leyenda: “Cancelación de todos los decretos expropiatorios y acciones de desalojo de nuestros territorios”.
Acordaron discutir posteriormente la propuesta surgida durante el encuentro, de emprender una marcha-plantón a Tuxtla Gutiérrez –la capital de Chiapas– o al Distrito Federal, para exigir que “cese el despojo de tierras” en la selva Lacandona.
“No queremos que nos desalojen de nuestras tierras, y aunque nos maten o nos encarcelen las vamos a defender”, dijo en su exposición uno de los participantes en los trabajos que comenzaron este domingo en este ejido, ubicado en el Valle de San Quintín.
Uno de los puntos más comentados en el encuentro, que reunió a 706 varones y 191 mujeres de más de 100 comunidades, ejidos y organizaciones, fue el relativo al decreto por el cual el gobierno federal “despojó” de 14 mil hectáreas en varios polígonos, hace casi un año, a pobladores ubicados en o cerca de la Reserva de Montes Azules.
Analizaron el convenio por el cual el gobierno federal tituló –o está por hacerlo– 22 mil hectáreas de terrenos nacionales en favor de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), según un comunicado emitido en agosto pasado.
Ambas acciones, se dijo en el encuentro, afectarán a por los menos 28 poblados, 20 de los cuales son ejidos legalmente constituidos.
“Queremos que el gobierno sepa que la tierra no se vende”, se asentó en las conclusiones. “Queremos luchar juntos con la palabra de Dios” para que sean respetados “nuestros territorios”, convinieron.
Manifestaron su deseo de que se junten las organizaciones independientes “para luchar en un solo corazón, no con engaños en las comunidades”, al tiempo que demandaron respeto a sus territorios, usos y costumbres y a la biodiversidad de la zona.
Eufemia Landa, presidenta del comisariado ejidal de Santa Rita la Frontera, municipio de Marqués de Comillas, afirmó que “el gobierno nos quiere desalojar y arrinconarnos dizque para proteger a animales; para las autoridades y para los ricos valen más los animales que los seres humanos”.
Agregó: “Y no está mal que sembremos árboles y cuidemos los animales, lo que no se vale es que a los habitantes de las comunidades nos quieran desalojar por la fuerza u ofreciéndonos dinero para que quedemos rodando en cualquier parte”.
Los asistentes plantearon la necesidad de evitar los incendios forestales y el uso de químicos para la producción de sus alimentos, así como impulsar la cosecha de productos orgánicos.
La noche de este lunes continuaban los trabajos de la mesa plenaria para tomar otros acuerdos.