Comisionados del instituto plantean iniciativa sin tener facultades para ello: investigadores
“Retroceso en materia de transparencia”, los cambios a la ley propuestos por el IFAI
Del uno al 10, ese organismo sólo cumple con tres de sus obligaciones, aseguran
La propuesta que el Instituto Federal de Acceso a la Información (IFAI) presentó a la Cámara de Diputados para la reforma a la ley respectiva representa un “franco retroceso” en materia de transparencia y rendición de cuentas del gobierno federal, advirtieron por separado los investigadores de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) Perla Gómez y John Ackerman.
Durante su participación en el seminario Transparencia: ¿qué reforma?, en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, ambos cuestionaron el papel de los comisionados del IFAI que, sin tener facultades, presentaron a la Cámara de Diputados “no un documento de trabajo, sino una iniciativa”.
Lo más preocupante, dijo Ackerman, especialista en políticas públicas, transparencia y rendición de cuentas, es que aún no hay una iniciativa formal y la fecha límite para llevar a cabo la reforma a la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LFTAIP) es el 20 de julio próximo.
Incluso alertó que con los propósitos reformadores “puede abrirse la caja de Pandora” y “fuerzas opacas pueden meter la mano” a esa ley, más cuando gran parte del contenido del documento ofrece “una llave peligrosa para minar el derecho a la información”.
El especialista ilustró: en el nuevo artículo 51 se juzga “la intencionalidad” de la petición de información por parte de los comités respectivos de las más de 240 entidades gubernamentales, pues éstos podrán “juzgar si es racional o frívola la petición”, y si deciden lo segundo se negará.
O bien, en el nuevo artículo 163 se sugiere que el IFAI busque “una conciliación” entre quien exige la información y la dependencia (sujeto obligado). De aceptarse, se estaría validando “un procedimiento oscuro que da la espalda a la ciudadanía”. Un ejemplo de ello, dijo, es la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, que resuelve “90 por ciento de las quejas por medio de la amigable conciliación y de espaldas al quejoso”.
Gómez coincidió en afirmar que la propuesta del IFAI podría eliminar “muchas de las grandes propuestas ganadas por el grupo Oaxaca –ciudadanos, académicos, intelectuales, periodistas y otros que hicieron posible la hechura y aprobación de la LFTAIP–, o que situaciones de avanzada no sean reconocidas”.
Advirtió: “si la nueva ley se aprueba como propone el IFAI, sería un retroceso franco en materia de transparencia y acceso a la información, y eso consta de manera documentada”.
De entrada, dijo, hay que ver “cómo será la defensa de los contenidos de esa propuesta, sobre todo en el transitorio –bastante desafortunado– y qué tiene que decir al respecto el presidente comisionado, Alonso Lujambio, sobre lo que establece la ley en cuanto a que se ampliará su permanencia en ese cargo a cuatro años más.
“Lujambio –agregó– está por concluir su cargo en el IFAI, y resulta que en el transitorio se propone, de facto, una relección inmediata, sin hacer una revisión de su gestión que, por cierto, ha sido bastante controvertida desde que llegó a esa institución.”
Esos cambios, dijo la integrante de la asociación Libertad de Información-México, se dan cuando “del uno al 10 el IFAI sólo cumple tres de sus obligaciones; actualmente ya no suple la deficiencia de la queja (de resolver en favor del ciudadano cuando éste adolezca de argumentos por desconocimiento en aspectos técnicos, jurídicos y otros); no revisa ante la autoridad (los documentos oficiales) ni hace uso de sus facultades de investigación, además de que en 50 por ciento de los recursos que le llegan por positiva ficta (cuando se omite la entrega de respuesta, cualquiera que sea: negativa, reserva, etcétera), sobresee el procedimiento”.
Es decir, no denuncia al órgano interno de control a la dependencia que omitió entregar la información, para que se le sancione. Esas omisiones y otras, en especial la incompatibilidad o conflicto de interés en los que ha incurrido Lujambio, destacó, no las subsana la propuesta del IFAI.